Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 20 de enero de 2022
P. Rico-Gobernador presenta nuevo paquete de medidas de administración, que incluye enmiendas a la Reforma Laboral y medidas contra la corrupción y el fraude
San Juan, 20 ene (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi presentó ayer a la Asamblea Legislativa un nuevo paquete de medidas de administración enfocado en diversas áreas del desarrollo social, económico y cultural de Puerto Rico.
Las legislaciones propuestas se unen a las 59 medidas de administración que el gobernador ya ha presentado al cuerpo legislativo.
“El trabajo que tenemos para impulsar lo mejor de nuestra Isla continuará en este año 2022 y este nuevo paquete de medidas abonará a la labor que estamos encaminando con ese objetivo. Exhorto a los líderes legislativos a que den paso a estas medidas para que sean evaluadas justamente. De paso, que atiendan con premura medidas de envergadura como la que crearía la nueva Ley para la Prevención del Maltrato y la Preservación de la Unidad Familiar (Family First), necesaria para que el Departamento de la Familia no pierda millones en fondos federales para salvaguardar el bienestar de nuestra niñez, entre tantas otras que quedaron pendientes en la pasada Sesión Legislativa”, sostuvo el gobernador.
Por una parte, el primer ejecutivo presentó la medida de administración 60, la cual busca enmendar la Reforma Laboral para establecer un periodo probatorio uniforme de seis meses para empleados exentos y no exentos, uniformar en 700 horas trabajadas el requisito aplicable a los empleados de la empresa privada a fin de tener derecho al pago del bono de Navidad, así como fijar nuevamente en 115 horas de trabajo mensual el requisito para poder acumular licencia por vacaciones y que dicha acumulación sea a razón de 1.25 días por cada mes trabajado.
En temas de seguros, la medida de administración 68 de Pierluisi busca enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico para hacer cambios a las disposiciones sobre los reaseguros para todas las compañías aseguradoras en Puerto Rico, según los criterios que promulgó la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, siglas en inglés) en su Ley de Modelo de Crédito por Reaseguro.
Además, la medida de administración 67 enmendaría el Código de Seguros de Puerto Rico para crear un Capítulo 32 sobre Gobernanza Corporativa.
El propósito del nuevo capítulo es establecer los requisitos sobre el informe de Divulgación Anual de la Gobernanza Corporativa de los aseguradores y organizaciones domésticas de servicios de salud y que eso también “propenda en su funcionamiento eficaz y en un mercado confiable para las operaciones de negocios de seguros en la Isla, en protección de los consumidores de seguros y del interés público”, explicó el gobernador.
Otra de las propuestas del Ejecutivo es la aedida de Administración 61, la cual busca atemperar la Ley Orgánica de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y la Ley de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito para aclarar que la Comisión de Desarrollo Cooperativo (Cdcoop) será el ente regulador y fiscalizador de las cooperativas de tipo diverso.
El gobernador puntualizó sobre la medida que “esto también asegurará el cumplimiento con el Plan Fiscal para la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Cossec), según requerido por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF)”.
La medida dejaría a la Cossec con jurisdicción sobre las cooperativas de ahorro y crédito; mientras, las de tipo diverso quedarían en la jurisdicción de la Cdcoop.
Mientras, como herramienta para luchar contra la corrupción gubernamental, la medida de administración 64 propone establecer una prohibición general, aplicable a todo el gobierno de Puerto Rico, que impida a todas las agencias gubernamentales, agencias instrumentales y corporaciones públicas la contratación de servicios profesionales por la cantidad de 250,000 dólares o más, durante un año fiscal, sin realizar un proceso abierto, competitivo y público para dicha contratación.
La medida también establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) reglamentará el proceso.
Otra de las propuestas que forman parte del paquete legislativo de la administración Pierluisi es la medida de administración 65, la cual enmendaría la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, con el propósito de proponer penalidades para personas que hayan cometido fraude contra el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos al cobrar ilegalmente el seguro por desempleo o la Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, siglas en inglés).
El proyecto también permite la incautación del reintegro por parte del Departamento de Hacienda, de haber alguno.
En tanto, como parte de su compromiso programático y a petición de varias juntas examinadoras, el gobernador sometió la medida de administración 71, mediante el cual se establecería un proceso más efectivo para que las personas que tengan antecedentes penales puedan solicitar a las distintas profesiones en Puerto Rico, sin que los antecedentes resulten en una denegatoria automática, sino que se evalúen las solicitudes caso a caso.
“Esta política pública busca continuar favoreciendo la rehabilitación y la reinserción de la población correccional a la sociedad, permitiéndoles contar con una fuente de ingresos que les permita llevar una vida digna e independiente, tal cual hemos establecido en las metas de nuestro plan programático”, subrayó el gobernador.
Mientras, por medio de la medida de administración 62 se facultaría a la Junta de Directores de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) para aumentar las primas a toda persona convicta por guiar en estado de embriaguez o bajo otras sustancias controladas.
El estatuto también crearía esta pena especial en la Ley 22 de 2000.
La prima se aumentaría exclusivamente por un lapso de cinco años, desde el momento en que la persona quede facultada a continuar conduciendo luego de la sentencia.
Como parte de las flexibilizaciones para agilizar la expedición de certificaciones de motociclistas, la medida de administración 72 de Pierluisi crearía un programa especial auspiciado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, a fin de liberar sobre 180,000 multas pendientes de pago, específicamente en el área de motoras.
Quienes se beneficien del programa de descuento en el pago de multas deberán estar en proceso de obtener una certificación de motoras M1 o M2.
El programa especial también permitiría regularizar miles de motoristas; además de crear campañas de orientación y promoción para incentivar el cumplimiento con las leyes de tránsito.
Por otra parte, la medida de administración 66 busca presentar nuevas disposiciones sobre la gobernanza de la junta de gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por medio de una enmienda a su ley orgánica: se aclararían los nombramientos del gobernador, se dispondría sobre las facultades de la Junta de gobierno, se establecerían procesos de fiscalización en el Departamento de Asuntos del Consumidor -que actualmente están en el Ombudsman- y se modernizaría el estatuto.
Sobre propuestas dirigidas a la Comisión de Juegos, el primer ejecutivo presentó la medida de administración 69, mediante la cual se llevarían a cabo enmiendas técnicas a la ley orgánica de la Comisión para permitirle tener tesoro propio; mejorar su capacidad de poder pagar a los casinos y entidades fiscalizadas, así como mejorar la gobernanza institucional de la corporación pública.
Asimismo, la medida de administración 70, dirigida a fiscalizar y luchar contra el crimen organizado, facultaría específicamente a los inspectores de la Comisión de Juegos a actuar como agentes del orden público para facilitar su trabajo, evitar el lavado de dinero y el fraude y permitir que los casos radicados prosperen en los tribunales.
Sumado a estas medidas y en aras de preservar espacios imperativos de la cultura puertorriqueña, la medida de administración 63 se presenta como un nuevo estatuto que propone un fideicomiso privado y un trato contributivo especial sobre donativos para administrar los activos públicos del Museo Pablo Casals -similar al Museo de Puerto Rico- y así preservar su legado artístico y musical.INS
P. Rico-Jueza Taylor Swain, tras aprobación del plan de ajuste de la deuda: “El camino hasta este punto no ha sido fácil y ha sido particularmente difícil para el pueblo de Puerto Rico”
San Juan, 20 ene (INS).- La jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, se expresó en torno a la aprobación el martes del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico.
Taylor Swain, previo a una audiencia ómnibus en la que evaluó reclamos de ciudadanos y exfuncionarios sometidos contra el gobierno de Puerto Rico por el plan de ajuste de la deuda, dijo que “el camino hasta este punto no ha sido fácil y ha sido particularmente difícil para el pueblo de Puerto Rico, quien ha perseverado a años de desastres naturales y económicos”.
“La esperanza y expectativa de esta corte es que la confirmación del plan marque el principio del capítulo más brillante de Puerto Rico, que se tomen las medidas apropiadas por la Junta en el tiempo que permanezca”, expuso.
También se mostró esperanzada en que “el gobierno local pueda salvaguardar y preservar el futuro financiero de la Isla”.
Como parte del plan de ajuste de la deuda aprobado por la jueza, un documento de más de 400 páginas, se mantuvieron las pensiones del sector público.
Además, fue aprobado el plan de ajuste de la deuda para el gobierno central, la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y el Sistema de Retiro de los empleados públicos.
Tras la decisión de la jueza, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emitió una declaración en la que expresa que el plan de ajuste reduce la deuda en un 80% y ahorra a Puerto Rico más de 50,000 millones en pagos del servicio de la deuda”.
El pasado 23 de noviembre, Taylor Swain había puesto fin al proceso de vistas de argumentación sobre el plan de ajuste de la deuda.
Se trató de la fase concluyente de un proceso que buscaba la reestructuración de 33 mil millones de dólares de deuda constitucional.
El proceso concluye a más de cuatro años de que la JSF comenzará con el proceso de reestructuración de deuda.
Taylor Swain confirmó el plan de ajuste de la deuda tras un acuerdo entre la JSF y la Legislatura, que debía cumplir con la Ley Promesa, lo que permitía, de paso, reducir la deuda constitucional a siete mil millones.
Organizaciones políticas y sociales, como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, el Frente en Defensa de las Pensiones y el Partido Independentista Puertorriqueño, entre otras, han reclamado en reiteradas ocasiones que la deuda es ilegal y, por tanto, no se debe pagar.
Además, han alertado que con la medida Puerto Rico podría volver a la quiebra tan pronto como en diez años.INS
P. Rico-Debido a casos de Covid-19, el DCR decreta “lockdown” en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón
San Juan, 20 ene (INS).- La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, ordenó un “lockdown” en la Complejo Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, luego de que se registraran 13 casos positivos de Covid-19 entre confinadas, mientras que otras 40 permanecen en cuarentena.
Escobar Pabón informó también que a esta fecha diez oficiales de custodia y dos empleados civiles dieron positivo al virus y 19 están en cuarentena.
“Es importante que se entienda que esta directriz implica que se suspenden las visitas familiares a nuevo aviso. Siempre que he decretado un cierre por brotes de Covid-19 me aseguro de que los familiares de las confinadas sepan que están bien atendidas por el equipo médico del DCR y que ninguna ha requerido hospitalización”, declaró la funcionaria.
Escobar Pabón aseguró que al igual que las ocasiones anteriores la agencia activó el protocolo vigente.INS
P. Rico-Senador Bernabe: “La deuda no puede estar por encima de las personas que trabajan y que no pueden aguantar otro aumento en la factura de luz”
San Juan, 20 ene (INS).- El senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, sentenció que “la deuda no puede estar por encima de las personas que trabajan y que no pueden aguantar otro aumento en la factura de luz”.
El legislador criticó la “falta de cohesión entre la política pública establecida por ley, la rama legislativa y la rama ejecutiva”.
Para el político, “el acceso a un sistema de energía confiable y estable es hoy día considerado como un derecho humano fundamental. Luego del paso de los huracanes Irma y María, los eventos sísmicos y la pandemia entendemos que mucho más que un lujo el servicio eléctrico es una herramienta esencial para preservar la vida. Sin embargo, el Negociado de Energía aprobó recientemente un devastador aumento de 16.8% en la factura de luz que afectará a consumidores, industrias y al gobierno”.
Abundó que el aumento “es la respuesta al acuerdo de reestructuración (Restructuring Support Agreement o RSA) con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica por la deuda de nueve billones de dólares”.
“La deuda no puede estar por encima de las personas que trabajan y que no pueden aguantar otro aumento en la factura de luz. No puede ser que las únicas soluciones que está dispuesta a implementar este gobierno son aumentos, recortes y privatización. Son las mismas fórmulas fallidas del pasado”, añadió.
El pasado cuatrienio se aprobó la ley 7 del 2019 que establece la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.
La medida ordena que la política pública energética vigente es crear un sistema energético resiliente, confiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todas las clases de consumidores.
“Este aumento desmedido está en contradicción con la política público de nuestro país”, expresó Bernabe, quien dijo que “para remediar esta situación se radicó y aprobó la resolución del Senado 270 que celebrará vistas públicas hoy”.
La resolución de Senado 270 busca identificar mecanismos para el repago de la deuda de la AEE que no causen aumentos tarifarios, reduzcan el costo de la energía y transformen el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia, energía renovable y resiliencia energética.INS
EEUU-Asignan 163 millones de dólares en fondos federales para la restauración del caño Martín Peña
Washington, 20 ene (INS).- El senador Chuck Schumer (D-NY), y la representante Nydia Velázquez (D-NY) anunciaron que el gobierno federal otorgará 163 millones de dólares para ayudar a restaurar el caño Martín Peña.
Esta es la primera vez que el gobierno federal asigna fondos federales para comenzar los esfuerzos de restauración, luego de años de inacción por parte del gobierno de Trump, resaltó Schumer.
El anuncio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Usace) viene después de una solicitud a la agencia realizada por Schumer y Velázquez la semana pasada, instando a la selección del Proyecto de Restauración del Ecosistema Caño Martín Peña como uno de los proyectos para recibir financiamiento luego de la promulgación de la Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura.
“Durante años, el gobierno de Trump ignoró cruelmente nuestros llamados para financiar la construcción en el caño, a pesar de las súplicas constantes de nuestros conciudadanos en Puerto Rico que nos pedían restaurar el área. Después de luchar para asegurar un mecanismo de financiamiento en la ley de infraestructura, la representante Velázquez y yo trabajamos con el gobierno de Biden para priorizar la selección de este proyecto tan necesario”, añadió el senador.
A su vez, la representante Velázquez exclamó: “¡Por fin ha llegado el día que este proyecto arranca! Estoy súper esperanzada de lo que esta noticia significa para las comunidades del caño. La Ley de Infraestructura es una oportunidad idónea para hacerle justicia a las inequidades sociales y ambientales que han sufrido durante décadas todos aquellos que viven a lo largo del caño”.
Lucy Cruz, presidenta del G-8, la organización de líderes comunitarios que representan a las ocho comunidades que bordean el caño Martín Peña, dijo que “esto es un triunfo para el trabajo comunitario. No ha sido fácil, pero perseveramos. Buscamos trabajar con todos los sectores para rescatar una comunidad e integrar su riqueza y diversidad a la ciudad”.
Mientras Mario Núñez Mercado, director ejecutivo de la Corporación del Proyecto Enlace del caño Martín Peña, resaltó que “hay un gran valor en este proyecto. Sirve de ejemplo para mostrar las fortalezas de las comunidades, la capacidad del gobierno de trabajar con modelos distintos para enfrentar grandes retos e integrar de manera clave al sector privado”.
La migración urbana en la década de 1950 llevó a los trabajadores empobrecidos a establecer comunidades informales a lo largo de los manglares del canal Martín Peña, donde ellos y aproximadamente otros 26 mil residentes todavía viven hoy.
El canal antes navegable de 200 a 400 pies de ancho que conecta la bahía de San Juan con la laguna San José está severamente contaminado por años de escombros acumulados, desarrollo residencial y comercial mal administrado y descarga continua de desechos humanos directamente al agua.
Los sedimentos y escombros que llenan el canal también afectan el sistema de manejo de aguas pluviales del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y provocan inundaciones a lo largo del canal.
El proyecto limpiará los escombros y despejará el canal a 10 pies de profundidad y 100 pies de ancho, estabilizando las orillas del canal y ayudando a aliviar los riesgos continuos para la salud pública y los problemas ambientales.
El costo total se estima en unos 250 millones, que serán financiados por la contribución del gobierno federal por 163 millones, y 88 millones en fondos adicionales proporcionados por el patrocinador no federal Enlace.
Schumer y Velázquez ayudaron a obtener 11 mil 600 millones de dólares en fondos de construcción para Usace en la Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura, incluyendo mil 900 millones de dólares para la Restauración del Ecosistema Acuático, para el cual es elegible el Proyecto de Restauración del Ecosistema Caño Martín Peña.
El senador Schumer previamente ayudó a obtener fondos para estudiar los esfuerzos de restauración en el caño. También visitó el área el año pasado, para presenciar de primera mano la devastación causada por la contaminación y las inundaciones, y prometió seguir abogando por el financiamiento del proyecto. INS
P. Rico-Matos García dice que representantes del PNP deberían incluir en su proyecto sobre el marbete conmemorativo de Roberto Clemente “eliminación de las alzas de luz, agua y peajes”
San Juan, 20 ene (INS).- El portavoz de del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, señaló que ante la presentación del PNP de un proyecto para hacer voluntario el marbete conmemorativo de Roberto Clemente, que deberían incluir en la medida “la eliminación de las tres alzas: de luz, agua y peajes”.
“Si el PNP de manera seria y responsable quiere atender los aumentos en los diferentes servicios que reciben los puertorriqueños, deben incluir en su proyecto la eliminación de estas tres. Si es así, estoy de acuerdo con eliminar la aportación que conlleva el marbete de la conmemoración del hit 3,000 de Roberto Clemente”, apuntó Matos.
Agregó que “si de verdad los legisladores están tan preocupados con el aumento en el costo de vida, los invito a que voten a favor a la medida presentada por el representante Jessie Cortés para declarar una moratoria en los aumentos a servicios tan esenciales como la luz, el agua y los peajes. Como el PNP no tiene el carácter para hacer lo correcto, simplemente vacila y politiquen con estos asuntos”. INS
ndc