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San Juan, 18 ene (INS).- Portavoces de grupos magisteriales, trabajadores, pensionados, universitarios, estudiantiles, profesionales y de ciudadanos a favor de la auditoría de la deuda que se unieron en la Jornada contra el Tumbe y el Plan de Ajuste de la Deuda repudiaron la confirmación hoy por parte de la jueza federal Laura Taylor Swain del plan de ajuste de la deuda del gobierno central.
La portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Eva Prados, consideró que con esta determinación “se inicia un capítulo nefasto para el pueblo puertorriqueño.
“Aunque se había adelantado su posible confirmación, el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno central aprobado por la jueza Swain no es bueno para Puerto Rico sino una sentencia de muerte para un futuro digno a los que residimos en este país”, sostuvo.
Para la abogada de profesión “este plan de pago no es viable ni sostenible, (porque) la reducción que se hace a la deuda en bonos nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir tolerando más pobreza para nuestra gente, implantando más medidas de austeridad y aumentos en el costo de vida para garantizar el pago a los bonistas buitres”.
“Se perdió una importante oportunidad para darle un nuevo comienzo a nuestra isla”, expresó Prados.
En tanto, Mercedes Martínez, portavoz del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública, repudió la decisión de la jueza Taylor Swain que no le hizo justicia a las maestras y maestros de este país avalando este terrible tumbe a nuestro retiro.
“Este plan de ajuste de la deuda es injusto y deshumanizante poniendo el peso del pago de una deuda sin auditar y la mayoría emitida ilegalmente en el magisterio que pierde su derecho a un retiro digno para pagarle millones de dólares a bonistas inescrupulosos”, sostuvo.
Martínez afirmó que “los verdaderos responsables de esta pésima decisión es la Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro Pierluisi, quienes brindaron su apoyo a la Junta de Control Fiscal en lugar de promover la cancelación de la deuda y defender las pensiones y los servicios esenciales como era su deber con el pueblo”.
“Aunque la confirmación del PAD protege las pensiones presentes, descarta el ajuste a las pensiones conforme al aumento en el costo de vida. Esto impone una reducción gradual a nuestras pensiones. Además, no se extendió el principio de cero recortes a las pensiones futuras de maestros y otros servidores públicos”, expreso Sonia Palacios, portavoz del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos Otro Acuerdo.
Palacios igualmente responsabilizó de esto al gobernador Pierluisi y los legisladores que traicionaron la Ley de Retiro Digno y no hicieron nada para defenderla.
“Vamos a fiscalizar y a reclamar justicia. No nos vamos a quitar”, sostuvo.
Por parte de los grupos representativos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ángel Rodríguez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), añadió que “llevamos meses diciendo las nefastas consecuencias que tendrá el PAD por los próximos 25 años para Puerto Rico, no sólo será en las pensiones sino para todo el país”.
“Sin un plan real de desarrollo económico, este acuerdo de la Junta con los bonistas nos llevará a una segunda quiebra o nos dejará sin dinero y tendrá el efecto de provocar el cierre de municipios y de recintos de la Universidad de Puerto Rico, más privatizaciones, más deterioro de los servicios públicos esenciales y el inminente aumento en impuestos que ya estamos viendo como el IVU, CRIM, Crudita, peajes, gasolina, agua y luz para garantizar el pago a los bonistas”, detalló.
Por su parte, Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) expresó que “la confirmación del PAD es la confirmación de que la pobreza y la emigración es la agenda de país para el presente y el futuro de los trabajadores de Puerto Rico”.
“El gobernador y los legisladores que aprobaron la Ley 53 de 2021, impusieron el pago de una deuda sin auditar antes que el bienestar del Pueblo. Esto significa que los trabajadores del sector público y privado de forma organizada tenemos que tomar acción para combatir la privatización de servicios públicos, rescatar a nuestro país y sacar del camino a los que impiden nuestro desarrollo social y económico”, agregó Nieves.
Los grupos que componen la Jornada contra el Tumbe y el Plan de Ajuste se estarán reuniendo para evaluar próximos pasos, “aglutinar más sectores y establecer plan de trabajo en defensa del pueblo para una nueva jornada de lucha contra la implementación de este plan que se avecina cuando se sientan los efectos del pago de esta deuda odiosa e injusta”.INS
ndc