P. Rico-Marquez Reyes cuestiona veto de bolsillo del gobernador a ley multipartita de fiscalización y rendición de cuentas en tiempos de emergencia

San Juan, 4 ene (INS).- El representante José Bernardo Marquez Reyes, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), cuestionó hoy el proceder del gobernador Pedro R. Pierluisi al imponer el lunes un veto de bolsillo a ley multipartita para la fiscalización y rendición de cuentas en tiempos de emergencia.

“De esta manera, el gobernador deshizo sin explicación ni justificación un esfuerzo multipartita para crear un marco legal razonable y transparente en torno a los poderes de emergencia”, advirtió Marquez Reyes.

Recordó que el Proyecto de la Cámara 515 fue producto de la colaboración entre legisladores y legisladoras de los diversos partidos políticos en la Cámara de Representantes, y fue también respaldado por catedráticos en Derecho Público y organizaciones que ejercen fiscalización ciudadana.

En tal sentido acusó que mientras Pierluisi asegura ser proactivo y contundente contra la corrupción, a la misma vez veta una medida que aportaría a la fiscalización y rendición de cuentas.

Con su proceder, el legislador de Victoria Ciudadana entiende que el mandatario puertorriqueño envía tres mensajes sumamente lamentables al pueblo:

Primero, que no siente la necesidad de rendir cuentas sobre las acciones de su administración bajo estados de emergencias;

Segundo, que se opone a que la Asamblea Legislativa y la ciudadanía fiscalicen los contratos, compras y desembolsos de fondos durante emergencias,

Y, tercero, que pretende utilizar los poderes ejecutivos de emergencia sin restricción ni balance de poderes alguno con la Asamblea Legislativa.

El PC 515, que proponía la “Ley para la  Fiscalización y rendición de cuentas en tiempos de emergencia”, fue impulsado por el representante Marquez Reyes junto a legisladores y legisladoras de distintos los partidos con el propósito, entre otras cosas, de que el Gobernador divulgue las acciones que tome al amparo de una Declaración de Estado de Emergencia, como son las flexibilizaciones de procesos de compras, los planes para garantizar la continuación de servicios gubernamentales y los contratos otorgados para atender la emergencia.

Además, la responsabilidad de someter informes a la Asamblea Legislativa durante períodos de emergencia y justificar por escrito cualquier extensión de una emergencia por más de 60 días.

Igualmente, fija el término máximo de seis meses para una declaración o extensión de un Estado de Emergencia, luego de lo cual el Gobernador debía solicitar autorización legislativa para extenderla.

Además, tenía el objetivo de prohibir la suspensión de leyes por motivo de una Declaración de Estado de Emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión.INS

ndc