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Salinas, 27 dic (INS).- Residentes de la comunidad Ranchos Guayama de Salinas, que han dirigido la lucha contra la construcción de un campo de tiro cercano a sus hogares, recibieron una carta del asesor legal de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (Codepola), José A. Camacho Vega, donde amenaza con instar una acción judicial si no detienen sus manifestaciones contra el polémico proyecto.
La misiva de Codepola está dirigida a José J. Cora Collazo, presidente de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), organización creada por un grupo de vecinos preocupados por el abandono, el medio ambiente y la salud de las comunidades en Salinas.
A pesar de que la sección 4 del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico protege la libertad de palabra, lo que se conoce comúnmente como el derecho a la libertad de expresión, el abogado solicita a los miembros de ASPA el cese y desista de “realizar manifestaciones públicas y privadas en contra del proyecto del polígono de tiro”.
Además, Camacho Vega pide que los activistas desistan de “publicar en los medios de comunicación electrónicos o tradicionales información difamatoria que haga referencia alguna al polígono de Codepola, ya sea directa o indirectamente”.
Según el presidente de ASPA, no es la primera vez que tratan de acallar las expresiones de la comunidad.
“En algún momento nos llamaron vándalos. Luego, en una cacería de brujas, representantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegaron a mi casa con la excusa de que buscaban un pozo para el cual yo supuestamente no tenía permisos. Lógico, no tengo pozo, no necesito permiso”, comentó Cora Collazo.
Aseguró que ”ahora soy un difamador por expresar la verdad y porque nuestra comunidad, de personas muy preparadas y la mayoría de edad avanzada, se han atrevido a luchar, señalar y descubrir los malos manejos del municipio, de las agencias (públicas) y del propio Codepola”.
“Por atrevernos a ir contra un sistema corrompido por la inacción de las agencias gubernamentales y el aval indebido de funcionarios electos a este tipo de proyecto, ahora nos amenazan con llevarnos a la corte por defendernos”, añadió.
La carta del abogado de Codepola, advierte que podrían acudir al Tribunal General de Justicia para entablar una demanda “por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios y cobro de dinero” contra ASPA.
Cora Collazo aclaró que esto se produce a pesar de que no existe ningún contrato entre Codepola y ASPA.
Para Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, las expresiones desacertadas y falsas dirigidas a los vecinos de Ranchos Guayama, demuestra lo contundente y veras de la oposición al campo de tiro.
“El proponente del proyecto destruyó ilegalmente una montaña, intentó utilizar sin permiso miles de gomas usadas y violó el único permiso que han tenido de extracción de corteza terrestre. De construir ese campo de tiro, no sólo pone en peligro el bienestar de la comunidad, sino que añade otro elemento de contaminación al ambiente, ya que en parte de los terrenos hay depositada una gran cantidad de cenizas tóxicas de carbón”, expresó Alvarado Guzmán.
El portavoz de ASPA aseguró que seguirán adelante expresando su oposición al campo de tiro, y buscando que los representantes y senadores del área de Salinas asuman su postura.
“La construcción de un campo de tiro en la comunidad, sin que la misma consintiera, es un atentado a la paz nuestra. Pretenden callarnos, pero nosotros no vamos a parar de luchar contra el proyecto del polígono de tiro”, remató Cora Collazo. INS
ndc