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Arriba, el exfuncionario Francisco Pagán Rodríguez. Abajo, algunos de los implicados en el caso de corrupción. / Inter News Service
Santo Domingo, 26 dic (INS).- Francisco Pagán Rodríguez, uno de los acusados en el entramado de corrupción administrativa que supuestamente dirigía Juan Alexis Medina Sánchez que fue desarticulado mediante la Operación Antipulpo, confirmó al Ministerio Público que se benefició de la práctica delictiva, y procedió a hacer entrega de bienes y dinero.
Pagán Rodríguez, exdirector de la desmantelada Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), confesó haber adquirido un apartamento de la exclusiva Torre Residencial Alco Paradisso, ubicada en la calle José Aybar Castellanos, en La Esperilla, Distrito Nacional, con una superficie de 481.94 metros.
Las autoridades le realizaron una tasación, en fecha 27 de noviembre del año 2021, a través del agrimensor Jorge Quezada Valdez, concluyendo que ese inmueble poseía un valor de 39 millones de pesos dominicanos (683,464 dólares).
“Al ser cuestionado el acusado Francisco Pagán Rodríguez, sobre los fondos obtenidos para la adquisición de tan lujoso apartamento, el mismo establece en un acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021, que su situación económica era difícil producto de algunas inversiones que había realizado, y que no habían salido como esperaba, lo cual le llevó a la quiebra”, señala la acusación.
Agrega que “por esa razón, para la adquisición del referido apartamento, recibió de parte de un funcionario público, por intermedio de un señor de nombre Kelvin Santiago, la suma de 10 millones de pesos dominicanos (175,247 dólares), que le fueron entregados en una funda negra”.
En el caso Antipulpo, Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, figura como principal encartado junto a un grupo que guarda prisión preventiva a la espera de un juicio penal.
Otro de los bienes que el exfuncionario admitió haber recibido con dinero de la red fue uno adquirido en el año 2019, que consiste en una porción de terreno dentro del ámbito de la parcela 5, del Distrito Catastral 2, ubicada en el municipio de Tamayo, provincia Bahoruco (región suroeste).
Esta tiene una extensión de 3,399 tareas y fue comprado al Banco de Reservas por RD$5,948,250 (equivalentes a 104,241 dólares), mediante acto de venta de fecha 27 de junio del año 2019.
“El acusado reconoce que forma parte de los bienes adquiridos producto del dinero obtenido de las acciones típicas señaladas por el Ministerio Público, porque mediante el acta de entrega voluntaria de fecha 10 de diciembre del 2021, hace entrega voluntaria para fines de decomiso a favor del Estado dominicano”, precisa la acusación reseñada en los medios locales.
Uno de los señalamientos que hace el órgano de persecución es que esa persona elevó considerablemente su estilo de vida, presentando gastos en restaurantes y lugares de clase alta, los cuales no podría permitirse con el salario que devengaba.
El 15 de febrero del año 2021, la firma Guido Barcacel e Yselson Padro, abogados representantes de la sociedad comercial restaurant Cantábrico SRL, remitió a la Procuraduría un informe donde detallan los gastos de la cuenta abierta por el acusado en el referido establecimiento comercial.
“Al analizar el movimiento de la cuenta del acusado en el restaurant Cantábrico, se puede verificar que este presentó un gasto mensual, desde el año 2017 al año 2020 por un valor de RD$249,522 (un total de 4,372 dólares), sin embargo, su ingreso legal, en este caso, su salario neto de la Oisoe no alcanzaba dicha suma mensual. En total, entre el 2017 y 2020, Pagán Rodríguez gastó en el restaurante 8,483,749 (148,675 dólares)”, indica el expediente.
Los demás acusados en esta estructura criminal son Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Lorenzo Wilfredo (“Freddy”) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública durante el gobierno de Danilo Medina; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; Aquiles Alejandro Cristófer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar, Domingo Antonio Santiago Muñoz y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
El 8 de diciembre de 2020 el juez José Alejandro Vargas dispuso declarar el caso complejo y les otorgó prisión preventivas como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, San Cristóbal.
La lista fue ampliada el 17 de diciembre en un documento con la acusación depositado ante un tribunal por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Se trata de Rafael Leónidas D’Oleo, Lib Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Víctor Matías Encarnación Montero, Francisco Ramón Brea Morel, Rigoberto Alcántara Batista, Carlos José Alarcón Veras, Lewyn Ariel Castillo Robles, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Antonio Florentino Méndez, el abogado Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, José Miguel Genao Torres y María Isabel de los Milagros Torres Castellanos. INS
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