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El legislador José Bernardo Márquez resalta la necesidad de esta medida ante recientes casos de corrupción. Inter News Service
San Juan, 22 dic (INS).- Ante las recientes acusaciones a alcaldes por corrupción a nivel federal, el representante José Bernardo Márquez lanzó un llamado al gobernador Pedro R. Pierluisi para que firme el Proyecto de la Cámara 515, actualmente ante su consideración, que crearía la Ley para la Fiscalización y Rendición de Cuentas en Tiempos de Emergencia.
“Desde el contrato de $300 millones a Whitefish en el huracán María hasta la compra de pruebas fatulas por $38 millones a Apex a principios de la pandemia, los ejemplos sobran de compras gubernamentales durante emergencias que se realizan en total opacidad y cuyos criterios de selección son altamente cuestionables y, en algunos casos, ilegales”, sostuvo el portavoz alterno del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes.
A juicio de Márquez, “es evidente que necesitamos mayor transparencia y rendición de cuentas durante las emergencias y a eso va dirigido el Proyecto de la Cámara 515”, suscrita por representantes de los diversos partidos políticos.
En semanas recientes, trascendió el esquema de corrupción del alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, luego que éste se declarara culpable por un cargo por conspiración, soborno y kickbacks.
Según los documentos de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, Mario Villegas Vargas, dueño de la empresa J.R. Asphalt, contrató por primera vez con el municipio de Cataño meses después del huracán María en un contrato logrado mediante sobornos al propio alcalde.
“Sucesos como estos ponen de manifiesto la necesidad de tener la lupa fijada sobre las acciones y contratos otorgados durante emergencias”, añadió Márquez al reiterar al gobernador Pierluisi a firmar el P. de la C. 515 como un primer paso en esa dirección, brindando mayor visibilidad sobre las emergencias para evitar que la mala administración y la corrupción pública se cuelen en medio de las respuestas gubernamentales.
La medida establece el deber del ejecutivo puertorriqueño de divulgar las acciones que tome al amparo de una Declaración de Estado de Emergencia, como son las flexibilizaciones de procesos de compras, los planes para garantizar la continuación de servicios gubernamentales y los contratos otorgados para atender la emergencia.
El Proyecto de la Cámara 515 también establecería el deber del Gobernador de someter informes periódicos a la Asamblea Legislativa durante períodos de emergencia y justificar por escrito la extensión de una emergencia por más de 60 días.
La medida dispone, por otra parte, que el término máximo para una declaración o extensión de un Estado de Emergencia será de seis meses, luego de lo cual el Gobernador deberá solicitar autorización legislativa para extenderla.
Igualmente, se prohibirá la suspensión de leyes por motivo de una Declaración de Estado de Emergencia mientras la Asamblea Legislativa se encuentre en sesión.
“Nuestro ordenamiento constitucional dispone una separación de poderes entre la rama Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. No obstante, en la práctica las declaraciones de emergencia han tenido el efecto de echar a un lado el rol de la Asamblea Legislativa en la formulación de respuestas a desastres e incluso en la fiscalización de la respuesta del Ejecutivo”, abundó Márquez.
Refirió que en los últimos cuatro años, entre huracanes, terremotos y pandemia, Puerto Rico ha vivido bajo sucesivas declaraciones de emergencia y ya es momento de balancear adecuadamente esos poderes gubernamentales.
Pierluisi ha tenido 30 días para impartir su firma, los cuales vencen el 3 de enero de 2022.INS
ndc
