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La jueza Kenya Romero y el general Julio Camilo de los Santos Viola. Inter News Service
Santo Domingo, 21 dic (INS).- La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este martes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, al general de la Fuerza Aérea Dominicana, Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en la supuesta red de corrupción administrativa contra el Estado dominicano desmantelada mediante la Operación Coral 5G.
La magistrada Kenya Romero envió oficial, quien se desempeñaba como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante el gobierno de Danilo Medina, a cumplir la ordenanza al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, San Cristóbal, región sur del país.
De los Santos Viola había recusado dos veces a la jueza Romero bajo alegato de prevaricación, de que esta estaba parcializada en el proceso de investigación con el Ministerio Público y de ser “una miembro pasiva y marioneta del Partido Revolucionario Moderno (PRM)”, pero la intención fue rechazada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Debido a la recusación, la letrada separó el expediente instrumentado contra el alto militar y conoció por separado la audiencia cautelar a los demás implicados en el hecho, entre estos los generales Juan Carlos Torres Robiou y Boanerges Reyes Batista, quienes fueron enviados a la cárcel por 18 meses al declarar la jueza el caso como complejo.
La misma medida recayó sobre los restantes encartados, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón.
Los coroneles Erasmo Roger Pérez, Miguel Ventura Pichardo, Carlos Augusto Lantigua Cruz, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y los civiles César Félix Ramos Ovalle y la ejecutiva bancaria Esmeralda Ortega, quienes habrían colaborado con la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca), tienen arresto domiciliario.
En tanto que para el teniente coronel Kelman Santana Martínez, se dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
Todos están vinculados a una red de lavado de activos para supuestamente sustraer millones de pesos cuando estaban al frente de entidades castrenses.
Al grupo, que pertenece a la segunda fase de la Operación Coral, el Ministerio Público lo acusa de sustraer fondos por 4,500 millones de pesos dominicanos (79 millones de dólares) de las nóminas correspondientes al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Estas nuevas acciones contra la corrupción se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses, entre estos el mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Las acusaciones son las siguientes: distracción de fondos monetarios, enriquecimiento ilícito, control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República, sobornos a empresarios suplidores, desviación de fondos del Estado, escudarse de instituciones religiosas, activos distraídos del patrimonio público, tergiversar el origen de sus fondos y destrucción de evidencias.
El 11 de diciembre, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, destacó la contundencia de las pruebas aportadas contra los imputados del Caso Coral 5G y dijo que son suficientes para imponer la prisión preventiva solicitada.
Al destacar los méritos de las evidencias, Camacho dijo que se presentaron ante el tribunal 94 testimonios que dan referencia de cómo funcionaba este entramado delictivo que sustraía dinero del erario.
Declaró que el cuerpo de fiscales solicitó a la corte imponer la prisión cautelar a los implicados y domiciliaria en el caso de una de las imputadas (la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez) por la actitud que asumió, incluso, al admitir los hechos delictivos.
En ese sentido, el titular de la Pepca destacó que “la admisión de los hechos por parte de esa persona muestra, una vez más, la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público”. INS
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