Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 21 de diciembre de 2021
P. Rico-Coronavirus/Nueva orden ejecutiva requerirá vacunación o prueba negativa para acceder a establecimientos de comida y bebida
San Juan, 21 dic (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció la firma de la nueva Orden Ejecutiva 2021-081 contra el Covid-19, la cual establece que los restaurantes, barras, chinchorros, así como otros establecimientos de consumo de bebida y comida deberán requerir prueba de vacunación contra el Covid-19 o una prueba negativa realizada 48 horas o antes de acceder al comercio.
La nueva Orden entrará en vigor el próximo lunes, 27 de diciembre.
De esta manera, se eliminó la alternativa de 50 por ciento de aforo para establecimientos que no requerían evidencia de vacunación o prueba negativa.
“La pandemia nos ha demostrado que no debemos bajar la guardia y que debemos permanecer siempre atentos a los cambios que surgen con las variantes. Mi exhortación continúa siendo la misma: toda persona que aún no haya completado su dosis de vacuna y el refuerzo, ahora es el momento de hacerlo”, dijo Pierluisi.
El mandatario sostuvo que “detener la propagación del Covid-19 es trabajo de todos. Como he señalado, continuaré vigilante y estableciendo cualquier medida que entienda necesaria”.
La orden decretó que todo pasajero —vacunado o no vacunado— que viaje a Puerto Rico por vuelo doméstico deberá presentar una prueba negativa de Covid-19 realizada 48 horas o antes de llegar a la Isla.
Las personas que no lleguen con prueba negativa tendrán 48 horas para realizársela en Puerto Rico o serán multadas.
Asimismo, aquellas personas no vacunadas que viajen a Puerto Rico en vuelos domésticos también deberán hacer cuarentena de siete días, independientemente de que lleguen con o sin prueba negativa.
En el caso de los vuelos internacionales, se mantiene la disposición por mandato federal de que todo viajero tenga prueba negativa de Covid-19 realizada al menos 24 horas antes del vuelo. INS
P. Rico-Justicia no recomienda designación de FEI contra la exalcaldesa capitalina Carmen Yulín Cruz Soto y funcionarias a cargo del programa Head Start
San Juan, 21 dic (INS).- Tras culminar una investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac), el Departamento de Justicia determinó no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto y otras funcionarias de ese municipio por no existir causa suficiente para creer que incurrieron en conducta delictiva o negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start.
La evaluación de la prueba no reflejó que Yvette del Valle Soto, expresidenta de la junta de gobierno de los programas Head Start, Myrna Hernández Serrano, exdirectora de los programas Head Start, y la exalcaldesa de San Juan “hubiesen incumplido, intencional o negligentemente, con sus deberes relacionados a la administración de los programas Head Start y Early Head Start”.
Se refiere particularmente en lo concerniente al proceso de monitoria, o que ello provocara la pérdida de fondos, según definido este concepto en el Código Penal de Puerto Rico, se apunta en el informe de la Dipac, acogido por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, y remitido este lunes a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).
El 8 de junio de 2021, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, remitió al Departamento de Justicia una comunicación alegando que la exalcaldesa y las otras dos funcionarias incurrieron en negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start.
Añadió que, como resultado, el municipio perdió la elegibilidad automática a millones de dólares en fondos federales para operar estos programas, lo cual ocasionó el cierre de varios centros y el despido de empleados, entre otras cosas.
El alcalde Romero Lugo indicó que sus alegaciones estaban sustentadas en el resultado de una monitoria rutinaria a estos programas, llevada a cabo en 2016 por la Administración de Niños y Familias.
Sin embargo, según la investigación, las deficiencias señaladas en una monitoria no están relacionadas con la administración o aspectos fiscales de los programas, por lo que no hubo participación directa de parte de la exalcaldesa o de las funcionarias aludidas.
Además, la investigación reveló que la reducción de los fondos federales asignados al programa Head Start no guarda relación directa con el desempeño de las funcionarias querelladas.
“A tenor con la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) del Departamento de Justicia inició la correspondiente investigación preliminar para auscultar si alguna de las funcionarias incurrió en la comisión de delito”, explicó el secretario de Justicia.
Estableció que “como parte de dicha investigación, la Dipac analizó todas las alegaciones, así como toda la documentación provista por el municipio y por las autoridades federales que regulan los programas Head Start y Early Head Start. Además, se realizaron múltiples entrevistas y se evaluaron todas las disposiciones legales locales y federales aplicables”.
Debido a que la investigación continúa, ahora en la Opfei, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular. INS
P. Rico-Somete el gobernador Pierluisi nuevos nombramientos a la Asamblea Legislativa para las sillas de comisionados de Seguros y Telecomunicaciones
San Juan, 21 dic (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi sometió al Senado el nombramiento de Alexander Adams Vega para comisionado de la Oficina del Comisionado de Seguros, y del licenciado William Navas García para la silla de comisionado del Negociado de Telecomunicaciones.
El nominado a la silla del Negociado de Telecomunicaciones también recibió la designación del primer ejecutivo para fungir como presidente de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.
“Los nombramientos que presento al Senado cuentan con mi respaldo al conocer la capacidad y el conocimiento de cada uno de los designados en sus respectivos campos de especialidad, así como sus deseos de trabajar arduamente por el pueblo de Puerto Rico. Exhorto a los senadores y a su presidente a evaluar los nombramientos de los licenciados Adams Vega y Navas García con premura y diligencia, a fin de procurar la continuidad y sana administración de nuestro gobierno”, subrayó Pierluisi.
El designado para la silla de Comisionado de Seguros laboró en la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico por más de diez años.
En su pasada función como subcomisionado de Asuntos Legales, supervisó y proveyó asesoría legal en asuntos de regulación de seguros y de administración.
Además, Adams Vega ha sido responsable de asesorar sobre diversos asuntos relacionados a la industria de seguros, y de redactar borradores de proyectos de ley o iniciativas de regulación sobre la industria, lo que incluye conducta de mercado, requisitos de licencia, solvencia financiera, reaseguros, planes de salud, y seguros de propiedad y contra accidentes, entre otros.
Por otra parte, el designado comisionado de Telecomunicaciones cuenta con 14 años en el campo del derecho dentro de los cuales ha dirigido políticas y objetivos organizacionales sobre asuntos a nivel estatal y federal.
Navas García también posee experiencia en el análisis de propuestas de acciones legislativas, redacción de proyectos de ley y desarrollo de investigación sobre derecho federal y estatal, lo que incluye políticas de telecomunicaciones, desarrollo económico, energía y ambiente.
Desde 2020, Navas García labora como asesor y examinador de vistas para el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos.
Previo a su experiencia en el sector privado laboró como uno de los principales asesores del presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y Energía de la Cámara de Representante y trabajó con la Rama Judicial, donde proveyó asistencia legal y desarrollo de investigación. INS
P. Rico-Expertos en planificación y cambio climático apoyan aprobación de la Ley de Costas
San Juan, 21 dic (INS).- Expertos en planificación, ambiente y cambio climático expresaron su apoyo al proyecto de ley que crearía una Ley de Costas para Puerto Rico, durante una vista pública celebrada por la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado.
La Comisión evalúa el Proyecto del Senado 32 (PS32), presentado por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que crearía la Ley de la Zona Costanera de Puerto Rico, actualizando la definición de la zona marítimo terrestre; estableciendo una política pública en cuanto a la protección, administración y manejo sabio de los bienes de dominio público; y garantizando a los ciudadanos el acceso a las costas de forma libre, pública y gratuita.
Durante la audiencia pública la semana pasada, el expresidente de la Junta de Planificación (JP), Pedro Cardona Roig, y el ingeniero oceanógrafo Miguel Canals Silander apoyaron la iniciativa y urgieron a que sea aprobada.
Ambos sugirieron enmiendas para mejorar la pieza legislativa.
“Entiendo que tiene que haber la legislación, y proveerse los recursos. Esto es fundamental. No es correcto que lo que tenemos es suficiente porque ya lo vemos todos los días. Ese ejercicio de discreción, esa laxitud en la aplicabilidad del reglamento porque se entiende que el secretario (de Recursos Naturales) puede interpretar esto, y cuándo lo aplica y cuándo no, nos ha venido muy mal”, expresó Cardona Roig.
Añadió que “la responsabilidad que tienen ustedes ante si es velar por el bienestar de todos los puertorriqueños, no de los grupos de interés que han vivido de esto o personas que no tienen la intención de hacer cumplir este tipo de norma. Yo sé, ustedes lo reconocen, por eso es que encaminan esta medida. Pero yo creo que es fundamental que el país les respalde para que esto se logre aprobar e implantar”.
Por su parte, la investigadora social y educadora en Cambio Climático Vanessa Uriarte Centeno defendió la aprobación de una Ley de Costas que se atempere a las realidades presentes y futuras.
“Es de extrema necesidad definir o redefinir qué constituye la zona marítimo terrestre… Buscar que se apruebe un proyecto que responda a las realidades climáticas sociales y culturales de las comunidades costeras del Puerto Rico que conocemos, es garantizar que nuestras islas continúen siendo habitables en el presente inmediato y el futuro venidero”, dijo Uriarte Centeno.
La directora ejecutiva de la organización Amigxs del M.A.R añadió que un desarrollo económico que se fundamenta en la destrucción de la naturaleza y aniquilamiento de la vida, como promueve el gobierno en la actualidad, no tiene cabida en el país.
Junto con el proyecto de Ley de Costa, se evaluó el PS 557, de la senadora Ada García Montes, para crear la “Ley de Playas Públicas de Puerto Rico”, definir qué constituye una playa en Puerto Rico y uniformar su carácter como bien de dominio público.
Este proyecto también fue avalado por los expertos y grupos ambientales.
“Este es un momento histórico, porque ver estos proyectos es cada vez más urgente. Nuestras costas son la principal defensa para combatir el cambio climático. Para garantizar la supervivencia de los puertorriqueños hay que atender esto hoy”, recalcó el planificador Cardona Roig.
El agrimensor Fredy L. Reyes Sorto, de la Asociación de Agrimensores de Puerto Rico, propuso cambios a la definición actual de la zona marítimo terrestre.
“Luego del estudio del proyecto en consideración entendemos propio aclarar el lenguaje referente a lo que conocemos como Zona Marítimo Terrestre (ZMT), sabiendo que es parte esencial de nuestro entorno natural, además de tomar en cuenta nuestra responsabilidad moral y ética con el mismo y con nosotros mismos. Debemos de dejar claro que estos bienes de dominio público, son por su naturaleza, derechos constitutivos, reconocimiento necesario para procurar la armonía y respeto al medio ambiente”, expresó Reyes Sorto en su ponencia.
En el caso de las agencias de gobierno, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) argumentaron que no es necesaria la legislación de un nuevo estatuto, pero señalaron en sus ponencias que esperarían por la evaluación del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para endosar o no el PS 32.
El pasado 8 de octubre, este Comité, compuesto por la Dra. Maritza Barreto Ortiz, el Dr. Pablo Méndez Lázaro, el Dr. Rafael Méndez Tejeda, la meteoróloga Ada Monzón, el Ing. Carl Axel Soderberg y Roy Torbet, presentaron al gobernador Pedro R. Pierluisi sobre un centenar de cursos de acción “para enfrentar las diferentes manifestaciones del cambio climático en la zona costera y minimizar pérdida de vida, daño a la propiedad e impactos adversos sobre los recursos naturales”.
Entre las recomendaciones de los profesionales y expertos de las ciencias atmosféricas, oceanográficas y climáticas, está el establecer una moratoria de construcción en la zona costanera, con un periodo no mayor de tres años, “y condicionada a la aprobación de la Ley de Costa”.
“Se ha llevado por fin a vista pública un proyecto que fue radicado desde el 2 de enero, y que representa uno de los proyectos emblemáticos del PIP. Este proyecto no nació en las oficinas legislativas del PIP, es un proyecto que nació de la academia, de las comunidades y el activismo. Llevamos cerca de 15 años proponiendo una nueva Ley de Costa, porque no se puede apostar a la certeza de la reglamentación, y la interpretación ciertamente no ha sido favorable para el país”, externó la senadora Santiago Negrón. INS
P. Rico-Medida para establecer política pública ante la pobreza aguarda por la firma del gobernador Pierluisi, reclama senadora Rosa-Vélez
Arecibo, 21 dic (INS).- La presidenta de la Comisión para la Erradicación de la Pobreza del Senado, Elizabeth Rosa-Vélez, alertó que mientras se profundiza este mal social en el país, el gobernador Pedro R. Pierluisi tiene sobre su escritorio, en espera de su firma, una medida legislativa dirigida a combatir este problema.
Personas envejecientes solas, viviendas en pésimas condiciones, envejecientes sin agua, familias que carecen de enseres básicos del hogar, como neveras y estufas, fueron observados mediante la audiencia ocular celebrada en días recientes por la Comisión para la Erradicación de la Pobreza senatorial.
“Hay que tirarse a la calle para ver, de primera mano, las múltiples necesidades de las familias puertorriqueñas. La pobreza es real y son miles las familias que, día a día, tienen que tomar decisiones tan difíciles como ¿qué compro, los medicamentos o la comida? Niños que se acuestan sin comer, entre otras”, denunció Rosa-Vélez.
La senadora del Distrito de Arecibo visitó, acompañada de funcionarios del municipio de Arecibo, de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) así como de entidades sin fines de lucro, la comunidad especial arecibeña El Vigía, donde evidenciaron lo que por décadas saben los gobiernos de turno, que decidieron no tomar acción.
“La pobreza está latente entre nuestros vecinos”, destacó tras la vista ocular bajo el mandato de la Resolución del Senado 295, la cual ordena a la Comisión Especial para Erradicación de la Pobreza del Senado realizar una investigación continua en torno a la ejecución de las políticas públicas estatales, federales y municipales para combatir la pobreza, el hambre, el desarrollo y la autogestión comunitaria, y del Tercer Sector.
La pieza legislativa ordena además fiscalizar los servicios y el estado de situación de la ODSEC, con especial énfasis en las comunidades adscritas a esta agencia, entre otros.
“Es el Senado de Puerto Rico, bajo la presidencia de José Luis Dalmau, que creó la Comisión para la Erradicación de la pobreza para atender las necesidades reales del país y con ello dar un paso de avanzada”, dijo.
Aclaró que “es el gobierno el responsable de dotar a los ciudadanos con las herramientas necesarias para garantizar mejores oportunidades”.
Como presidenta de la comisión y como trabajadora social, anotó, “estoy comprometida en darle visibilidad a estas familias que por años viven sumidas en la pobreza”.
Rosa-Vélez apuntó que “comenzamos con el Distrito Senatorial de Arecibo, el cual represento, sin embargo, tengan la certeza de que visitaré otras comunidades a través de la isla”.
Rosa-Vélez recordó los datos estadísticos publicados por el Instituto del Desarrollo de la Juventud, los cuales revelaron que en Puerto Rico, el 58% de los niños y niñas viven bajo el nivel de pobreza, mientras que el 37% vive en pobreza extrema, con ingresos anuales rondando los $3,900.
“Sepan los secretarios de las agencias de gobierno que ofreceré seguimiento a sus planes de trabajo en aras de combatir la pobreza. Esto es una asunto que debe atenderse desde la perspectiva multisectorial, con políticas públicas específicas, en donde los resultados sean medibles”, acotó.
La senadora hizo un llamado al gobernador Pierluisi para que se comprometa con este tema con “acciones contundentes para poder encaminar el desarrollo de políticas públicas que permitan combatir este mal”.
“Por ello, hago un llamado, nuevamente para que apruebe el Proyecto de Senado 293 que busca crear la Ley de Política Pública de Puerto Rico para la Erradicación de la Pobreza Infantil, el cual lleva semanas en su escritorio en espera de la firma”, insistió la senadora del Partido Popular Democrático (PPD). INS
P. Rico-Resuelve DACO cerca de 600 quejas informales durante ventas de época navideña
San Juan, 21 dic (INS).- El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodriguez, reveló que se han resuelto, en cerca de un mes, alrededor de 600 quejas informales de consumidores gracias a la intervención directa de su División de Anuncios Engañosos.
“A diferencia de las querellas que, por disposición de ley, deben seguir un proceso de adjudicación, las quejas informales nos permiten la intervención inmediata. Eso, además de beneficiar a un consumidor particular, nos permite evaluar si es necesario adoptar ulteriores medidas para evitar que otras personas pasen por situaciones similares”, explicó.
Rivera Rodriguez aclaró que “los problemas relacionados a anuncios engañosos pueden, en su mayoría, resolverse con una visita de uno de nuestros inspectores; o con una llamada de algún mediador de la agencia. Por eso nuestra recomendación es que, de experimentar alguna situación, la informen de inmediato, para poder intervenir”.
Según el secretario, el DACO solía implementar estos métodos alternos a la adjudicación, principalmente, durante el Viernes Negro.
“Este año, la estrategia se ha expandido con éxito durante todo el período de Ventas de Época Navideña, y el objetivo es que se convierta en un modelo de atención al consumidor que le facilite la obtención de remedios; y, a la vez, nos ayude a determinar cuando sea necesaria una acción directa con algún comercio o industria en particular”, puntualizó.
En lo que va del período de Ventas de Época Navideña, el DACO se ha mantenido realizando operativos semanales para verificar el cumplimiento de las ofertas anunciadas por todo tipo de comercio, lo cual ha incluido desde farmacias y supermercados, hasta mueblerías y tiendas de venta de juguetes, ropas y zapatos.
“Hemos emitido decenas de multas, pero han sido pocas en proporción a la cantidad de visitas que han realizado nuestros inspectores. En general, ha habido ánimo de corregir de parte de los comercios; y han estado dispuestos a proveer remedios inmediatos, precisamente para evitar posibles querellas en su contra”, aseveró Rivera Rodriguez.
Indicó que los remedios inmediatos que se busca promover en la agencia son posibles, mayormente, en lo que respecta a anuncios engaños.
“Cuando están de por medio aspectos contractuales, ese tipo de intervención directa no es posible, y la agencia está obligada a evaluar caso a caso, lo que solo se puede hacer dentro del proceso adjudicativo”, especificó. INS
ndc