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La representante Lourdes Ramos afirma que la JSF está obstinada. Inter News Service
San Juan, 15 dic (INS).- La representante Lourdes Ramos mostró su convencimiento de que la jueza Laura Taylor Swain considera excesivas las actuaciones de la Junta de Supervision Fiscal (JSF) sobre los reclamos del Retiro Digno y otros asuntos de injerencia gubernamental.
A solo horas de que se celebre la última audiencia general de los Casos de Título III del 2021, Taylor Swain solicitó a la JSF que modifique diversos aspectos del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central y si tales cambios no son factibles, el organismo fiscal tendrá que demostrar por qué razón no debe denegar la propuesta ante su consideración.
La JSF tiene unos seis días para responder a la orden de Taylor Swain, mientras la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) o cualquier otra parte interesada, tendría otros tres días para responder a lo que pueda radicar el organismo fiscal.
Entre los asuntos que Swain describió como “problemáticos” para la confirmación del PDA figuran el cúmulo de leyes que quedarían, en esencia, anuladas para facilitar la implementación del plan.
Entre estas, se incluyen las leyes vinculadas con la protección de los beneficios de retiro de los empleados públicos.
“Esta sola expresión de la jueza valida mis constantes reclamos de que la Junta está obstinada en imponer sus criterios solo por terquedad y en contravención a los poderes delegados bajo la ley Promesa”, dijo Ramos.
La legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) expresó que las preocupaciones de la jueza que atiende la quiebra fiscal de Puerto Rico giran mayormente en la intervención del organismo federal impuesto por Washington con la promulgación de política pública que hace el gobierno en su ejercicio constitucional.
“La jueza recalcó que la JSF parece tener la intención de ocupar multiplicidad de leyes estatales más allá de las secciones específicas que puedan tratar de los asuntos financieros. Ese ha sido un señalamiento constante que hemos levantado en todo momento”, afirmó.
Como parte del PDA, la JSF incluyó una lista de sobre 30 leyes de Puerto Rico, que quedarían sin efecto por al menos dos décadas, mientras el gobierno paga la modificación de deudas propuesta.
Entre las leyes que serían ocupadas por el PDA figuran las leyes que rigen la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda e incluso, leyes vinculadas al beneficio de pensión de los empleados del sector público y parte de la Constitución de Puerto Rico que pretenden eliminar.
La JSF incluso amplió la lista de leyes que serían ocupadas por Promesa para incluir las leyes 80, 81 y 82 de 2020 que buscan conceder ciertas protecciones al retiro de los trabajadores del sector público.
“Fíjate si ha sido por demás excesiva la intervención de la Junta contra el Poder Legislativo, que el tribunal encuentra muy poca base factual en el récord para incluir esas leyes en cualquier lista de leyes ocupadas”, indicó Ramos al referirse a la orden de Taylor Swain.
Al emitir su orden, la jueza federal instó a la JSF a reunirse con las demás partes interesadas y el gobierno para atender las controversias que impedirían la confirmación del PDA y al presentar su escrito, el organismo fiscal debe incluir una declaración para establecer si los cambios que se hagan al documento contaron con el consentimiento de las partes afectadas y hasta qué punto. INS
ndc
