P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el martes 14 de diciembre de 2021

P. Rico-Denuncian que Santamaría también representaba a Méndez Núñez ante la Aafaf e instan al legislador a decir “todo lo que sabe”

San Juan, 14 dic (INS).- El representante Orlando Aponte acusó que el ahora convicto por corrupción Oscar Santamaría Torres estuvo en la junta de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) como representante personal de Carlos Méndez Núñez, por lo que le exigió al legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) que diga “todo lo que sabe”.

“Tras conocerse públicamente que él recomendó a Oscar Santamaría a la junta de Discover Puerto Rico, hoy sale a relucir que el abogado señalado también estuvo en la Aafaf como representante personal de Méndez Núñez”, denunció Aponte.

El político del Partido Popular Democrático (PPD) agregó que “la semana pasada el expresidente cameral alegó que recomendó a Santamaría ante la entonces gobernadora Wanda Vázquez, pero que supuestamente no lo conocía y tampoco se acordaba de quién se lo presentó. Ahora resulta que Santamaría también era su persona de confianza en la Aafaf. A ver cómo Méndez explica eso”.

A su juicio “definitivamente tenía que conocerlo muy bien para concederle tantos poderes. Tiene que explicarle al país toda la verdad”.

Oscar Santamaría Torres fue integrante de la Junta de Aafaf desde mayo de 2017 a diciembre de 2020.

“Por más de tres años, esta persona fue los ojos y oídos de Méndez en la Aafaf. Recordemos que es la agencia que trata todo asunto fiscal y presupuestario del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A eso se le suma que el abogado Santamaría manejó decenas de millones en contratos públicos a través de múltiples corporaciones”, abundó el representante.

Dijo que el expresidente de la Cámara también le aprobó a Santamaría Torres 1.5 millones de dólares en contratos a través de su bufete, Law Affairs PSC, durante sus cuatro años al frente del cuerpo legislativo.

“Toda la relación entre Santamaría Torres y Méndez Núñez debe ser aclarada de inmediato. El país exige transparencia y nadie acepta la excusa de que Méndez no lo conocía. Los datos objetivos revelan todo lo contrario”, finalizó Aponte Rosario. INS

 

P. Rico-Propone Nogales Molinelli investigar construcción de hotel sobre humedal en Luquillo

San Juan, 14 dic (INS).- La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, propuso investigar las circunstancias por las cuales se le retiró la protección a terrenos con alto valor ecológico en Luquillo, para permitir su desarrollo mediante la construcción de un hotel.

La Resolución de la Cámara 631 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía y a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara de Representantes a que realicen una investigación exhaustiva sobre el proceso de permisos para el hotel Fairfield Inn & Suites, sus planes de mitigación, su impacto sobre los recursos naturales, y las consecuencias de este desarrollo en la zona circundante, entre otros asuntos relevantes.

“Hay mucha gente preocupada y confundida con este proyecto porque se está construyendo encima de un humedal que forma parte del Inventario de Humedales del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos y que sirve para amortiguar las inundaciones”, explicó la representante.

Nogales Molinelli apuntó que el agua que baja del Yunque o la que viene del mar en caso de marejadas queda almacenada ahí en lo que baja por los canales o quebradas, o se absorbe.

Destacó que “está en una zona identificada como inundable que también tiene limitaciones para su desarrollo y para efectos de los programas públicos de asistencia, recuperación y reconstrucción después de desastres”.

“En un país que es el más expuesto y vulnerable a eventos extremos causados por el cambio climático, es incomprensible que permitamos la destrucción de la infraestructura natural que nos protege de inundaciones, como humedales, mangles, dunas y corales”, anotó la legisladora de Victoria Ciudadana.

De acuerdo al Plan de Uso de Terrenos de 2015, los suelos sobre los cuales se construirá el hotel están clasificados como “SREP-E” o “Suelo Rústico Especialmente Protegido – Ecológico”. Un suelo clasificado como SREP es aquel no contemplado para uso urbano o urbanizable en un Plan Territorial, y que por su especial ubicación, topografía, valor estético, arqueológico o ecológico, recursos naturales únicos u otros atributos, se identifica como un terreno que nunca deberá utilizarse como suelo urbano.

En 2016, comenzaron los trámites para este proyecto ante las agencias correspondientes, mientras en 2019, se proponen nuevos Mapas de Clasificación y de Calificación en los que se modifican las categorías del suelo a “SU – Suelo Urbano” y “DTS – Desarrollo Turístico Selectivo”, respectivamente, por lo que se abrió paso a su desarrollo.

“¿Cuál es la justificación para cambiar la clasificación y la calificación de un terreno que ya se había determinado que era valioso tal como estaba? ¿Quién solicitó ese cambio? ¿Y cómo es que el Departamento de Recursos Naturales determina que no hay impacto ambiental significativo?”, cuestionó Nogales Molinelli.

La legisladora aseguró que “si los documentos ambientales se prepararon en el 2016, ¿están vigentes todavía y sobre todo después de un huracán intenso que provocó cambios en los mapas de inundaciones y en la forma de los terrenos? La Oficina de Gerencia de Permisos, la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales tienen que responder estas preguntas”.

 

P. Rico-Reservas en la Autoridad de Puertos y el DDEC para ceder Aeropuerto Mercedita al Consorcio Alianza para el Turismo en el Sur

San Juan, 14 dic (INS).- Durante vista pública de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, que preside el senador Ramón Ruiz Nieves, para evaluar la Resolución Conjunta del Senado 202 dirigido a ceder al Consorcio Alianza para el Turismo en el Sur la operación del aeropuerto Mercedita de Ponce, la Autoridad de Puertos y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) mostraron reservas debido a la falta de experiencia del Consorcio y regulaciones existentes de la Administración Federal de Aviación (FAA).

“Esta vista tiene que ver con el desarrollo del aeropuerto Mercedita, en Ponce, que juega un papel importante en la economía de la zona sur. Los alcaldes de la región han establecido un consorcio y presentaron sus alternativas como componente para el desarrollo de la zona sur, así también en unión a la Cámara de Comercio. Necesitamos saber cuál es el plan real del gobierno con el aeropuerto y así se ha solicitado a las agencias concernientes”, destacó el también senador por el Distrito de Ponce.

El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Joel Pizá, quien participó como deponente, expresó que la transferencia que promueve la RCS202 no sería económicamente viable ni rentable.

“No descartamos la posibilidad que, de cara al futuro, tal transferencia sea factible, sujeto a la demostración de la experiencia y pericia necesaria, así como el cumplimiento con todos los requisitos federales y estatales aplicables para la operación, administración y mantenimiento del aeropuerto Mercedita”, sostuvo Pizá.

Ruiz Nieves, quien también es autor de la medida, preguntó al deponente cuánto cuesta la operación del aeropuerto ponceño, a lo que Pizá detalló que para 2019 generó ingresos ascendentes $1 millón, pero en gastos operacionales el total aproximado fue de $2 millones.

Además, explicó, en caso de cualquier cambio de operador de un aeropuerto, las certificaciones de la FAA no se transfieren de manera automática, sino que tendrán que volver a ser sometidas, analizadas y aprobadas por la entidad federal.

“El operador que sea propuesto para el cambio tiene que probar su trayectoria en el campo aeroportuario, así como también debe contar con antecedentes de operación exitosa, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero”, sostuvo.

Añadió que no tendría el aval del gobierno federal sin tener un operador con experiencia.

El senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, reiteró la pregunta a Pizá sobre la posición de Puertos referente a si la propuesta está condicionada o no, a lo que respondió que la Autoridad no está en contra de los consorcios, pero que sea una operación completa manteniendo la titularidad el gobierno.

Pizá destacó nuevamente las regulaciones que tiene la FAA debido a los millones de dólares que desembolsa. Señaló que tiene que mediar un proceso competitivo.

En iguales términos, se expresó Laura Díaz en representación del DDEC: “Nuestros reparos responden principalmente a que entendemos que el Aeropuerto, por ser uno de los activos principales del Gobierno de Puerto Rico, debe permanecer bajo la administración de la agencia con jurisdicción y pericia en la materia, en este caso, la Autoridad de Puertos”.

De otra parte, Jean Paul González, a cargo de la oficina de Planificación del municipio de Ponce, defendió ante la Comisión las gestiones que han estado llevando a cabo.

Indicó que “realmente no venimos hacer algo que sea imposible”.

Mencionó que están trabajando con la información correspondiente y buscando colaboración con administradores de aeropuertos como el de la ciudad de Orlando, en Estados Unidos.

Además, González destacó que la municipalidad tiene experiencia trabajando con muchos fondos que son regulados.

“Queremos que el aeropuerto se empiece administrar con los intereses del sector del sur”, insistió González, quien además informó que se están preparando para tener la capacidad de conseguir una aprobación de la FAA. INS

 

P. Rico-Contraloría detecta pagos a contratistas sin sus certificaciones profesionales en Dorado

San Juan, 14 dic (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales en el municipio de Dorado relacionadas con el servicio para el mantenimiento de los acondicionadores de aire, al detectar que no se verificaron sus certificaciones profesionales.

A dos oficiales y 10 empleados de la empresa contratada por 915 mil dólares para las reparaciones y mantenimiento de los aires acondicionados entre el 2016 y 2018, no se les exigió que tuvieran las licencias y las evidencias de colegiación de la Junta Examinadora y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, respectivamente.

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El informe revela que el municipio no se aseguró ni tampoco solicitó, ni el contratista certificó que los trabajos realizados fueran realizados por personas que cumplen con los requisitos del Estado mediante un formulario que provee el Colegio a tales efectos.

Esta situación pudo ser perjudicial para el municipio, pues permitió trabajar a personas no autorizadas, lo que podría afectar la calidad de los servicios recibidos.

Estas situaciones se refirieron a los presidentes de la Junta y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, para que tomen las medidas que estimen pertinentes. Una situación similar detectada en una auditoría en el municipio de Manatí se les había referido el 5 de diciembre de 2019.

La auditoría de dos hallazgos señala también que el municipio de Dorado pagó 5,325 dólares al contratista, por servicios de mantenimiento de acondicionadores de aire no prestados. De hecho, el municipio no obligó los créditos presupuestarios al otorgarse los contratos sino hasta un año y 10 meses más tarde, contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016.

El informe publica deficiencias con respecto a las compras y servicios sin documentar y al procesamiento de las cotizaciones. Por ejemplo, los auditores de la Contraloría detectaron de una muestra, que del 2017 al 2019 se pagaron 14,126 dólares en bienes y servicios sin documentar las gestiones para obtener al menos tres cotizaciones.

Además, se detectó que el 53% de las cotizaciones examinadas fueron solicitadas antes de que se emitiera la requisición de los bienes o servicios, situación que desvirtúa el procedimiento regular de compras y le resta confiabilidad.

Al 30 de septiembre de 2020, nueve demandas civiles por 4,725,000 dólares estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, tres casos estaban también pendientes de resolverse en la Comisión Apelativa del Servicio Público.

Este primer informe de Dorado cubre el período del 1 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS

 

P. Rico-Proyecto Dignidad propone fiscalizar a Justicia en la aplicación del Código Anticorrupción

San Juan, 14 dic (INS).- La portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, sometió la resolución 360, que ordena a la Comisión Anticorrupcion e Integridad Pública de la Cámara de Representantes investigar la efectividad del Departamento de Justicia en la presentación de demandas sobre la aplicación del Código Anticorrupción.

“Muchos ciudadanos desconocen que este Código dispone que las personas corruptas tienen que pagar al Estado tres veces la cantidad que se apropiaron ilegalmente. Por eso, debemos aunar esfuerzos para fiscalizar al Departamento de Justicia en el cumplimiento de su deber ministerial de cobrar dicha indemnización”, sostuvo Burgos Muñiz.

Ante los actos de corrupción que han acaparado los medios de comunicación “es legítimo cuestionar si Justicia radica demandas de triple indemnización al amparo de Ley 2 de 2018. Los más recientes casos de corrupción provocan una crisis institucional que agrava el contexto de la crisis fiscal que afronta Puerto Rico. A pesar de los esfuerzos con la adopción de dicho Código Anticorrupción y lo realizado por las agencias gubernamentales, aun las personas corruptas se burlan de manera grotesca de la fiscalización pública”, manifestó la legisladora.

Burgos Muñiz planteó si “debemos cuestionarnos si nuestro Departamento de Justicia está utilizando esta Ley, y todos los recursos a su disposición, para lograr la devolución al erario de lo obtenido ilícitamente”.

La legisladora consideró que “la corrupción es un mal que afecta la sana administración pública de manera constante. Es deber de cada miembro de la Asamblea Legislativa combatir efectivamente la corrupción pública en aras de asegurar el mejor porvenir de cada puertorriqueño. No podemos permitir que continúen en aumento los casos de corrupción pública mientras el pueblo sufre las consecuencias de estos actos sin que el dinero ilegalmente apropiado vuelva a las arcas públicas”.INS

 

P. Rico-PNP presenta medidas contra la corrupción pública

San Juan, 14 dic (INS).- El directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) aprobó unánimemente el domingo una resolución dirigida a integrar mayores controles y establecer nuevas medidas contra la corrupción pública.

El secretario de la colectividad, Carmelo Ríos, detalló las plataformas acogidas por el organismo rector de la colectividad estadista para combatir la corrupción.

Según el político, el PNP adoptará e impulsará como política pública la adopción del proyecto de la Cámara 1113 presentado el 6 de diciembre del 2021 por representantes de la colectividad y que propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020) para obligar el requisito de subasta pública en la otorgación de contratos para el establecimiento de manejo y prestación de servicios relacionado con los desperdicios sólidos y para los contratos de arrendamiento municipal, mueble e inmueble, incidentales a los contratos para el establecimiento de instalaciones de manejo de desperdicios sólidos.

A su vez, el político dijo que el PNP impulsará enmiendas al Código Municipal para requerir a los municipios y a la Asamblea Legislativa establecer medidas de transparencia y responsabilidad fiscal en la contratación de servicios profesionales como se le requiere a la Rama Ejecutiva por medidas tomadas por el gobernador Pedro R. Pierluisi en la orden ejecutiva boletín administrativo OE-2021-029.

“Esta política obligaría a estas entidades a realizar procesos abiertos, competitivos y públicos para la contratación de servicios profesionales como al presente realiza la Rama Ejecutiva”, declaró Ríos.

Igualmente. Adelantó que el partido enmendará el Código Municipal para requerir que todo contratista de bienes o servicios de los municipios y de la Asamblea Legislativa se registre en su respectivo registro en la Administración de Servicios Generales y debe cumplir con sus requerimientos los contratistas de los Municipios y de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, informó que el PNP adoptará como política pública “la rigurosa aplicación del Artículo 5.2 del Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico (Ley 2 de 2018) para que el gobierno de Puerto Rico exija en los tribunales la indemnización monetaria equivalente al triple daño económico ocasionado mediante conducta ilícita de corrupción, tras la convicción de cualquier funcionario público o privado”.

También adoptará e impulsará como política pública el reclamar, mediante todos los mecanismos disponibles civiles y criminales, que se proceda contra toda persona o funcionario que haya defraudado el fisco con su obligación contributiva por actuaciones ilegales.

Las iniciativas que requieran legislación serán presentadas por las delegaciones del PNP, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.INS

 

P. Rico-Reportan escasez de leche fresca en varios establecimientos

San Juan, 14 dic (INS).- El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, informó que su oficina ha recibido información de aparente escasez de leche fresca en algunos establecimientos de la Isla, lo que contrasta con la práctica ordenada por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) de decomisar leche fresca producida por las vaquerías del país.

“En agosto pasado nuestra Comisión inició una investigación ante las órdenes para decomisar la producción generada por 68 vaquerías debido a que, alegadamente, existía un excedente de producción que las plantas Suiza Dairy, Indulac y Tres Monjitas. A inicios de noviembre pasado ORIL ordenó decomisar 250,000 litros de leche, producción que pudo destinarse a la confección de quesos y yogur, entre otros alimentos”, señaló el legislador.

El político confirmó que “continuaremos las vistas oculares a los distintos componentes de la industria lechera, en el ánimo de mejorar la situación. A nadie en Puerto Rico le conviene que se esté decomisando la producción de las vaquerías”.

Rivera Segarra señaló que además, en agosto pasado la ORIL ordenó decomisar alrededor de 337,000 cuartillos leche cruda debido a una avería causada por Luma Energy en la planta Suiza Foods, que afectó a 92 ganaderías y causó una pérdida económica de aproximadamente 262,860 dólares.

“Nuestra industria lechera no puede seguir sufriendo pérdidas. Son muchos los empleos creados en los distintos componentes y eso hay que defenderlo. Hay que generar opciones reales, botar la producción no puede ser”, señaló el representante

Añadió que en 2020, aún siendo uno atípico impactado por la pandemia, la Industria Lechera de Puerto Rico (Indulac) cerró su año fiscal con alza en ventas e inició 2021 con una expansión en sus instalaciones de 4,000 pies cuadrados (para totalizar 150,000 pies cuadrados) y la compra de maquinaria a un costo de diez millones, para la producción de leche UHT de larga duración.

“En aquel momento, la ORIL informó que aquella millonaria inversión permitiría duplicar la producción de leche. Eso es incongruente con el decomiso que se ordena ahora, y eso es lo que estamos investigando, sumado a las denuncias de alegada escasez de leche fresca en los comercios”, afirmó Rivera Segarra.INS

ndc