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San Juan, 13 dic (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales en el municipio de Dorado relacionadas con el servicio para el mantenimiento de los acondicionadores de aire, al detectar que no se verificaron sus certificaciones profesionales.
A dos oficiales y 10 empleados de la empresa contratada por 915 mil dólares para las reparaciones y mantenimiento de los aires acondicionados entre el 2016 y 2018, no se les exigió que tuvieran las licencias y las evidencias de colegiación de la Junta Examinadora y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, respectivamente.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el municipio no se aseguró ni tampoco solicitó, ni el contratista certificó que los trabajos realizados fueran realizados por personas que cumplen con los requisitos del Estado mediante un formulario que provee el Colegio a tales efectos.
Esta situación pudo ser perjudicial para el municipio, pues permitió trabajar a personas no autorizadas, lo que podría afectar la calidad de los servicios recibidos.
Estas situaciones se refirieron a los presidentes de la Junta y del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico, para que tomen las medidas que estimen pertinentes. Una situación similar detectada en una auditoría en el municipio de Manatí se les había referido el 5 de diciembre de 2019.
La auditoría de dos hallazgos señala también que el municipio de Dorado pagó 5,325 dólares al contratista, por servicios de mantenimiento de acondicionadores de aire no prestados. De hecho, el municipio no obligó los créditos presupuestarios al otorgarse los contratos sino hasta un año y 10 meses más tarde, contrario al Reglamento para la Administración Municipal de 2016.
El informe publica deficiencias con respecto a las compras y servicios sin documentar y al procesamiento de las cotizaciones. Por ejemplo, los auditores de la Contraloría detectaron de una muestra, que del 2017 al 2019 se pagaron 14,126 dólares en bienes y servicios sin documentar las gestiones para obtener al menos tres cotizaciones.
Además, se detectó que el 53% de las cotizaciones examinadas fueron solicitadas antes de que se emitiera la requisición de los bienes o servicios, situación que desvirtúa el procedimiento regular de compras y le resta confiabilidad.
Al 30 de septiembre de 2020, nueve demandas civiles por 4,725,000 dólares estaban pendientes de resolución por los tribunales. Además, tres casos estaban también pendientes de resolverse en la Comisión Apelativa del Servicio Público.
Este primer informe de Dorado cubre el período del 1 de julio de 2017 al 31 de octubre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
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