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Los jueces del Tribunal Constitucional dominicano durante una sesión reciente. / Inter News Service
Santo Domingo, 12 dic (INS).- Un grupo de abogados sometió una instancia ante el Tribunal Constitucional (TC) en la que solicitan una opinión consultiva sobre el alcance de una sentencia emitida por ese organismo que declaró inconstitucionales las audiencias virtuales en las cortes, pero que también provocaría la clausura de la plataforma Servicios Judiciales.
Aseguran que el cierre de los servicios digitales del Poder Judicial representaría un retroceso en la sociedad y calificaron la medida de incompatible con el principio de acceso a las labores públicas en esas jurisdicciones y el derecho fundamental a la buena administración de justicia.
Indicaron que la sentencia dificulta, además, “el acceso a la justicia, en desconocimiento de los principios de optimización y favorabilidad que rigen la aplicación de las normas relativas a los derechos fundamentales”.
La instancia ante el Tribunal Constitucional fue presentada por los abogados Olivo Rodríguez Huertas, Ricardo Rojas León y Ramón Emilio Núñez.
El fallo jurídico del cual hacen referencia los juristas fue pronunciado mediante el dictamen TC/0286/21 que anuló las resoluciones del Consejo del Poder Judicial (CPJ) número 006-2020 y 007-2020 que autorizaba difundir los procesos virtuales.
La clausura de la plataforma digital se hizo a solicitud de un grupo de abogados contratados para defender a los exfuncionarios, militares, policías y civiles señalados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como presuntos autores de fraudes millonarios en perjuicio del Estado dominicano y de incurrir en delitos de lavado de activos.
El fallo del Tribunal Constitucional también eliminó los artículos 1, 4, 6, 18 y 19 de la resolución 004-2020, que establece el plan de continuidad de las labores del Poder Judicial, emitida por el Consejo del Poder Judicial el 19 de mayo del 2020, por considerar que violan disposiciones de la Constitución.
“La sentencia establece claramente la inconstitucionalidad de las audiencias virtuales y la firma electrónica en actos jurisdiccionales, pero no es tan específica ni concreta en cuanto a la plataforma digital del Servicio Judicial y el acceso voluntario a esta modalidad de servicio”, señalaron al considerar que esa decisión ha provocado confusión en la comunidad jurídica dominicana.
La herramienta informática permite a los abogados la fijación de audiencias, solicitud de expedientes, sentencias, certificación y depósitos de todo tipo de documentos, sin la necesidad de asistir presencialmente a un tribunal.
Esa modalidad online fue habilitada al inicio de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020, para agilizar los procesos en los tribunales.
Por esa razón, pidieron que el TC emita una opinión consultiva para determinar si en la sentencia debe clausurarse la plataforma digital o si, por el contrario, puede seguir siendo utilizada como parte de las iniciativas de facilitar el acceso a los servicios vía la tecnología.
El 9 de diciembre, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Asociación Internacional del Derecho Penal (AIDP-RD), capítulo República Dominicana, remitieron por igual una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, en la que expresan su respaldo a las iniciativas del pleno de ese organismo de dotar al sistema de justicia local de herramientas tecnológicas que garanticen un mayor acceso a los servicios judiciales.
Manifestaron su preocupación por el anunciado cierre dispuesto por sentencia del Tribunal Constitucional, “de los módulos del portal web del Poder Judicial que permiten realizar gestiones judiciales de servicios por la vía remota”.
Calificaron como “un paso hacia atrás que se detenga esa virtualidad” y solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que ordene, por la vía reglamentaria, la continuación de la prestación de las gestiones judiciales por la vía remota, “mientras el Congreso Nacional discuta el proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial y que nuestras organizaciones consideran necesario”.
La solicitud fue hecha a través de una carta firmada por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus, y Ricardo Rojas León, ejecutivo de la AIDP-RD. INS
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