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El exprocurador Jean Alain Rodríguez conversando con sus abogados durante la audiencia. Inter News Service
Santo Domingo, 8 dic (INS).-El Ministerio Público depositó este miércoles nuevas pruebas que alegadamente comprometen la responsabilidad penal del exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados en la red de corrupción conocida como “Operación Medusa”, que funcionaba desde la Procuraduría General de la República (PGR).
Las nuevas evidencias fueron depositadas hoy ante la jueza Yanibet Rivas, quien conocería la revisión de la medida de coerción dictada desde julio pasado mediante la cual se ordenó prisión preventiva por 18 meses por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para cumplirla en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, región Sur del país.
El caso fue reenviado para el 20 de diciembre en razón de que las pruebas, que no fueron detalladas, no habían sido notificadas a los abogados defensores por parte del órgano de persecución.
La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, no se opuso a que el tribunal les mostrara los documentos.
En el transcurso del proceso, la Procuraduría General de la República logró que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogieran su petición y ratificaran la prisión preventiva impuesta a los acusados.
El exprocurador Rodríguez Sánchez se encuentra encarcelado junto los nombrados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan Joel Rodríguez Imbert
En el expediente acusatorio también figuran Rafael Antonio Mercedes Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de 1 millón de pesos dominicanos (17,621 dólares) en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, además de impedimento de salida y presentación periódica.
Respecto a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exfuncionario arrestado en España, el Ministerio Público ya hizo el trámite de la solicitud para su entrega a República Dominicana.
De acuerdo con la investigación realizada por los fiscales, los encartados integraron una supuesta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos (105,726,870 dólares).
El órgano acusador les imputa como delitos construir una coalición de funcionarios, incurrir en prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Se recuerda que Jean Alain Rodríguez fue quien junto a un equipo de fiscales instrumentó el expediente de la distribución de sobornos en el país admitida por la constructora brasileño Norberto Odebrecht entre funcionarios, políticos y legisladores.
Esta empresa reconoció, en diciembre de 2016, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haber entregado a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre estos la República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones estatales.
La compañía pagó en la isla caribeña 92 millones de dólares, la mayor suma erogada fuera de Brasil. En enero de 2017, el Ministerio Público procedió a allanar sus oficinas en el país y la multó por un monto de 184 millones de dólares, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.
En abril, acordó cooperar en la causa con la Procuraduría General de la República a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando contratos previamente convenidos con las autoridades nacionales, en especial la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina, cuya terminación estaba prevista para finales de 2017, pero fue concluida tres años después e inaugurada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina.
En la mañana del 29 de mayo de 2017, Jean Alain Rodríguez implicó en el hecho a 14 personas, entre estos dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), pero al juicio penal solo fueron llevados seis: el empresario Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht en el país; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga Arseno, el exsenador Porfirio Andrés Bautista García; el senador Tommy Alberto Galán Grullón y el exdiputado Juan Roberto Rodríguez Hernández.
El juicio concluyó el 14 de octubre pasado con una sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenando al exministro Víctor Díaz Rúa a 5 años de cárcel y a 8, al comerciante Ángel Rondón, mientras que absolvió a los otros cuatro.
Los jueces no llegaron a analizar las acusaciones de soborno en relación a varias de las obras públicas que constaban en la acusación, debido a que los delitos ya habían prescrito antes de abrirse la investigación. INS
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