P. Rico-Familia de Andrea Ruiz Costas, organizaciones periodísticas y medios de comunicación se unen en apoyo a la Asppro en el Supremo de Estados Unidos

San Juan, 7 dic (INS).- La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) anunció que diversas organizaciones y medios de comunicación estadounidenses se unieron como amigos de la corte en el caso que se lleva ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se hagan públicas las grabaciones de la joven asesinada por su expareja.

La familia de Andrea sometió su respuesta como parte del caso en apoyo a la demanda contra el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de sus abogados de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

De igual forma, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) sometió su escrito en que la entidad “apela al sentido más básico de justicia procesal” de la corte para revisar y, eventualmente, “revertir la lamentable decisión a continuación, para que la muerte de Andrea Ruiz-Costas no sea totalmente en vano”.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó hacer públicas las grabaciones de las vistas judiciales a las que Ruiz Costas acudió en busca de auxilio por las amenazas de su expareja.

“El derecho de acceso a la información gubernamental y a los procesos y registros judiciales está implícito en las libertades fundamentales de expresión y de prensa. Puede estar limitado en circunstancias excepcionales si la denegación de acceso está justificada por un interés imperioso y la restricción se adapta estrictamente a ese interés. Ese estándar no se cumplió en este caso”, indica el argumento del CAAPR.

Agregó que “la Corte Suprema de Puerto Rico malinterpretó los estatutos aplicables al imponer una denegación categórica del acceso del público y la prensa a todas las audiencias judiciales y registros en casos de violencia doméstica. Su decisión contradice la política pública de Puerto Rico sobre violencia doméstica y restringe el derecho de acceso a los registros judiciales garantizados por la Constitución de los Estados Unidos”.

Por su parte, la Clínica de la Universidad de Cornell, que representa a Gannett, Co. (dueña de muchas organizaciones en línea, periódicos y medios de televisión), la Asociación Nacional de Fotoperiodistas y la Asociación de Publicadores de Nueva York sometieron su alegato conjunto donde exponen que la decisión del Supremo isleño “solo sirve para erosionar la confianza pública en el poder judicial”.

“La decisión espontánea de la Corte Suprema de Puerto Rico de prohibir categóricamente el acceso a todos los procedimientos y registros de violencia doméstica privó al peticionario de la oportunidad necesaria para ser escuchado. Sin fuertes salvaguardias procesales para proteger el derecho de acceso, el público no puede impugnar decisiones incorrectas, defender con éxito reformas legales o mantenerse al tanto de los cambios en la ley”, añadieron al explicar que la Asppro ni el Overseas Press Club (OPC) tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos ante el máximo foro judicial de Puerto Rico.

La presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, dijo que “es importante que los ciudadanos a los que nos debemos conozcan el apoyo de tantas organizaciones, universidades importantes, abogados expertos y, sobre todo, la familia de Andrea Ruiz Costas”.

“No es capricho, es acceso a la información y decenas de organizaciones periodísticas nos están apoyando en este caso porque Puerto Rico merece contar con la información completa, siempre”, recalcó.

En el documento sometido ante el tribunal también sostuvieron que “el tribunal no hizo determinaciones de hecho, como se requiere, para respaldar su determinación concluyente de que sellar (las grabaciones) era necesario para proteger la ‘privacidad de las víctimas de violencia doméstica’. Ni siquiera intentó explicar cómo sellarlas podría ser necesario para proteger la privacidad de una víctima fallecida donde, como aquí, su familia apoya el acceso”.

El OPC, que junto a la Asppro formaron la Alianza Pro-Transparencia para visibilizar el reclamo ante el Supremo federal, precisó en su alegado como amigo de la corte que “el efecto duradero de la decisión es que la Corte Suprema de Puerto Rico prácticamente cerró procesos judiciales, tanto penales como civiles, presentes y futuros, sin tomar en cuenta ni siquiera mencionar la Primera Enmienda o citar el precedente de esta Corte que define los alcances del derecho de acceso”.

“Sin un derecho sólido de la Primera Enmienda, los miembros de la OPC y la Asppro se enfrentan al dilema de informar a sabiendas de que son medias verdades o no informar la historia en absoluto. En cualquier caso, el periodista estaría incumpliendo su responsabilidad y los ciudadanos perderían información valiosa que podría ser necesaria para cumplir con su derecho a estar informados, expresarse libremente y solicitar al gobierno la reparación de agravios”, argumentaron.

“En cambio, la Corte Suprema de Puerto Rico se ha esforzado por evitar o incluso reconocer la controversia que tienen ante sí como un tema de la Primera Enmienda. En lugar de resolver la controversia frente a ellos, la Corte Suprema de Puerto Rico creó una controversia completamente nueva de censura previa”, argumentaron.

En esta etapa nadie apoyó la posición del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“El apoyo de los amigos de la corte es crucial para subrayar la importancia de este caso en el interés público y los múltiples errores cometidos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico”, sostuvo Stephen Stich, abogado de MFIA Clinic de Yale.

“Contar con el apoyo unánime de entidades periodísticas de renombre en Estados Unidos, de abogados en universidades Ivy League como Cornell y Yale y de Derecho en Puerto Rico como la Interamericana, que tiene a cuatro profesores compareciendo como Amigos de la Corte, es sinónimo de que estamos haciendo lo correcto porque nadie, hasta este momento, ha apoyado la posición del Tribunal Supremo de Puerto Rico en esta etapa”, precisó Suárez.

El abogado Jack Jordan, de North Kansas City en Missouri, que trabaja de forma independiente a las organizaciones, también supo del caso y sometió su moción para aceptar su argumento como amigo de la corte.

En su escrito, sostuvo que “en muchos de estos casos y apelaciones, los jueces de los tribunales de circuito y de distrito federal emiten sentencias que violan conscientemente la ley federal y la Constitución. Algunos lo hacen comúnmente a pesar de que el precedente de esta Corte (presentado a tales tribunales) abordó de manera clara y enfática cuestiones de dispositivo”.

“Tal como lo hizo la Corte Suprema de Puerto Rico, muchos jueces de tribunales federales en muchos casos o apelaciones emiten opiniones en las que intencionalmente no abordan el lenguaje sencillo que controla claramente el precedente de este tribunal, la ley federal (incluida la APA o FOIA y las reglas federales de procedimiento) e incluso la Constitución”, anotó.

“Ciertamente, los jueces que violan a sabiendas las disposiciones que controlan la ley y la Constitución y que desobedecen el precedente de esta Corte (Suprema federal), perpetran ataques ‘violentos’ y ‘malvados’ contra la Constitución, esta Corte y sus propios tribunales. Es difícil imaginar una infracción más violenta de los deberes de los jueces para con esas instituciones que aplicar a sabiendas una regla de conducta primaria que de hecho es diferente de la regla o norma anunciada formalmente”, afirmó Jordan citando el caso Allentown Mack Sales and Service, Inc. v. NLRB de 1998. INS

ndc