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La fiscal Mirna Ortiz ofrece declaraciones a la prensa sobre la Operación Coral 5G. / Inter News Service
Santo Domingo, 20 nov (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) depositó anoche ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional cinco contenedores con los expedientes acusatorios contra 13 imputados en la Operación Coral 5G, que incluye a tres generales activos, ocho coroneles y otros oficiales militares y policías, para los cuales solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción al declarar el caso como complejo.
La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca, encabezó la numerosa comitiva del Ministerio Público que llegó a la dependencia judicial pasadas las 9:00 de la noche.
“El Ministerio Público sigue ampliando esta investigación, esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver qué sucede”, explicó, al conversar con la prensa.
Sostuvo que la medida cautelar cuenta con más de seiscientas 600 páginas y setecientos 700 medios de pruebas documentales que han sido depositadas “por lo que, una vez más, confirmamos y ratificamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte”.
Entre las evidencias, menciona documentos bancarios, títulos de propiedad, bienes inmuebles decomisados y una serie de elementos probatorios.
La supuesta red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros (80,357,147 dólares) según la investigación.
A la estructura le ocupó hasta el momento 125 propiedades. Las autoridades han advertido que la lista podría ampliarse aún más, según vayan avanzando las indagatorias.
Los investigados en esta etapa del caso Coral 5G son los generales de la Fuerza Aérea Dominicana Juan Carlos Torres Robiou, a quien en la estructura identificaban como “Dl” y fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en el periodo 2014-2021, y Julio C. de los Santos Viola; Boanerges Reyes Batista, del Ejército, que fue subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) hasta el 2014 durante el mandato del presidente Danilo Medina Sánchez.
Los fiscales a cargo de la “Operación Coral 5G” han establecido que el general de brigada Julio Camilo de los Santos Viola, aumentó su patrimonio de manera exorbitante en el año 2020, “cuando realizó sus mayores compras de nuevos inmuebles”, al declarar, en su reporte jurado de bienes, 23 propiedades inmobiliarias valoradas en 65.7 millones de pesos (20,9 millones de dólares). En total, recibió RD$737 millones en seis años (equivalentes a 13,160,714 dólares)
Otros investigados son los coroneles de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Sterling Antonio Peralta Santos, Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Roberto Acevedo Tejada y el capitán de navío (coronel) de la Armada de la República Dominicana (ARD), Rolando Bueno Jiménez.
Asimismo, el mayor de la Policía Nacional, José Manuel Rosario Pirón y la primer teniente Jehohanan L. Rodríguez Jiménez; el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez, de la Fuerza Aérea; y el teniente coronel del Ejército, Kelman Santana Martínez.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La mayor parte de la estructura administrativa del Cuerpo de Seguridad Presidencial de la gestión del mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en el caso Coral, fue desmontada debido a la supuesta sustracción de fondos públicos para enriquecerse de forma ilícita.
De acuerdo con el Ministerio Público, la trama criminal que supuestamente dirigía el mayor general Adán Cáceres Silvestre desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El órgano persecutor ha establecido en el transcurso del proceso judicial que el grupo realizaba acciones ilícitas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
Por la Operación Coral guardan prisión preventiva, además de Cáceres Silvestre, la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Fueron arrestados el 24 de abril de 2021 y permanecen privados de libertad en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, región sur del país.
En tanto que, contra el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad. Este oficial reveló a los fiscales investigadores que cada mes depositaba 500,000 pesos dominicanos (8, 928 dólares) a la cuenta del general Juan Carlos Torres Robiou de la nómina del Cestur por “concepto de inteligencia”.
El 8 de agosto, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz, que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado. INS
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