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Los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso participaron en la Operación Coral 5G. / Inter News Service
Santo Domingo, 18 nov (INS).- El Ministerio Público ordenó el arresto de tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos militares, durante la “Operación Coral 5G”, desplegada anoche en la que se realizaron 49 allanamientos entre el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros y La Vega.
Los apresamientos guardan conexión con los allanamientos practicados el 24 abril pasado, a través de la denominada Operación Coral, que culminaron con la detención del mayor general Adams Cáceres Silvestre, jefe de la seguridad del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y otros militares de altos rangos.
Contra ellos un juez dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, acusados de formar parte de una estructura de corrupción administrativa en perjuicio del Estado dominicano.
Los operativos fueron encabezados por Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares adjuntos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como los generales Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, y Boanerges Reyes Batista, del Ejército Nacional.
El 28 de abril pasado, luego de estallar la Operación Coral, el general de brigada piloto Torres Robiou puso a disposición del presidente de la República, Luis Abinader Corona, su cargo como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística.
Según informó el Ministerio Público, la Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío (coronel) Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría informó que, contra estos “tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa”, a la que llamó Operación Coral 5G.
Dijo que al igual que las otras operaciones, esa interdicción “se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito”.
El Ministerio Público recordó que en la Operación Coral presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer, el 10 de mayo de este año, 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la predicadora, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, región sur del país.
En tanto que, contra el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12, esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina.
Durante las pesquisas, el órgano persecutorio descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
Además, ha establecido que en el transcurso del proceso judicial que realizaban acciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana. INS
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