P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el martes 16 de noviembre de 2021

P. Rico-Gobernador, en nueva orden ejecutiva, establece vacunación para todos los empleados de patronos privados que cuentan con 50 trabajadores o más

San Juan, 16 nov (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció la firma de una nueva orden ejecutiva contra el Covid-19 que entraría el lunes en vigor, mediante la cual busca agrupar todas las disposiciones vigentes y añadir otras para atender la emergencia contra el coronavirus, y de esta manera continuar la prevención de su transmisión y propagación, así como sus nuevas variantes.

Las nuevas disposiciones principales incluyen medidas para ordenar la vacunación a menores de cinco a 11 años y determinar sus limitaciones en actividades multitudinarias, la vacunación obligatoria para patronos con 50 empleados o más, así como la eliminación del requisito de una certificación jurada para excepción religiosa y la presentación de prueba negativa el primer día de jornada laboral para las personas no vacunadas (ahora se presentarán cada siete días laborables).

“Dado que durante la pandemia se ha comprobado que los casos tienen una tendencia a surgir en ondas, es posible un aumento en cualquier momento. Por eso seguiremos fomentando la vacunación, incluyendo los refuerzos, para asegurar que mantenemos a nuestra población protegida. Actualmente nuestra Isla ha dado ejemplo a nivel mundial en cuanto a las estadísticas de vacunación, pues más de un 80 por ciento de nuestra población apta está vacunada”, sostuvo el primer ejecutivo.

Pierluisi agregó que “en aras de evitar aumentos significativos y ante las festividades que se aproximan, es necesario mantener ciertas medidas e incluir otras acciones afirmativas en sectores más vulnerables para así mantener las bajas tendencias que nos han hecho ser un ejemplo para otras jurisdicciones. Ha quedado evidenciado que la vacunación es la medida más importante para reducir los riesgos de transmisión del Covid-19, por lo que continuamos instando a todas las personas elegibles a que se orienten con sus médicos y tomen la decisión por su bien y el de Puerto Rico”.

Como parte de la nueva orden ejecutiva y como medida cautelar, se mantiene el uso de mascarilla en actividades con 50 personas o más al aire libre y se recomienda en lugares turísticos en áreas urbanas donde haya aglomeraciones.

Este requisito de mascarilla no incluye playas ni balnearios.

El Departamento de Salud también podrá exigir el uso de mascarillas en otros escenarios que determine adecuado.

Se sigue exigiendo el uso de mascarilla en lugares cerrados como hasta el momento.

Para reuniones privadas de 20 personas o menos, en las cuales todos están vacunados, la mascarilla será recomendada pero no obligatoria.

En cuanto a actividades multitudinarias en lugares cerrados, se mantiene que todas las personas deberán estar vacunadas para que el establecimiento tenga un ciento por ciento de ocupación (para los establecimientos que soliciten la prueba negativa, el aforo se limitará al 50 por ciento de ocupación).

En el caso de los menores de cinco a 11 años, podrán asistir a eventos multitudinarios en lugares cerrados hasta el 31 de enero de 2022 con un resultado de prueba negativa de Covid-19 realizada 72 horas antes de acceder al establecimiento.

A partir del 1 de febrero de 2022, estos menores se regirán por las disposiciones que aplican a los adultos.

Las disposiciones anteriores no aplicarán a menores de cinco años, quienes no podrán asistir a estos eventos salvo por una dispensa del Departamento de Salud.

Las disposiciones anteriores no aplicarán a eventos públicos o religiosos en los que se brinden servicios gubernamentales o medie dispensa de la agencia.

Para actividades en lugares abiertos con aglomeraciones de 500 personas o más, deberán exigir uso de mascarilla y los organizadores deben coordinar los protocolos necesarios con Salud.

Para actividades al aire libre de menos de 500 personas, se sigue requiriendo el uso de mascarilla en todo momento.

En cuanto a los empleados públicos o contratistas, la nueva orden también incluirá a los empleados municipales, quienes tendrán 45 días para cumplir con la vacunación completa, ya sea con una de las vacunas autorizadas por la Administración de Alimentos o Medicamentos (FDA, siglas en inglés) o alguna de las listadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los empleados tendrán tres opciones: vacuna, resultado negativo o resultado positivo con documento que acredite su recuperación.

Además, en el caso de estos empleados ya no será necesaria alguna excepción médica o religiosa para no inocularse.

De ser así, deberán hacerse la prueba al menos cada siete días y entregar el resultado negativo, igualmente, cada siete días.

La entrega de pruebas a los patronos, por otra parte, podrá ser cada siete días en cualquier día laboral, sin limitarse a ser exclusivamente el primer día de jornada laboral.

Mientras, se mantienen los mandatos de vacunación para empleados, contratistas o profesionales individuales que trabajan en los sectores de la salud y de educación para poder laborar de forma presencial.

La misma exigencia de pruebas cada siete días aplican para aquellos con excepciones religiosas o médicas.

En el área de educación, la vacunación es obligatoria para estudiantes de 12 años o más, incluyendo universitarios y grados técnicos de cualquier entidad pública o privada, sujeto a las excepciones religiosas o médicas.

De tener la excepción, tendrán que hacerse las pruebas cada siete días.

De no cumplir con la vacunación, si no cualifica para las excepciones, no podrá asistir a recibir educación presencial y deberán recibir la educación de forma virtual o por algún método alterno, de estar disponible.

Asimismo, se ordena la vacunación para todo menor de cinco a 11 años como requisito para recibir educación presencial, salvo por las excepciones reconocidas.

Aquellos con excepción religiosa o médica podrán asistir a clases presenciales, y los que no las tengan, recibirán educación remota.

Salud realizará pruebas aleatorias de esta población, según lo entienda necesario.

Los menores deberán haber completado su vacunación en o antes del 31 de enero.

Luego de esa fecha, todos los residentes de Puerto Rico de cinco años o más serán regidos bajo las mismas reglas con relación a la vacunación y restricciones de actividades multitudinarias o por ciento de aforo.

Mientras, en el ámbito privado, los patronos con 50 empleados o más deberán cumplir el requisito de vacunación y tendrán 45 días para completarla.

El gobernador instó a los patronos a permitir la vacunación en horario laboral.

De no vacunarse, no será necesario alegar alguna excepción religiosa o médica y los empleados tendrán la opción de presentar el resultado negativo al menos cada siete días.

Por otra parte, los visitantes de restaurantes, hoteles y otros establecimientos ahora incluirán a menores a partir de los cino años.

Los requisitos de estar vacunado o presentar un resultado negativo contra el Covid‑19 aplicarán a los menores de cinco a 11 años desde el 1 de febrero a partir de la vigencia de la orden ejecutiva.

En el caso de actividades recreativas o deportivas, el Departamento de Recreación y Deportes, en consulta con Salud, deberá determinar el protocolo apropiado para cada actividad, si alguno.INS

 

P. Rico-Reclaman el director de las AAPP mayor supervisión del contrato con LUMA Energy

San Juan, 16 nov (INS).- Los representantes Víctor Parés y Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista (PNP), exigieron al director ejecutivo de la Autoridad para la Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, mayor supervisión sobre la ejecución del contrato otorgado a la empresa LUMA Energy para administrar la red de transmisión y distribución eléctrica de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El portavoz del PNP en la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara, Víctor Parés, y portavoz alterno, Juan Oscar Morales, también reclamaron al presidente de la Comisión, representante Luis Raúl Torres, a revelar todos los contratos que LUMA ha suscrito con sus subcontratistas, sin importar la afiliación política, al igual que la compensación asociada a los mismos.

Los representantes del PNP también rechazaron las altas compensaciones salariales de varios ejecutivos del antes mencionado consorcio energético y reclamaron prudencia en el desembolso de los dineros del pueblo.

“El dinero del pueblo se tiene que emplear de manera juiciosa. Todos queremos un sistema energético de primer orden. Todos coincidimos que es urgente esta transformación, pero no puede ser la misma plataforma para el lucro de algunos”, comentó Parés.

Opinó que la AAPP “tiene el deber de monitorear este contrato y estamos solicitando al Director Ejecutivo de dicha entidad a que ejerza mayor supervisión sobre el uso de los dineros dentro de las cláusulas del acuerdo”.

“Mi compromiso cuando trabajamos la Ley 120-2018 (Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico) a los fines de autorizar el marco legal requerido para lograr esa transformación tan necesaria, (fue) con el norte de que se haga eficientemente y bajo total transparencia, algo que la Autoridad de Energía Eléctrica no era capaz de hacer”, planteó Parés.

Morales añadió, en tanto, que “en el Puerto Rico moderno, donde estamos todavía reparando los daños de los huracanes Irma y María (2017), los terremotos del 2020 y la pandemia del Covid-19, no se puede desembolsar salarios millonarios a personas con fondos públicos”.

“Esto debe ser evaluado, así como se tiene que monitorear más cercano el desempeño de LUMA”, ratificó Morales. INS

 

P. Rico-Cámara aprueba medida para investigar problemas de transporte marítimo hacia las islas de Vieques y Culebra

San Juan, 16 nov (INS).- La de Cámara de Representantes aprobó, en el penúltimo día de la segunda sesión ordinaria, la Resolución de la Cámara 329, que ordena a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas realizar una investigación relacionada con los problemas de transporte marítimo de pasajeros y carga hacia las islas de Vieques y Culebra.

Además, a partir de la medida del representante José Aníbal Díaz Collazo, se investigará el uso dado a cualquier asignación de fondos federales para el mantenimiento de estos transportes asignados durante los pasados años, así como los contratos otorgados como solución al daño continuo de lanchas.

La Comisión deberá someter un informe al cuerpo bajo con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes de que culmine la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.

La empresa HMS Ferries fue seleccionada, en octubre de 2020, como el operador privado que se hará cargo del servicio marítimo desde y hacia las islas municipio de Vieques y Culebra mediante un contrato por 23 años.

De la misma manera, se avaló a viva voz la Resolución de la Cámara 428, del representante Díaz Collazo y del presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, para investigar el alto tráfico vehicular alrededor de la carretera PR-694 en Vega Alta, particularmente en la salida 27 del expreso PR-22, que culmina en la carretera PR-2, afectando directamente las comunidades aledañas, como lo es Santa Ana.

La exposición de motivos expone que el alto flujo y congestión vehicular produce diversos desafíos para las comunidades que se encuentran aledañas a las vías de rodaje principales del país.

Esto provoca un sinnúmero de problemas para las personas que residen cerca e incluso para los conductores que discurren por las carreteras antes mencionadas.

Entre estos se pueden destacar la emanación de gases tóxicos, ruidos constantes, accidentes automovilísticos, entre otros. INS

 

P. Rico-Tras protesta que provocó gigantesco tapón en el expreso Las Américas, urgen al secretario Ramos Parés a atender reclamos de padres del programa de Educación Especial

San Juan, 16 nov (INS).- La presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara de Representantes, Deborah Soto Arroyo, hizo un llamado urgente al secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Pares, para que se atiendan los reclamos de los padres de niños de educación especial, ante posibles recortes al programa.

Soto Arroyo reaccionó así a la protesta que en la mañana de hoy provocó un gigantesco tapón en el expreso Las Américas, protagonizada por padres de menores de este programa de Educación, e hizo referencia a la resolución de la Cámara 426, para que se investiguen los ajustes de tarifas de las terapias que contiene el nuevo modelo presentado por Educación, que podría entrar en vigor el próximo año escolar.

La medida, presentada el 24 de mayo de este año por los representantes, José Rivera Madera, Deborah Soto Arroyo y José Bernardo Márquez Reyes “ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre el ajuste de tarifas de las terapias para niños de Educación Especial que brinda el Departamento de Educación de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.”

“Desde hace cerca de seis meses, tomamos acción legislativa para que se atendiera esta situación, ya que nos parecía preocupante que el Departamento de Educación, a través de la Junta de Control Fiscal, propusiera estos llamados ajustes económicos, que advertimos que redundan en la eliminación de fondos y recursos en los servicios indispensables que se le otorgan a los niños de educación especial. Dijimos además, que corríamos contra el reloj ya que estábamos a poco tiempo de comenzar un nuevo semestre escolar, por lo cual era preciso contar con la organización adecuada, de manera que no se afecte ningún servicio esencial”, expresó la representante.

La legisladora dijo que se solirarizaba “con los reclamos de los padres de niños y niñas que pertenecen al Programa de Educación Especial, y le hago un llamado con carácter de urgencia al secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Molina, para que atienda esta situación con la premura que requiere”.

Recientemente, Educación de Puerto Rico propuso un nuevo modelo para el pago de las tarifas por las terapias que reciben los niños de Educación Especial.

El ajuste entraría en vigor el próximo año escolar según informó el propio Departamento.

El nuevo sistema de pagos, conocido como remedio provisional, establece precios distintos según la extensión el término de duración de cada sesión de terapia.

Con la recién propuesta presentada, se establecerían tarifas distintas para cada modalidad de terapia, dependiendo de si son sesiones de 30, 45 o 60 minutos.

Actualmente, la agencia paga una tarifa fija de 50 dólares por cada sesión individual de terapias del habla y lenguaje.

La nueva modalidad pudiera bajar el pago de la sesión en hasta 30 dólares por sesión.

Educación establece que las tarifas fueron calculadas a base de estudios de mercado que tomaron en cuenta las escalas de precios que pagan por los mismos servicios la Administración de Seguros de Salud (ASES), los planes médicos privados, Medicare y Medicaid.

Asimismo, mencionan que este cambio fue un requisito de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en el cual se subraya que los servicios por remedio provisional tienden a ser de cuatro a cinco veces más costosos que en el mercado privado.

“Así las cosas, en base a la nueva determinación, los proveedores de estos servicios tenían hasta el 3 de junio para emitir comentarios sobre las nuevas escalas. No obstante, los cambios no fueron bien recibidos, en primera instancia, por proveedores de terapias, que denunciaron que la agencia adeuda pagos por servicios brindados este semestre escolar”, manifestó la política.INS

 

P. Rico-Personalidades se unen para recaudar fondos y subvencionar costos en el Supremo de EEUU por caso Ruiz Costas

San Juan, 16 nov (INS).- La Alianza Pro Transparencia (APT) lanzó la campaña educativa y de recaudación de fondos “Por tu derecho a saber”, con la participación de personalidades que buscan aportar a que la ciudadanía entienda la importancia del caso sometido ante el Tribunal Supremo federal, que solicita que se revoque un fallo del Tribunal Supremo de Puerto Rico que coarta todo acceso público a grabaciones sobre procedimientos judiciales que involucran violencia doméstica.

El esfuerzo multimedios en el que participan periodistas de múltiples medios, así como reconocidas personalidades, busca además recaudar fondos para los gastos procesales del recurso legal sometido el 29 de octubre de 2021 por la Clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información (MFIA, siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, en conjunto con la representación legal de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).

“La campaña va dirigida a explicar la importancia que tiene la liberación de las grabaciones de las vistas de Andrea Ruiz Costas en defensa de los derechos a la libertad de expresión, del acceso a la información pública y de la libertad de prensa. Es una lucha por la transparencia en los tribunales y en todas las ramas de gobierno en beneficio del pueblo y de un país más democrático. Es importante que la gente entienda que todos tenemos derecho a saber”, dijo Damaris Suárez, presidenta de la Asppro y co presidenta de APT.

Por su parte, Luis Guardiola, presidente del Overseas Press Club (OPC), y copresidente de APT, agregó que “la campaña también tiene como objetivo recaudar ‘peso a peso’ los fondos para cubrir los gastos procesales de este caso, que sentaría un precedente histórico de ser acogido por el más alto tribunal de los Estados Unidos. La Clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información de la Universidad de Yale está llevando el caso ‘pro bono’, no obstante, existen gastos procesales que debemos cubrir y por eso estamos pidiendo la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía”.

La campaña publicitaria, que se lanza hoy, incluye anuncios de TV, radio, redes sociales y “billboards” contó con la participación voluntaria de grupos creativos de diversas agencias.

El eje central es la figura de la joven Andrea Cristina Ruiz Costas, asesinada alegadamente por su ex pareja sentimental tras sufrir un patrón de maltrato y violencia doméstica.

Los portavoces de la campaña caracterizan a la joven asesinada y exhortan al pueblo a que se una al reclamo por la divulgación de las grabaciones de los procesos judiciales que enfrentó Ruiz Costas.

Dos actores y seis periodistas asumen el rol de Andrea para describir el patrón de maltrato al que fue expuesta la joven y exhortar al pueblo a que exijan transparencia y que se garanticen los derechos de acceso a la información pública y libertad de prensa.

Al final del anuncio, que podrá verse y escucharse gracias a la aportación de servicio público de varios medios de comunicación, se hace un llamado buscar información del caso y a donar accediendo a la página web www.alianzaprotransparencia.org

“Mi nombre es Andrea Cristina Ruiz Costas y tú puedes darle fuerza a mi voz. Ayúdame a liberar mis grabaciones. Sería un logro histórico en defensa de los derechos a la libertad de expresión, del acceso a la información pública y de la libertad de prensa. Son derechos que yo tengo, que tú tienes, que tenemos todos. Exijámoslos ante el Supremo federal. Lucharemos por tu derecho a saber”, expresan los talentos en el anuncio para televisión de 30 segundos.

Uno de los momentos más impactantes de la pieza de video es cuando se escucha un fragmento de una conversación que tuvo Ruiz Costas con su amiga un día después de asistir a una vista en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas y en la que muestra su frustración por que anticipa que el tribunal no le concederá la orden de protección solicitada.

Participan en la campaña los periodistas Nuria Sebazco (Teleonce), Ivonne Soya (Telemundo), Valeria Collazo Cañizares (Rayos X), Julio Rivera Saniel (WAPA) y Mayra Acevedo (WIPR) junto a los actores Jason Calderón y Edwin Emil y el animador Jaime Mayol.

La campaña, que cuenta con el apoyo de la familia de Ruiz Costas se produjo de forma voluntaria gracias al trabajo pro bono de los talentos y del equipo de producción liderado por el director creativo, Alejandro Aguilera, y la productora, Juliette Lanauze de Lopito, Ileana & Howie.

Contó además con el apoyo del productor ejecutivo Miguel Zayas y de la directora, Alexandra Fuster de Sentido Común.

También apoyó el director creativo Tomás Carrera así como la agencia Badillo Saatchi & Saatchi y Publicis Puerto Rico, con la obtención de vallas publicitarias. La reconceptualización de los anuncios para la radio y plataformas de audio digital estuve a cargo de Sonny Hernández Studio.INS

 

P. Rico-De 70 mil dólares la nueva guagua de la alcaldesa de Vega Alta, por lo que cuestionan necesidad de un vehículo tan caro pagado con fondos públicos

Vega Alta, 16 nov (INS).- La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán, adquirió una lujosa guagua Chevrolet Tahoe para su uso exclusivo,

El vehículo, modelo 2022, alcanza el costo de 70,000 en su versión más lujosa en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer la legisladora municipal y comisionada electoral por el Partido Popular Democrático (PPD), Brenda Rubio, quien dijo que la adquisición “levanta una serie de interrogantes. ¿En serio la alcaldesa necesita viajar en un vehículo tan costoso, se realizó hubo una subasta previa a dicha compra, de cual partida presupuestaria se pagó el vehículo?”.

Para Rubio, otras preguntas que saltan a la vista es si se han usado fondos federales de propuestas de manejo de la pandemia de Covid-19 para la compra del vehículo y cuales aditamentos se añadieron localmente, como luces azules o equipo de radiocomunicaciones.

“Lo que el pueblo de Vega Alta está viendo contrasta con lo que experimentamos el cuatrienio pasado. Cuando el exalcalde popular Oscar ‘Can’ Santiago Martínez ganó en el 2016, determinó continuar usando el vehículo dejado por el saliente Isabelo ‘Chabelo’ Molina durante toda su incumbencia. Incluso, Santiago no llenó la plaza de chofer y le ahorró ese gasto al Municipio. Ahora es todo lo contrario y la alcaldesa Vega Pagán debe explicar esa necesidad de lujos”, sentenció.

En enero pasado, la alcaldesa de Vega Alta se quejó ante los medios de comunicación de que le habían “dejado un junker” en el municipio.

“Pareciera que la intención era crear una justificación para agenciarse un auto de lujo. Me parece que 70,000 son suficientes para adquirir dos o tres vehículos para el servicio a la ciudadanía”, declaró la legisladora municipal.INS

ndc