P. Rico-Presidenta de la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico se opone al proyecto de reforma universitaria

San Juan, 15 nov (INS).- La presidenta de la junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayda Velasco, dejó en claro su oposición al Proyecto del Senado 172, que propone una reforma universitaria y que recientemente fue rechazado en el Senado, pero que podría regresar a votación.

Velasco entiende que, de aprobarse el proyecto tal como está redactado, trastocaría aspectos críticos de la estructura de gobernanza que serían inadmisibles bajo los criterios y estándares de entidades regulatorias y acreditadoras, por lo que pone en peligro las acreditaciones que con notables esfuerzos la UPR ha mantenido o recuperado.

A pesar de que la junta de gobierno se expresó en un memorial presentado en febrero de este año, ni entonces ni ahora ha sido consultada como parte del proceso de consideración de la pieza legislativa. En ese sentido, se trata de un proyecto que no ha podido contar con el insumo de todos los sectores universitarios.

“Aunque por una parte es favorable la declaración de la UPR como un bien público de carácter esencial como propone el P. del S. 172, el proyecto desfigura la estructura más fundamental de gobernanza y se distancia de lo requerido por las acreditadoras. Asimismo, en lo sustantivo, el proyecto ignora o menosprecia aspectos de política pública y operacionales a la vez que transgrede la autoridad y autonomía requerida para una gobernanza saludable”, expresó.

Los estándares del Middle States Commission on Higher Education (“Msche”) requieren que las universidades tengan un cuerpo rector constituido con poderes definidos. La reforma universitaria, aunque establece que el Consejo Universitario (propuesto sustituto de la junta de gobierno) será el cuerpo rector, diluye sus facultades y lo convierte en un ratificador de las determinaciones de la Junta Universitaria.

“Sería en la Junta Universitaria en la que recaerían las facultades y deberes sobre la aprobación de presupuesto, el nombramiento del principal ejecutivo de la universidad, las políticas sobre el manejo de personal, el nombramiento de cierto personal gerencial, entre otros, que son propiamente facultades inherentes de un cuerpo rector en una corporación”, detalló Velasco.

Por lo que sostiene que “el modelo de gobernanza no solo no cumple con lo requerido por la acreditadora, sino que genera un entramado complejo y confuso que deteriora la cohesión de la gobernanza”.

Agregó que la presidenta interina, Mayra Olavarría, “se equivoca al indicar que esto no representa un peligro para la acreditación. Basta con entender los requerimientos de la acreditadora para percatarse de que el proyecto está en contravención de estos. Corresponde a la presidenta interina en su rol prestar atención a estos delicados asuntos administrativos y de gobernanza y cómo se verían trastocados si esta medida se convierte en ley”.

Velasco exhortó a los miembros de la asamblea legislativa a consultar realmente con todos los sectores que componen la comunidad universitaria y a no “limitarse al intercambio exclusivamente con los propulsores de la medida”.

“La UPR es una entidad en extremo valiosa, que ha servido bien a Puerto Rico, y cuya estructura es compleja. Reducir el análisis de su gobernanza, su operación y su futuro a los propulsores de una medida es sesgar indebidamente la reflexión sobre el futuro de la institución más crítica en el desarrollo económico, intelectual y cultural de la sociedad puertorriqueña”, sentenció Velasco. INS

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