P. Rico-Aval a la deuda ilegal absuelve a responsables al aprobarse el Plan de Ajuste de la Deuda

San Juan, 7 nov (INS).- En la antesala del juicio en el tribunal federal para la posible confirmación del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico, la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público ofreció hoy un detallado análisis sobre la legalidad de la deuda del gobierno central, que es parte de la reestructuración de la deuda a evaluar por la jueza Laura Taylor Swain.

El presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, José González Taboada, explicó que el legado del octavo Plan de Ajuste de la Deuda, que propone la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ante la jueza Taylor Swain, es el aval de sobre 21 emisiones de bonos impugnadas por ser emitidas ilegalmente y en violación de la Constitución del Estado Libre Asociado Puerto Rico.

Esa deuda, según el CPA, totaliza $13,500 millones o el 40% de la suma a pagar, además del cierre de más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos por participar del esquema ilegal y la pérdida de más de $30,000 millones en ahorros, si se agrega al principal el pago de intereses, por la no cancelación de deuda nula.

Roberto Pagán, quien presidiera la extinta Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, creada por la Ley 97 del 2015, señaló que “desde 2016, advertimos que la mitad de la deuda acumulada de Puerto Rico era deuda emitida ilegalmente en violación de la Constitución, (porque) no había autorización para hacerlas y que, por tanto, debía ser cancelada por ser deuda nula”.

“Luego, la misma Junta en 2019 y otros acreedores, incluyendo fondos buitres reconocieron esta realidad en el tribunal federal. Sin embargo, con este plan de ajuste de la deuda se desiste y renuncia a ese reclamo con terribles repercusiones para el pueblo”, planteó Pagán, destacado sindicalista.

En una moción sometida a la consideración de la jueza Taylor Swain en 2019, la JSF indicó que “todas las reclamaciones basadas en bonos de Obligaciones Generales no válidos deben rechazarse porque los bonos se emitieron en violación del Límite del Servicio de la Deuda y a la Cláusula de Presupuestos Balanceados”.

Pagán indicó que, por lo tanto, “los bonos son nulos y los tenedores de dichos bonos no tienen ningún remedio contra el Estado Libre Asociado”.

Para la abogada Eva Prados, directora ejecutiva de la Comisión Ciudadana, “en esta octava versión del Plan de Ajuste de la Deuda, y a diferencia de otras versiones anteriores, en este plan no se hace distinción entre deuda ilegal o legal y se le paga, en promedio, 70 centavos de cada dólar de deuda ilegal, obligando a nuestra isla a grandes sacrificios”.

“Por eso, no es de extrañar que el plan cuente con el apoyo total de los principales fondos buitres, porque este acuerdo no es otra cosa que el resultado de las prácticas y estrategias antiéticas de estos especuladores”, dijo Prados.

La activista social los fondos buitres “terminaron comprando la deuda impugnada en medio del litigio y lograron que la Junta desistiera y les hiciera una mejor oferta”.

González Taboada manifestó que, tal como advirtieron durante las vistas públicas en la Asamblea Legislativa, “la confirmación de este Plan de Ajuste de la Deuda implica la renuncia también al derecho de nuestro pueblo de reclamar la devolución de miles de millones en comisiones ilegales contra 20 bancos y firmas de inversión que patrocinaron e incitaron un esquema fraudulento de emisiones de deuda”.

“La historia nos sigue dando la razón a los que nos opusimos a la creación de (la ley) Promesa y a la Junta de Control Fiscal, que miente cuando dice que este plan reduce el pago de la deuda”, expuso expresó José Rivera Santana, integrante de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.

El planificador de profesión alertó que “este plan de ajuste de la deuda no es un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una reestructuración justa, (pues) sigue imponiendo pagos insostenibles de la deuda, como han expresado estudios independientes de Espacios Abiertos y economistas internacionales como Joseph Stiglitz”.

Destacó que esos expertos han advertido que este acuerdo con los bonistas sigue siendo un compromiso insostenible y que nos deja sin dinero para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo y nos expone a otra quiebra en el futuro”.

Los integrantes de la Comisión exhortaron al pueblo a oponerse a la confirmación del plan de ajuste de la deuda por los medios que tengan disponibles, enviando cartas a la jueza y participando de la “Jornada se nos Acabó la Paciencia: No al Plan del Tumbe”, que comienza este domingo a las 5:00 de la tarde con un campamento y vigilia de pensionados frente al tribunal federal en Hato Rey y continuará mañana desde las 8:00 a.m. con actividades todo el día. INS

ndc