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Denise Santos lamentó las reducciones económicas que ha experimentado el Banco de Alimentos. Inter News Service
San Juan, 27 oct (INS).- La presidenta del Banco de Alimentos, Denise Santos, expresó preocupación ante la reducción de fondos del gobierno para esa entidad en este año fiscal 2021-2022, cuando la demanda de comida se ha duplicado como resultado de 48 meses de crisis en Puerto Rico, incluida la pandemia del Covid-19.
“No podemos entender las razones para esta reducción en la aportación gubernamental”, planteó Santos al comparecer a una audiencia pública ante la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza, que preside la senadora Elizabeth Rosa-Vélez, sobre la Resolución del Senado 295, donde trabajó el tema de la seguridad alimentaria en el país, destacando la preocupación existente por la falta de comestibles que afecta la calidad de vida ciudadana.
Santos añadió que “en Puerto Rico el gobierno ha hecho lo opuesto, reduciendo nuestra subvención en una tercera parte”.
“Es importante notar que el Banco de Alimentos es la organización que atiende muchas de las solicitudes de alimentos generadas por el gobierno: los referidos de la Línea Paz, las oficinas de ayuda al ciudadano de los municipios y la distribución de emergencia de muchos alcaldes, senadores y representantes de la legislatura de Puerto Rico”, detalló Santos.
En este sentido, el jefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera, aclaró en su turno que el Banco de Alimentos ha recibido hasta el momento $250 mil dólares por concepto de reembolso.
Fradera indicó que estas asignaciones de alguna manera ayudan a mitigar la pérdida de fondos legislativos que ha tenido la institución que encabeza Santos.
“Reducir y prevenir la inseguridad alimentaria es una responsabilidad social y humanitaria”, destacó la senadora por el distrito de Arecibo.
Rosa-Vélez anotó que “el primer paso para atender el problema de la seguridad alimentaria es conocer la magnitud de su prevalencia en nuestro país; por tanto es nuestro deber radicar más legislación que nos conduzca a establecer una política pública pertinente para combatir el hambre y sus consecuencias”.
La exposición de motivos de la medida señala que, según datos presentados en la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, para 2019 el 44.5 por ciento de la población en la Isla vivía en situación de pobreza.
Mientras, el 50 por ciento de la población de 36 municipios vive bajo los niveles de pobreza y el 58.7 por ciento de las familias con mujeres jefas de hogar viven bajo el nivel de pobreza.
De estas jefas de hogar, el 70.4 por ciento tiene niños menores de 18 años y 74.7 por ciento tienen menores de cinco años.
En su turno, Fradera repasó los programas en beneficio de las familias, al tiempo que mencionó que 876,842 familias y 1,557,180 participantes se benefician del Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
El Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), dijo, beneficia a 45,320 personas para un total de $51,229,702 millones de dólares en beneficios mensuales.
El Programa de Oportunidades de Desarrollo Económico y Social (PODES) ha atendido 54 casos de ayuda a personas de escasos recursos económicos para una inversión de $38,018 dólares.
La senadora Rosa-Vélez preguntó a Fradera qué se puede hacer con familias que se exceden del mínimo para cualificar a la asistencia del PAN, a lo que respondió que como opera actualmente el programa del PAN se hace imposible llegar a esas familias que trabajan.
“En ocasiones no son elegibles por 2 o 5 dólares; lo importante es lograr esa transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) porque duplica las tablas para que estas familias sean elegibles”, explicó.
Fradera resaltó que mediante la activación de estas estrategias “se crea un impacto que tiene el potencial de lograr una transformación positiva en las comunidades y familias, brindando no solo oportunidades de asistencia, sino de capacitación y trabajo con garantías de apoyo en la transición al empleo”. INS
ndc
