Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 26 de octubre de 2021
P. Rico-Jueza Taylor Swain decide no postergar audiencias de confirmación del plan de ajuste de la deuda y ordena una mediación
San Juan, 26 oct (INS).- La jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, determinó ayer no cambiar la fecha de la audiencia de confirmación del plan de ajuste de la deuda, programada para el 8 de noviembre, y ordenó una mediación.
La decisión de Taylor Swain se dio durante una reunión de emergencia con el gobernador Pedro R. Pierluisi, los presidentes de la Cámara y el Senado, así como con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por el plan de ajuste de la deuda.
Al inicio de la reunión, la jueza advirtió que “mi paciencia se está acabando” y recordó que “ninguno de nosotros tiene otros cuatro o cinco años para otro proceso”.
Tras escuchar a las partes, afirmó que las fechas del proceso seguirán en vigor y señaló que el plan de ajuste de la deuda no será retirado hasta que la jueza Barbara Houser, quien encabeza el equipo de mediación, emita un informe sobre la mediación que se deberá dar.
Taylor Swain ordenó a la Junta que no retire el plan de ajuste de la deuda y, a la vez, rechazó aplazar el proceso, tras lo cual ordenó la mediación entre las partes.
“No voy a cambiar las fechas límites. El gobierno va a tener que decidir si se reserva sus derechos en torno al resultado del proceso legislativo y voy a establecer un calendario que he discutido con la jueza Houser”, dijo la jueza.
Durante la reunión, el gobernador adelantó que “es muy probable que antes de que termine el día de mañana, tengamos la legislación que se necesita y que yo la firme. El proceso democrática debe respetarse”.
En tanto, Natalie Jaresko, directora ejecutiva del organismo que maneja las finanzas del gobierno reclamó que “hemos tenido semanas y semanas en conversaciones de buena fe para viabilizar el proceso, pero no vemos mejora en estas conversaciones. Con todo el respeto, hemos pedido tiempo para buscar alternativas y mantener el plan de ajuste de la deuda vivo”.
Otro de los abogados de la JSF, Martin Bienenstock, declaró que la Junta busca una solución para que el Tribunal siga con el proceso, por lo que solicitó aplazar el proceso de confirmación para que el ente no tenga que retirar el plan de ajuste de la deuda, aunque la jueza finalmente no dio paso a la petición.
El abogado de la Cámara, Martín Luciano, informó que ese cuerpo legislativo está listo para aprobar el lenguaje del proyecto 1003, sobre el plan de ajuste de la deuda, en las próximas 24 horas, aunque no se sabe lo que podría ocurrir en el Senado, donde hasta antes del fin de semana no estaban los votos para aprobar la medida.
El acuerdo bipartita alcanzado anoche en Dorado entre el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) y que posibilitaría la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) este martes en ambos cuerpos legislativos, espera obtener el beneplácito de la jueza federal Laura Taylor Swain.INS
P. Rico-Gobernador tras reunión con la jueza Taylor Swain: “Reiteramos nuestro llamado a la Junta de Supervisión a encontrar el consenso que nuestro pueblo espera”
San Juan, 26 oct (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi, tras participar en una vista de estatus convocada por la jueza Laura Taylor Swain, quien atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, reiteró “nuestro llamado a la Junta de Supervisión a encontrar el consenso que nuestro pueblo espera”.
“Estamos en una coyuntura histórica y la posición de mi administración ha sido consistente desde el principio. Tenemos que acabar con la quiebra del gobierno de Puerto Rico y las pensiones públicas tienen que ser protegidas y así será”, aseguró en declaraciones escritas difundidas por La Fortaleza.
Según el mandatario, en la reunión “fuimos claros en la vista de estatus convocada por la jueza Laura Taylor Swain, en que se debe mantener en pie el proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda y la jueza estuvo de acuerdo”.
“Reiteramos nuestro llamado a la Junta de Supervisión a encontrar el consenso que nuestro pueblo espera y necesita para lograr el fin de la quiebra y lograr que Puerto Rico vuelva a crecer”, sostuvo.
A su vez, afirmó que “mi administración y el liderato legislativo ya están a punto de lograr ese consenso y solo falta que la Junta de Supervisión continúe adelante con el proceso de la reestructuración y permita que la Jueza Taylor Swain tome las decisiones que correspondan”.INS
P. Rico-Advierten los alcaldes que Plan de Ajuste de la Deuda no será suficiente para resolver la crisis de los municipios
San Juan, 26 oct (INS).- La Federación y la Asociación de Alcaldes anunciaron que no se opondrán al Plan de Ajuste de la Deuda acordado entre Cámara de Representantes y Senado, pero alertaron que no será suficiente para resolver la crisis de los municipios.
“La enmienda al lenguaje original del proyecto aprobado por las cámaras legislativas en el Plan de Ajuste de la Deuda, no le hace justicia a los municipios. Aunque como entidad que agrupa a los municipios federados no nos vamos a oponer a la aprobación del plan, consignamos nuestra oposición a la enmienda incluida en lo que respecta a los municipios”, sentenció el presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero.
La enmienda propuesta en el acuerdo, condiciona a que los municipios reciban una asignación para el Fondo de Equiparación siempre y cuando el estado reciba mayores fondos de Medicaid.
El proyecto original garantizaba no menos de $62 millones, ahora esa asignación es incierta.
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz, expresó que lo ideal es que se mantengan los $88 millones actuales ya que junto a los 62 millones proyectados en el plan de ajuste pudiesen ser la solución.
Tal como está el plan de ajuste, no solucionará la crisis en la cual se encontrarán más de la mitad de los municipios cuando se elimine por completo el fondo de equiparación.
Los alcaldes asociados se reunieron con los presidentes de Cámara y Senado y ambos reiteraron su compromiso en procurar defender el fondo de equiparación de su eliminación.
Ambos dirigentes de los alcaldes coincidieron en que los municipios ya han realizado grandes sacrificios y ajustes presupuestarios para mantener sus servicios, algunos con reducciones de jornada y otros con despidos.
Seguir afectando los ingresos, concluyeron, obligará al cierre de municipios y la eliminación de servicios directos al ciudadano.INS
P. Rico-Justicia no recomienda designación de un FEI al expresidente de la junta de Gobierno de la AEE
San Juan, 26 oct (INS).- A raíz de una investigación realizada por su División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac), el Departamento de Justicia no recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el expresidente de la junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ralph Kreil Rivera.
La evaluación de la prueba no reflejó que el ingeniero Kreil Rivera utilizara su cargo como miembro de la junta de Gobierno de la AEE para obtener, indirecta o directamente, beneficio ilegal para sí, sus clientes o para abonados de la corporación pública, al endosar certificaciones de instalación eléctrica mientras fungió como presidente.
La Dipac concluyó que “cuando el ingeniero Kreil Rivera completó y firmó el formulario de Certificación de Instalación Eléctrica, ello implicó que, en calidad de electricista licenciado y colegiado, dio por cierto que las instalaciones eléctricas de sus clientes se realizaron por él o bajo su supervisión de acuerdo con los reglamentos, manuales, códigos, normas, patrones, comunicados técnicos, políticas públicas y leyes aplicables”.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió la recomendación de la Dipac y envió este lunes a la Opfei el informe sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, en colaboración con el Negociado de Investigaciones Especiales, que concluyó que “no existe causa suficiente para creer que el ingeniero Kreil Rivera haya incurrido en posible conducta delictiva al prestar servicios y expedir certificaciones de instalación eléctrica a clientes privados”.
También se les envió comunicación notificando dicha recomendación a las partes querellante y querellada.
No obstante, el secretario de Justicia también acogió el consejo de la Dipac de recomendar al PFEI que, finalizados los procedimientos, de entenderlo procedente y tomando en consideración que la Oficina de Ética Gubernamental mantiene paralizada la investigación relacionada con las certificaciones de instalación eléctricas objeto de esta investigación preliminar, se le notifique copia del expediente y del informe de la Dipac.
“Recomendamos notificar a la Oficina de Ética Gubernamental para que se pueda dar continuidad al procedimiento que se lleva a cabo en la agencia”, puntualizó el secretario.
La investigación surgió cuando el legislador de la Cámara de Representantes Luis Raúl Torres Cruz remitió dos comunicaciones al Departamento de Justicia, el 15 y 16 de abril, solicitando que se investigaran presuntas actuaciones del expresidente de la AEE al prestar servicios y expedir certificaciones de instalación eléctrica para varios clientes de esa corporación pública, mientras presidía la Junta de Gobierno. INS
P. Rico-Proyectos de energía de escala industrial amenazan más de 14 mil cuerdas de tierras agrícolas y de conservación
San Juan, 26 oct (INS).- Los proyectos de energía de escala industrial representan la amenaza más latente contra la seguridad alimentaria en Puerto Rico y afectan el ambiente porque eliminan miles de cuerdas de alto valor agrícola y ecológico, reclamó una coalición de organizaciones y expertos que propusieron redirigir los fondos federales de reconstrucción a sistemas solares en los techos de estructuras existentes.
El grupo expresó que pese a la falta de transparencia de las agencias, se han podido documentar más de 60 proyectos sometidos para ser seleccionados por las agencias gubernamentales.
Además, el Negociado de Energía ha autorizado 16, que en conjunto, representan más de 14 mil cuerdas de valor agrícola y ecológico.
“Establecer instalaciones de generación de energía a gran escala en terrenos clasificados como agrícolas y en áreas ecológicamente sensitivas, ocuparía terrenos que se usan o pueden utilizarse para la agricultura y para la preservación de nuestros recursos naturales”, expresó David Sotomayor Ramírez, profesor de Ciencias de Suelo del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
El experto puntualizó que “otorgar permisos sin tener esto en cuenta, pone en riesgo la ya precaria situación de seguridad alimentaria que tenemos”.
Sotomayor Ramírez explicó que se ha documentado que Puerto Rico enfrenta una pérdida histórica de 70 por ciento del suelo para usos agrícolas desde 1966, por lo que esos proyectos agravarían más el problema.
La extensión de Puerto Rico es de 2.1 millones de acres, de los cuales 474,332, o el 22%, son clasificados como agrícolas según el censo del Departamento de Agricultura federal (USDA) en el 2018.
Sin embargo, el gobierno está obligado por ley a validar el Plan de Uso de Terrenos. Dicho plan clasificó alrededor de 635,000 cuerdas de terrenos como Suelo Rústico Especialmente Protegidos de Valor Agrícola.
Esas áreas son exclusivamente para uso agrícola.
Representantes de la coalición recalcaron que estudios realizados por un panel de expertos en el pasado recomendó que para suplir las necesidades de una sociedad que llevase una dieta vegetariana se requerirían como mínimo 612,000, aunque para la dieta actual, la cantidad necesaria sería tres veces mayor.
La única persona de Puerto Rico nombrada al Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, Ruth Santiago, expresó “queremos sistemas de energía solar en los techos y con capacidad de almacenamiento mediante baterías. Es ahí, a donde se deben dirigir los 9.6 mil millones de fondos de FEMA (Agencia federal de Manejo de Emergencias) y de otros programas de reconstrucción”.
“En Salinas y Guayama hemos visto cómo arrasan con fincas agrícolas productivas para instalar proyectos de placas solares a nivel industrial. No es necesario ni recomendable sacrificar nuestros terrenos agrícolas y áreas ecológicas para esas instalaciones. Múltiples estudios proponen ubicar sistemas solares en techos y baterías para brindar mayor resiliencia a las y los clientes”, aseveró Santiago, abogada especialista en justicia ambiental.
Dijo que un estudio del Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía Federal concluyó que Puerto Rico tiene la capacidad para generar cuatro a cinco veces la demanda residencial de energía con la ubicación de sistemas solares en techos de estructuras existentes.
Otros estudios realizados por Cambio y IEEFA e investigadores del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, titulado “Las Metas de Energía Renovable Alcanzables”, estableció la viabilidad de esta propuesta por la cantidad del espacio en los techos, de la insolación y del recurso sol.
La coalición destacó que Puerto Rico debe moverse a sistemas solares en los techos para realmente ser cónsonos con las mejores prácticas ambientales.
Los proyectos de energía de escala industrial no son sustentables porque requieren grandes extensiones de terreno que implican aumentar la huella de la infraestructura gris en Puerto Rico.
Los efectos de expandir la urbanización e impermeabilización de los terrenos para estos proyectos conllevan la degradación de los suelos y del paisaje que impide los cultivos y afecta al turismo, la reducción de la capacidad para almacenar (secuestrar) carbono, afectar los abastecimientos de agua, aumentar la dependencia de comida importada del extranjero (actualmente de un 85 %) y la pérdida histórica del área agrícola.
Mencionaron que algunos de los controvertibles proyectos propuestos son Xzerta-Tec Solar I, en Hatillo, con 203 cuerdas de terreno para producir 60 megavatios a un costo de 90 millones; CIRO One Salinas, en Salinas, con 542 cuerdas de terreno para producir 90 megavatios a un costo de 330 millones; y Montalva Solar Farm, en Lajas y Guánica, con 2,800 cuerdas de terreno para producir 165 megavatios a un costo de 250 millones
Los portavoces denunciaron que el costo estimado por producción de energía ronda entre los 10 y 14 centavos kilovatio por hora sin contar con los gastos de transmisión y distribución.
Tienen costos adicionales como, por ejemplo, de interconexión que son reembolsables al desarrollar al menos$11.3 millones entre dos de los tres proyectos.
Los portavoces alertaron que la evaluación de proyectos de energía ha carecido de transparencia y ha agravado el problema de falta de participación ciudadana en los procesos de planificación en Puerto Rico.
Explicaron que en los pasados meses han intentado por distintos medios obtener información y llevar sus preocupaciones y su propuesta a las agencias concernidas, pero no han tenido respuesta.
Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido en Pro Defensa del Valle de Lajas, detalló que específicamente el secretario del Departamento de Agricultura y el presidente de la Junta de Planificación no han contestado sus cartas.
Tampoco se ha dado paso a las querellas presentadas ante la Oficina de Gerencia de Permisos (Ogpe) y algunas mociones ante el Negociado de Energía.
“En este momento crítico necesitamos que el secretario del Departamento de Agricultura se manifieste pública, clara y decididamente a favor de la agricultura y de la protección de los terrenos agrícolas en Puerto Rico”, reclamó.
Añadió que “a pesar de que esta alianza le solicitó una reunión al secretario éste nunca la concedió. Existen otras opciones para el desarrollo de la energía renovable que no implican sacrificar terrenos de valor agrícola. Ante esta situación, el secretario de Agricultura no responde ante la amenaza de perder miles de cuerdas de terrenos agrícolas”.INS
P. Rico-Comisión senatorial atiende medida sobre procedimiento de terminación de embarazo, la que es rechazada por organizaciones a favor del aborto y salubrista
San Juan, 26 oct (INS).- La presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, Migdalia González, encabezó ayer una audiencia pública para atender el proyecto del Senado 591, que busca establecer la “Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida”.
La pieza legislativa, de la autoría de los senadores Keren Riquelme Cabrera y Thomas Rivera Schatz, tiene como propósito garantizar que toda mujer que se someta a un procedimiento para finalizar un embarazo pueda tener la seguridad de que fue debidamente informada, que el médico que realice dicho procedimiento esté autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico y que el doctor cuente con el consentimiento informado de la paciente.
Durante la audiencia pública fueron citadas a deponer varias organizaciones a favor del aborto, las cuales manifestaron su oposición a la medida, por entender que es innecesario que se restrinja más el derecho al aborto y por no existir ningún problema de salud pública relacionado.
“Como médica salubrista me opongo al proyecto del Senado 591, ya que aumenta el problema de acceso a los procedimientos de aborto en Puerto Rico entre los adolescentes y potencia abortos inseguros en este renglón de la población. No mejora, protege ni salvaguarda la salud de la mujer e impone más impedimentos para que se puedan mejorar, atemperar a nuevas maneras o técnicas de terminaciones de embarazo el elevar el reglamento de salud vigente a ley”, manifestó la doctora con especialización en obstetricia y ginecología, Yarí Vale, quien también es profesora auxiliar de del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico
La presidenta de la comisión legislativa cuestionó a la deponente con cuánta frecuencia el Departamento de Salud realiza inspecciones a las clínicas de aborto, donde se realizan alrededor de 30 terminaciones de embarazo.
Vale respondió que se inspeccionan una vez cada dos años, se hacen las correcciones, se les informa y funcionarios van a la clínica.
González pidió al personal técnico de la Comisión solicitar al Departamento de Salud un informe detallado por edad de los abortos que se llevan a cabo en Puerto Rico, así como con los hallazgos hechos a las cinco clínicas de abortos en el país.
Por su parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, expresó que este proyecto de ley es contrario a lo establecido en Puerto Rico en estos procedimientos y preguntó a la deponente la edad promedio de las pacientes que acuden a la clínica para llevar a cabo el proceso de aborto.
Vale mencionó que en menores de edad ronda entre 14 a 15 años y en mujeres adultas entre los 20 y 29 años, que por lo regular ya tienen un hijo o más, y son madres solteras.
Mientras, la senadora independentista María de Lourdes Santiago preguntó a la doctora si entiende que dicha práctica actualmente carece de algún marco legal.
Ante esto, Vale respondió que no y que esta práctica es altamente regulada.
“Por estadísticas del Departamento de Salud las complicaciones son mínimas”, añadió la doctora.
También participó como deponente, Mayra Díaz, representante de la Campaña Nacional por el Aborto, Libre, Seguro y Accesible, quien manifestó que considera totalmente innecesario que se restrinja más el derecho al aborto en Puerto Rico y sostuvo que “no existe ningún problema de salud pública relacionado al aborto que amerite legislación adicional y se opone a la aprobación del PS 591”.
En la misma línea, la deponente sostuvo que “el propósito que identificamos que tiene este proyecto es restringir el derecho al aborto, muy particularmente para las personas menores de edad, ello a pesar de que no se muestra evidencia de que exista en Puerto Rico un problema con el consentimiento de las personas gestantes menores de edad que amerite atención legislativa”.
Asimismo, Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria, expresó su oposición a la pieza legislativa: “Este proyecto de ley es un intento de revivir temas que fueron discutidos en el cuatrienio pasado con otros proyectos de ley como el 590 y que en las vistas públicas que se realizaron de manera atropellada se pudo evidenciar que el aborto es legal y ya está regulado en Puerto Rico”.
Además, manifestó su postura en contra de la medida la profesora Patricia Olivieri, en representación de la organización Inter-Mujeres, indicando que la medida representa un retroceso en materia de derechos humanos y particularmente de derechos sexuales y reproductivos porque con la imposición de restricciones para el acceso al aborto de las menores de edad, impone la maternidad forzada.
“La imposición del requisito de tener que acudir a buscar una orden en el tribunal es sumamente oneroso para las menores”, manifestó Olivieri.INS
ndc