P. Rico-Proponen atender el problema de salud mental en el país

San Juan, 24 oct (INS).- Dado el alarmante incremento en llamadas a la línea de ayuda PAS, que superó las 920,000 en el año 2020, el representantes José Aponte Hernández sometió la Resolución de la Cámara 940 con el objetivo realizar un estudio sobre la Ley 408-2000 (Ley de Salud Mental de Puerto Rico), a los fines evaluar su efectividad, además de identificar y recomendar acciones legislativas y administrativas necesarias para mejorarla.

“El alza en las llamadas a la Línea PAS, de unas 170,000 en 2019 a 920,000 el año pasado demuestran que los terremotos y la pandemia han tenido un impacto profundo en la sociedad”, indicó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Consideró que “como parte de nuestros esfuerzos por ayudar, queremos evaluar cómo funciona, en la práctica, la Ley de Salud Mental de Puerto Rico para identificar, de ser necesario, modificaciones que permita que la misma actúe más ágil en estos tiempos de gran incertidumbre en nuestra gente”.

“Recordemos que la ley tiene 21 años de vigencia y, a pesar de las enmiendas realizadas, existen áreas que debemos evaluar para brindarle más herramientas a nuestros profesionales de la salud que luchan todos los días por ayudar al pueblo, al igual que garantizar a los pacientes el mejor servicio posible”, añadió Aponte Hernández.

La Ley 408-2000, tiene como fines y propósitos fundamentales actualizar las necesidades de tratamiento, recuperación y rehabilitación, proteger a las poblaciones afectadas por trastornos mentales con servicios adecuados, consignar sus derechos a recibir los servicios de salud mental, incluyendo los de los menores de edad, promover la erradicación de los prejuicios y estigmas contra la persona que padece de trastornos mentales.

Igualmente, proveer guías precisas sobre los derechos de las personas que reciben servicios de salud mental, determinar los procesos necesarios para salvaguardar los derechos que mediante esta Ley se establecen, armonizar los cambios que han experimentado las instituciones que proveen servicios con el establecimiento de la Reforma de Salud.

La medida de Aponte Hernández ordena a la Comisión de Salud de la Cámara Baja a realizar la antes mencionada investigación en un período que no exceda los 180 días. INS

ndc