P. Rico-Representante PIP somete legislación en defensa de consumidores con sistemas de paneles o placas solares

San Juan, 23 oct (INS).- Tras el aumento de ventas de sistemas de placas solares y de consumidores que se han querellado por anuncios engañosos o incumplimiento contractual contra compañías, el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), anunció la presentación del proyecto 1051 que otorgaría al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) la potestad de atender tales reclamaciones eliminando las disposiciones de someterse al proceso de arbitraje que imponen los contratos.

“Estos contratos de ventas de paneles o placas solares, son contratos de adhesión en los cuales el cliente no tiene la oportunidad de negociar este tipo de cláusulas de arbitraje por lo que la única opción que tiene es someterse a estas sin entender las repercusiones legales que esta decisión acarrea”, expresó Márquez Lebrón.

El legislador independentista destacó que el alza en la demanda de sistemas de energía solar ha desencadenado una serie de prácticas engañosas por algunas compañías de paneles o placas solares que han resultado en múltiples querellas ante el DACO.

La aplicación de estas cláusulas de arbitraje resulta, para todos los efectos prácticos, “en la privación a estos consumidores de su derecho a reclamar ante el DACO”.

Por otro lado, la resolución 570, también presentada por Márquez Lebrón, persigue investigar las querellas y problemas que enfrentan los consumidores de sistemas de paneles o placas solares en Puerto Rico.

Sobre el particular el secretario del DACO, Edan Rivera Rodríguez, denunció recientemente que la agencia tiene una jurisdicción bastante limitada para intervenir con las 653 querellas que han recibido desde 2019, relacionadas con servicios de instalación o mantenimiento de placas solares.

Márquez Lebrón explicó que entre las razones esbozadas por el Secretario del DACO se encuentran que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tiene la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye fiscalizar la calidad y confiablidad del servicio eléctrico y que muchos de los contratos tienen cláusulas de arbitraje que les impiden actuar en primera instancia.

“Siendo el acceso a la energía eléctrica un derecho humano fundamental y ante el crecimiento exponencial que ha experimentado la industria de sistemas solares, es imperativo investigar las querellas y problemáticas que enfrentan los consumidores y otorgar mayores poderes al DACO”, destacó el portavoz del PIP en la Cámara de Representantes. INS

ndc