R. Dominicana-Tribunal dicta condena de ocho y cinco años a dos acusados de corrupción en el caso Odebrecht y libera de responsabilidad a cuatro (Ampliación)

Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista García, y Roberto Rodríguez. Inter News Service

Santo Domingo, 14 oct (INS).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional halló culpable al empresario Ángel Rondón Rijo de haber comprometido su responsabilidad como autor del crimen de distribuir 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos nacionales y de incurrir en acciones típicas de lavado con la intención de ocultar el origen ilícito de recursos en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, por lo fue condenado a ocho años de prisión.

Por igual, la corte conformada por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo declaró responsable al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, de cometer los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y lo sentenciaron a cinco años de reclusión, además recibir una multa equivalente a 200 salarios mínimos.

Asimismo, el tribunal liberó de responsabilidad penal en el hecho de corrupción al abogado Conrado Pittaluga, al ex senador Andrés Bautista García, que además es un reconocido dirigente  político; al ex legislador Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.

La sentencia absolutoria a favor del jurista se produjo por  entender que no se ha demostrado que éste  incurrido en tipo de complicidad en soborno ni en el ilícito de lavado de activo, sino que fue contratado por Víctor Díaz Rúa para asesoría legal y consultoría y que su compañía no era oculta.

En el caso de García, las juezas argumentaron no encontrar ningún elemento probatorio que evidenciara que el acusado incurrió en un hecho punible.

“Hemos podido establecer la inexistencia de un ilícito previo generador de los bienes, elemento indispensable para la configuración del tipo penal de lavado de activos, que tiene por finalidad la legitimación de bienes de origen ilícito”, señala la decisión.

El excongresista de San Cristóbal, Tommy Galán, fue acusado por el Ministerio Público de recibir coimas de parte de Ángel Rondón, de enriquecimiento ilícito, de subvaluar sus valores inmuebles y mentir en su declaración jurada de bienes. También lo imputó por prevaricación, cohecho y lavado de activos producto del cohecho.

La corte planteó que los fiscales investigadores no demostraron, con pruebas, ningunas de las imputaciones contra el ex parlamentario.

En lo que respecta a Juan Roberto Rodríguez, las juezas indicaron en la sentencia que no ha demostrado enriquecimiento patrimonial durante su gestión como funcionario y dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares en su contra.

El tribunal levantó todas las medidas de coerción contra los descargados porque no se retuvo responsabilidad penal. Se rechazó la solicitud de del decomiso de todos los bienes.

La decisión se dio a conocer tras cuatro años y cinco meses de haberse destapado uno de los mayores escándalos de corrupción registrados en la región y además explotó en el suelo dominicano.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) había solicitado durante las audiencias diez años prisión para Rondón Rijo y Víctor Díaz Rúa; siete para Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa).

ANTECEDENTES

El caso Derechito es una investigación iniciada por el Ministerio Público dominicano luego que la institución reconoció en diciembre de 2016, ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haber realizado sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos de la República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

El consorcio admitió que pagó en la nación caribeña 92 millones de dólares en coimas, la mayor suma erogada por fuera de su país de origen. En enero de 2017, la Procuraduría General de la República Dominicana procedió a allanar sus oficinas a nivel local y la multó por un monto de 184 millones de dólares, el doble de lo pagado en sobornos, tal y como lo establece la Ley 448-06 sobre Sobornos en el Comercio.

En abril, Odebrecht acordó cooperar con las autoridades nacionales a cambio de que sus ejecutivos no fuesen procesados y que la compañía pudiese seguir operando en el país caribeño, especialmente  en la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina, cuya terminación estaba prevista para finales de 2017, y que fue inaugurada en el 20 de julio de 2020 en la etapa final del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez.

La República Dominicana permaneció durante meses como el único país que no había detenido implicado alguno por el caso en América Latina. Finalmente, el 28 de mayo de 2017 el ministerio público implicó a catorce hombres, detallados abajo, en el entramado de corrupción.

El 29 de mayo de 2017, el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, implicó a 14 personas de ser parte del entramado de corrupción, pero luego sacó del expediente a ocho de los encartados y orden+o el archivo definitivo del caso

El 7 de junio de 2018, Rodríguez informó al país sobre el archivo provisional a favor del entonces presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Radhamés Segura, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco;  Rudy González, César Sánchez y Bernardo Castellanos, Máximo de Óleo. INS

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