
Eva Prados Rodríguez anticipó que la lucha no ha terminado. Inter News Service
San Juan, 14 oct (INS).- El Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, que incluye organizaciones y personas que han reclamado desde 2016 una auditoría integral de la deuda pública y se han opuesto al plan de ajuste propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), expresó su satisfacción porque el organismo impuesto por Estados Unidos finalmente desiste de recordar las pensiones actuales.
“Es una muestra de que dicho recorte no era necesario y es, además, un logro del Frente en Defensa de las Pensiones y Construyamos otro Acuerdo, que dijeron desde el día uno que la Legislatura podía ser un actor clave para cambiar las posturas de la Junta”, estableció Eva Prados Rodríguez, abogada y portavoz del Frente.
Las organizaciones, que igualmente se oponen a la emisión de bonos del Proyecto de la Cámara 1003 para el pago de deuda ilegal, consideraron que la carta de la JSF “es una victoria importante para los que abogamos por la Ley por Un Retiro Digno, que fue la pieza que logró empujar las negociaciones entre el ente fiscal y la Asamblea Legislativa”.
Prados Rodríguez añadió que la lucha en oposición al Plan de Ajuste de la Deuda y del PC 1003 continúa, esta vez dirigido al recorte de la acreencia.
“Dejar intacto el pago insostenible de la deuda en bonos nos deja sin dinero en menos de 10 años para operar el gobierno, poniendo en riesgo el futuro del país, incluyendo el pago de las mismas pensiones, al caer en una segunda quiebra”, advirtió la activista.
Para Prados Rodríguez “nos sigue indignando que se insista en darle miles de millones en ganancias a bonistas de deuda ilegal, mientras se mantiene la prohibición de cualquier ajuste al aumento del costo de vida y recorte de pensiones futuras del magisterio, dejándolos en la miseria”.
“También nos oponemos a una aportación a la Universidad de Puerto Rico (UPR) que la misma comunidad universitaria ha dicho no es suficiente”, dijo la letrada.
Por su parte, el presidente de la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público, José González Taboada, explicó que la nueva postura de la Junta no cambia su propuesta de pagos sustanciales a bonistas de emisiones de 2012 y 2014, que superan los 13 mil millones, que la propia Junta reconoce son bonos emitidos ilegalmente.
Se trata de bonistas que adquirieron esa deuda a 25-30 centavos reciben el doble, 78 centavos de dólar.
“Dar paso al PAD (Plan de Ajuste de Deuda) implica avalar la legalidad de esa deuda y un tumbe para el pueblo, sin posibilidad de impugnarla en caso de un nuevo impago y también releva de toda responsabilidad a los actores que participaron de esas emisiones ilegales”, señaló González Taboada, contador público autorizado.
Ambos portavoces hicieron un llamado al pueblo a que se unan a la Jornada contra el Tumbe y contra el PC 1003 el próximo, lunes a las 10:00 a.m., en el Capitolio, porque mientras la medida acepte pagos insostenibles de deuda ilegal y no proteja al magisterio, la UPR y un futuro digno para la isla se deben continuar los esfuerzos que hasta el momento se han realizado para lograr justicia para el país y todos los miles de afectados con las determinaciones de la Junta. INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias