Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 14 de octubre de 2021
P. Rico-Gobernador, tras anulación de la Ley de Retiro Digno, afirma que no le sorprendió decisión y admite que tenía componentes que estaban “claramente reñidos” con plan fiscal certificado por Junta
Gurabo, 14 oct (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi afirmó que no le sorprendió la anulación de la Ley de Retiro Digno por parte de la jueza Laura Taylor Swain y admitió que tenía componentes que estaban “claramente reñidos” con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Sobre la determinación de la jueza que atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, comentó que “revisaremos la decisión con el equipo legal que tenemos y entonces partiremos de ahí”.
En declaraciones a la prensa después de participar en la graduación de policías en la academia de Gurabo, el mandatario dijo que el tema “es un asunto legal. Los abogados tienen que evaluar la decisión antes de tomar cualquier decisión en cuanto a, por ejemplo, si se apela o no. Eso hay que evaluar los méritos de la decisión. Voy a esperar el consejo de los abogados antes de tomar una decisión”.
Agregó que “esa ley tenía varios componentes. No me sorprende la decisión, porque tenía, otra vez, varios componentes, algunos que estaban claramente reñidos con el plan fiscal certificado por la Junta. Es lamentable el hecho de que parte de la ley lo que quería y pretendía es reconocer que todos los servidores en Puerto Rico tienen derecho a un retiro digno. En la medida en que la decisión no cuenta con el aval del Tribunal federal, pues lo lamento”.
Swain determinó anular la Ley de Retiro Digno, medida que fue aprobada por la Cámara y el Senado, firmada por el gobernador, y que buscaba proteger a retirados de recorte de pensiones.
“De conformidad con las secciones 204(a) y 104(k) de (la ley) Promesa, la Ley 7 se declara anulada, inaplicable y sin efecto”, señaló la jueza en su veredicto, que añade que “se prohíbe a los demandados implementar y hacer cumplir la Ley 7”.
La decisión se da luego de que el 2 de julio pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometiera una demanda contra el gobernador Pedro R. Pierluisi, así como contra los presidentes del Senado, José Luis Dalmau, y la Cámara, Rafael Hernández Monañez, para frenar la implementación de la Ley 7 de Retiro Digno.
Según la JSF, la Ley 7 debía ser anulada “porque le prohíbe al gobierno cooperar con cualquier plan de ajuste que contradiga las disposiciones de la Ley 7, incluido el cuarto plan de ajuste enmendado presentado el 29 de junio de 2021. La negativa del gobernador a confirmar que no implementará la ley, y la negativa de la Legislatura a derogar cualquier parte de la ley deja a la junta sin otra opción que recurrir al litigio”.INS
P. Rico-Considera Dalmau Ramírez desmantelamiento del país decisión de jueza Taylor Swain
San Juan, 14 oct (INS).- Como parte del proceso de desmantelamiento del país, calificó el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain de anular la Ley 7 de Retiro Digno por no cumplir con el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) pública de Puerto Rico.
“Nos desmantelan el país, abusan de los más vulnerables y nos recolonizan para tratarnos como peones de finca”, resumió el dirigente del PIP ante la determinación de la jueza de quiebra, dirigida a recortar las pensiones de los jubilados gubernamentales.
Dalmau Ramírez subrayó que al fracaso de LUMA Energy, como parte de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el abusivo Plan de Ajuste de la Deuda y el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se le suma ahora el empobrecimiento de los pensionados al darle paso el tribunal federal a la disminución en las pensiones.
“Esta es la tormenta perfecta para el empobrecimiento extremo y el rezago de nuestro pueblo”, reafirmó.
El exsenador independentista indicó que en el caso específico de la Ley de Retiro Digno se aprobó como un instrumento de defensa a lo pensionados ante los abusos de la Junta de Supervisión Fiscal, impuesta por Estados Unidos.
“Un tribunal federal, cuya presencia en Puerto Rico es a causa del mismo régimen colonial que permite la Junta, ha dejado sin efecto esa Ley”, manifestó.
Dalmau Ramírez destacó que “hay dos causas para esta indignante situación: la primera, aquellos que desde el PNP (Partido Nuevo Progresista) y el PPD (Partido Popular Democrático) le estuvieron riendo la gracia a la junta de control fiscal”.
“Los que por acomodos con sectores económicos poderosos, se han sentado a partir pan en la misma mesa con la Junta. La otra causa —que es más grave aún— es el régimen colonial que permite que se nos imponga un ente antidemocrático y penalizante que nos empobrece, nos deja sin servicios esenciales, desmantela la educación y nos condena a un atraso severo como país”, argumentó el dirigente independentista, quien fuera candidato a la gobernación en las elecciones de noviembre de 2020.
El secretario general del PIP sostuvo que “esto se anticipó. Desde el hemiciclo, las calles y los eventos electorales, el PIP elevó la consigna: ‘A la Junta ni un vaso de agua!’. Hay quienes desde el PPD y el PNP le llevaron agua por baldes”.
“El PIP se reitera en continuar defendiendo al pueblo de Puerto Rico y confrontando el abuso del colonialismo y su consecuencia, que es la junta de control fiscal. Es momento de unirnos como país y darnos a respetar”, exhortó Dalmau Ramírez. INS
P. Rico-Movimiento obrero, organizaciones estudiantiles, magisteriales, profesionales, comunitarias y de pensionados convocan a manifestación en el Capitolio el 18 de octubre para detener plan de ajuste de la deuda
San Juan, 14 oct (INS).- Un llamado “urgente” al país para detener la aprobación del plan de ajuste de la deuda y el proyecto de la Cámara 1003, “que condenaría el futuro socioeconómico de los puertorriqueños”, hicieron portavoces del movimiento obrero, organizaciones estudiantiles, magisteriales, profesionales, comunitarias y de pensionados, así como artistas y gestores culturales.
El grupo invitó a la “Jornada contra el Tumbe”, que incluye “llamatones”, envío de cartas a los legisladores y una manifestación el 18 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en el Capitolio, el día en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el liderazgo legislativo dilucidarán sus propuestas para llegar a un acuerdo final que viabilice la legislación requerida por la Jueza Laura Taylor Swain para confirmar el plan de ajuste de la deuda.
La convocatoria, hecha en conferencia de prensa frente al Capitolio, pretende alertar y movilizar al pueblo ante las nefastas consecuencias que tendrá el plan de ajuste de la deuda por los próximos 25 años para Puerto Rico, no solo en las pensiones sino para todo el país.
Según Justo Méndez, portavoz de Vamos Puerto Rico, “el acuerdo de la Junta con los bonistas tendrá el efecto de provocar el cierre de municipios y de recintos de la Universidad de Puerto Rico, más privatizaciones, más deterioro de los servicios públicos esenciales y el inminente aumento en impuestos como el IVU, CRIM, Crudita, peajes y gasolina para garantizar el pago a los bonistas. Además de los recortes en la única fuente de ingresos de los actuales pensionados, el plan de ajuste de la deuda quiere restarle beneficios que actualmente acumulan los empleados del gobierno para su futura pensión”.
“La Asamblea Legislativa, que supone ser el espacio representativo del pueblo de Puerto Rico, se está prestando para el peor tumbe en nuestra historia. Lo que se pretende con la aprobación del proyecto de la Cámara 1003 y con el plan de ajuste de la deuda es someter a todo el país a una carencia de servicios básicos y aumentos insoportables, a cambio de recompensar excesivamente a los fondos buitres que, definitivamente y según los propios números de la JSF, no pierden nada, sino que ganan cantidades exageradas de dinero con este mal negocio que sería la aprobación del proyecto 1003 y el plan de ajuste de la deuda. Esto es el plan del tumbe para Puerto Rico”, manifestó.
Por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, declaró que “llevamos dos semanas advirtiendo a la Asamblea Legislativa sobre el tumbe al país que significa el plan de ajuste de la deuda y el proyecto 1003. Es un ataque injusto y despiadado al magisterio activo que ha dado la vida por la educación de nuestra niñez y la Junta nos quiere llevar a la miseria en nuestra vejez. El magisterio ya rechazó el acuerdo de la AMPR con la Junta en las urnas y es momento de movilizarnos, de tomar la calle. Solo el pueblo unido, sus trabajadores y trabajadoras, la juventud, los jubilados y jubiladas y cada ciudadano consciente salvaremos el país”.
Agregó que “hay que hacerle entender a los que pretenden sumirnos en la mayor pobreza que no apoyamos sus desacertados Planes del Tumbe”.
La líder estudiantil Alejandra Rodríguez, de la Confederación Estudiantil Nacional (CEN), declaró que el plan de ajuste de la deuda “tiene impacto directo en los servicios esenciales y en la UPR porque su pago insostenible les dejará sin fondos públicos. La Junta, para obligarnos a pagar este acuerdo, pretende hacer mayores recortes en el servicio público. Se ha recortado 400 millones a la UPR y aspira a recortarle otros 288 millones en el 2026″, comentó.
Por su parte, José Rivera Santana, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda expresó que “hemos demostrado como país que, si salimos a la calle y nos unimos, podemos cambiar la historia. Exhortamos al pueblo a que este lunes 18 de octubre lo hagamos de nuevo. Detengamos esta hipoteca que pretenden imponernos y no permitamos que nos hereden un país con dos quiebras y sin opciones de desarrollo económico, educativo ni cultural. Hay que detener a los que pretenden robarnos nuestro futuro”.
Recordaron que todavía está el proceso de votación de acreedores e hicieron un llamado a los trabajadores activos y retirados del servicio público a que rechacen con su voto el plan de ajuste de la deuda, y que tienen hasta el 18 de octubre para votar o enviar su boleta.INS
P. Rico-Presidente de maestros asociados lamenta que se desoyeran sus planteamientos
San Juan, 14 oct (INS).- Ante la determinación de la jueza federal Laura Taylor Swain, de anular la Ley 7 de Retiro Digno por no cumplir con el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor M. Bonilla Sánchez, lamentó que no se escucharan sus planteamientos al momento de votar.
“La Asociación de Maestros de Puerto Rico siempre fue consistente en su apoyo a la Ley de Retiro Digno. No obstante, advertimos que de ser anulada, la Junta de Supervisión Fiscal y el tribunal (federal) podrían implementar su catastrófica propuesta de congelar las pensiones de los maestros, sumiéndolos cada vez más en la miseria”, expuso.
Por esa razón, dijo Bonilla Sánchez, “fue que negociamos una Propuesta Alterna que incluía un aumento en aportación patronal para plan médico de $170.00 y 1.5 billones en beneficios como un método de auxilio para evitar que los maestros no perdieran más de lo que el gobierno les ha quitado y para que no recibieran un peor trato en la congelación de sus beneficios de retiro”.
El presidente de la AMPR lamentó que el magisterio la rechazara y prefiriera “escuchar otras voces que nunca presentaron alternativas reales si la Ley de Retiro Digno era declarada nula”.
“Esas voces se limitaron a criticarlo todo, sin tener conciencia de las implicaciones de su mensaje irresponsable. Su única propuesta ante medidas del Plan de Ajuste era esperar la determinación de la jueza, precisamente, lo que sucedió, y esto quedará en sus conciencias”, adujo.
Aseguró que, “nuestra organización, fiel a su trayectoria, seguirá luchando sin descanso, buscando a través de otros medios y acciones que se le haga justicia al magisterio puertorriqueño”. INS
P. Rico-BDE y Trabajo firman acuerdo para promover el emprendimiento al culminar los beneficios del PUA y desempleo
San Juan, 14 oct (INS).- El presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Alemañy González, y el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, firmaron un acuerdo colaborativo para proveer financiamiento y subvenciones del programa SBF CDBG DR a nuevos y existentes empresarios que recibieron beneficios de desempleo y Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, siglas en inglés).
Los ciudadanos que cualifiquen al producto de financiamiento Microempresario podrán recibir hasta un máximo de 25,000 dólares por un término de cinco años con una tasa de interés anual que podría fluctuar entre cuatro y ocho por ciento.
“Estamos ejecutando iniciativas para impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos como nos ha encomendado el gobernador Pedro R. Pierluisi. Este acuerdo entre el Departamento del Trabajo y el BDE establece un financiamiento como una opción viable para los miles de ciudadanos que fueron impactados económicamente por la pandemia del Covid-19 para que puedan desarrollar sus propios negocios. Mediante este acuerdo colaborativo, podemos ofrecer financiamiento a residentes que cumplan con los requerimientos flexibles prestatarios que la banca privada no ofrece. Queremos presentarnos como una opción para lograr que estos participantes se conviertan en empresarios”, sostuvo el presidente del BDE.
Los participantes del programa estarán exentos de pagar cargos por compromiso y manejo, aunque sí se cobrará 100 dólares a las entidades jurídicas por el procesamiento del préstamo.
Además, los jóvenes entre 21 a 29 años pueden solicitar hasta 10,000 dólares para establecer un negocio bajo el préstamo del Programa de Juvempresas con una tasa de interés anual de tres por ciento fija.
Algunos de los requisitos para participar de la iniciativa incluyen un plan de negocios, una proyección anual de ingresos y gastos, estados financieros, certificado de incorporación, en caso de ser una entidad jurídica, contrato de arrendamiento de un local o carta de intención, así como una verificación de crédito.
El BDE preparará un folleto electrónico con los términos del financiamiento y ofrecerá un taller virtual.
Mientras, el Trabajo enviará por correo electrónico la información a los participantes que podrían beneficiarse de este programa.
Posteriormente, los ciudadanos podrán enviar sus solicitudes electrónicamente o podrán comunicarse con el BDE para obtener más información.
El acuerdo también facilita la participación de los oficiales del BDE en ferias de empleo del Trabajo o cualquier otra actividad en la que se le pueda brindar orientación a los ciudadanos interesados en el financiamiento, con sus condiciones especiales.
El secretario Rivera Santiago sostuvo que “sabemos que muchas personas que recibieron beneficios de desempleo y el PUA necesitan de una ayuda adicional para poder emprender su negocio. Este acuerdo facilita esa asistencia que requieren los ciudadanos para dar el próximo paso en su carrera empresarial”.
El acuerdo colaborativo se concretó a la fecha de expiración de los beneficios de desempleo para miles de ciudadanos que se vieron desplazados por la pandemia y la necesidad de que estos trabajadores se reintegren a la fuerza laboral. Las dos agencias juegan un papel fundamental en sus esfuerzos por fortalecer el sector laboral y el emprendimiento local.INS
ndc