P. Rico-Eva Prados y Rolando Emmanuelli aseveran que el plan de la Junta de Supervisión Fiscal “es insostenible” porque significaría la miseria para el país

San Juan, 9 oct (INS).- Eva Prados Rodríguez y Rolando Emmanuelli unieron sus voces hoy para advertir que el plan de ajuste de la deuda planteado por la Junta de Control Fiscal “es insostenible”, y que las últimas declaraciones de la Junta contra las enmiendas introducidas en el Senado al Proyecto de la Cámara 1003 no dejan de representar “una amenaza intimidante”.

“Esta es otra táctica intimidante más de la Junta. Como no puede convencer sobre los beneficios reales de su propuesta para el país, recurre a la amenaza. Es la misma Junta que hasta hace unas semanas hablaba de plan B y de que no necesitaba a la legislatura. Ahora sí acepta que la legislatura es el único ente que puede autorizar una nueva emisión de bonos”, dijo Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano de la Auditoría de la Deuda.

Añadió que, “sin embargo, quiere que los legisladores sean sellos de goma y acepten un plan de pago que además de insostenible atenta contra los pensionados, la universidad y los municipios. Ni la legislatura ni ningún pensionado se debe dejar presionar por tácticas intimidantes de la Junta. El plan de la Junta tal y como está atenta contra el futuro económico de Puerto Rico”.

Mientras, Emmanuelli Jiménez, abogado experto en quiebra y Promesa señaló que “ante el claro reconocimiento del poder de la legislatura sobre la confirmación del plan de ajuste de la deuda, la Junta recurre a tácticas de miedo, desasosiego y desinformación al pueblo. Como ya hemos expresado, no es real decir que porque no se apruebe este plan de ajuste se levanta la paralización de la quiebra y los acreedores pueden cobrar el 100%”.

“La Junta puede presentar más enmiendas al plan de ajuste y el proceso seguir hasta que se logre un acuerdo verdaderamente sostenible para el país. La legislatura debe resistir e impedir que se apruebe este plan de ajuste de la deuda como está, pues nos va a llevar a una segunda quiebra y a Puerto Rico a la miseria”, afirmó

Ambos enfatizaron en la importancia de no pagar por deuda emitida ilegalmente y que existen casos pendientes en el Título III que cuestionan la legalidad de estos bonos, que se caerían de confirmarse este plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta, costándole millones de dólares al país.

“Mientras la Junta alega que no confirmar este acuerdo representaría una penalidad de 100 millones, no le dice al país los cientos o miles de millones que se pierden también por renunciar a las solicitudes de cancelación de deuda ilegal y a las demandas contra los bancos y casas de corretajes que apoyaron estas emisiones fraudulentas”, concluyó la licenciada Prados. INS

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