Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 5 de octubre de 2021
P. Rico-Expertos consideran nefasto plan de ajuste de deuda del país que impulsa la JSF
San Juan, 5 oct (INS).- El plan de ajuste de la deuda pública propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) será nefasto para Puerto Rico, advirtieron varios expertos al pasar balance a la propuesta.
El abogado Rolando Emmanuelli, experto en la legislación Promesa aprobada ante la bancarrota del gobierno puertorriqueño por el Congreso de Estados Unidos, afirmó que el ajuste que se propone no es real ni el mejor que se puede lograr para beneficio del pueblo.
Esto así, debido a que se propone pagar por la deuda ilegal que la propia JSF ha impugnado, razón por la cual hay que insistir en los reclamos de cancelación de la deuda, pues de aprobarse este plan, no habría marcha atrás.
“Utilizando los mismos números que presentan los expertos de la junta de control fiscal, este plan de pago no es viable ni sostenible para Puerto Rico, pues la reducción que se hace a la deuda en bonos no es suficiente para evitar que la isla caiga en un nuevo impago”, indicó el economista Daniel Santamaría.
El integrante de la entidad Espacios Abiertos consideró que esto “nos deja en un lugar muy similar a donde estábamos antes de la quiebra, teniendo que seguir implantando medias de austeridad para garantizar el pago a los bonistas”.
“Este plan de la junta no es bueno para Puerto Rico”, recalcó Santamaría en el foro Cómo el Plan de Ajuste de la Deuda nos afecta: Mitos y Realidades, que presentaron la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Espacios Abiertos y el Colegio de Abogados y Abogadas.
El economista José Alameda consideró terrible el daño que se hará a los pensionados, ya que este plan no solo incluye un recorte inmediato del 8,5 por ciento, sino que se prohíbe por 25 años hacer ajustes por el aumento en el coste de vida, lo cual reduciría el valor a casi la mitad.
El catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico destacó el efecto que las medidas de austeridad y planes fiscales ya han tenido en los servicios esenciales, principalmente en las áreas de salud, educación, rehabilitación, salud mental, energía y el suministro de agua.
Entre los años fiscales 2008 y 2020, las estadísticas de la Oficina de Administración y Presupuesto mostraron que la cantidad de empleados públicos centrales cayó de 231 mil 502 a 128 mil 968, para una disminución de 102 mil 534, es decir -44.3 por ciento, precisó Alameda.
Esto ha dejado a las agencias públicas sin los recursos humanos necesarios para hacer su trabajo.
A este análisis se sumó la planificadora Cristina Miranda Palacios al alertar sobre el riesgo inminente de cierre al que se enfrentan sobre 40 de los 78 municipios de Puerto Rico.
La directora de la Liga de Ciudades señaló que si se cumplen con las reformas que pide la junta fiscal para el pago de la deuda, los municipios no podrán cumplir con la variedad de servicios esenciales que ofrecen a la ciudadanía.
El grupo de expertos coincidió en en la necesidad de una pronta salida de la quiebra y de la JSF, impuesta por Washington, pero no a un precio que Puerto Rico salga más perjudicado.
“El costo más alto para la isla no es seguir pagando por la Junta, es comprometerse en un pago de la deuda que impida el desarrollo económico que necesitamos y limite todavía más el funcionamiento del gobierno”, apuntó Santamaría. INS
P. Rico-Aumentan en 3,000 los referidos de salud mental de casos de niños que han presenciado incidentes de violencia doméstica
San Juan, 5 oct (INS).- El director auxiliar de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Joel Brens Aquino, informó que han aumentado en 3,000 los referidos de salud mental de casos de niños que han presenciado incidentes de violencia doméstica en el país.
El funcionario de la Assmca advirtió que los casos aumentaron en la agencia en 200%. Informó que hubo 10,390 referidos de maltrato presentados este año por el Departamento de la Familia, lo que representa un incremento de 3,000 casos más que el año pasado. Asimismo, el expresó que el aumento en la cantidad de casos se produjo como consecuencia de la pandemia.
Las expresiones de Brens Aquino se dieron ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside el senador independiente José Vargas Vidot, quien encabezó una audiencia pública sobre el proyecto del Senado 514 (por petición) de la autoría del senador Rubén Soto Rivera.
La medida busca enmendar la Ley 54 de Violencia Doméstica a los fines de establecer como requisito, el referido a servicios de salud mental a niños que han presenciado incidentes de violencia doméstica, ampliar el espectro de menores que puedan ser impactados y reasignar la tarea de prestación de servicios a la Assmca.
El director auxiliar de la Assmca no se opuso a la aprobación de la medida, pero indicó que para cumplir con lo dispuesto se necesita la identificación y delegación de fondos.
“Es importante mencionar que tenemos en nuestros programas o proyectos, profesionales de la conducta como: psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, especialistas Pares, consejeros vocacionales, líderes recreativos, entre otros que cuentan con las competencias para apoyar con este mal que aqueja a nuestra sociedad. Sin embargo, para cumplir con la solicitud específica expuesta en esta resolución se requiere la identificación y delegación de fondos a la Assmca”, acotó Brens Aquino.INS
P. Rico-Aprueba el Senado reducir el tiempo para que confinados puedan ser considerados a la Junta de Libertad Bajo Palabra
San Juan, 5 oct (INS).- El Senado aprobó en la sesión de este lunes el Proyecto del Senado 437, de las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Gretchen M. Hau, para enmendar el “Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de establecer los términos para que personas privadas de libertad cualifiquen para la consideración de la Junta de Libertad bajo Palabra (JLBP).
“Este es un proyecto que busca y es un paso adicional encaminado a transformar nuestro sistema correccional que sin duda debe ser mirado para lograr los cambios necesarios para tener un sistema penal centrado en la rehabilitación de las personas privadas de la libertad”, sostuvo Rodríguez Veve.
La senadora de Proyecto Dignidad manifestó que “se busca traducir en acción lo que ya está escrito en palabras en la Constitución de nuestro país. No puede quedarse en palabras bonitas, sino que nos corresponde viabilizar, crear los mecanismos para que ese objetivo se pueda llevar a cabo”.
Explicó que la pieza legislativa va dirigida a que las personas privadas de libertad con término de reclusión de 50 años podrán ser considerados y evaluadas por la JLBP a los 15 años.
“Los menores a los cinco años, cuando actualmente pueden ser considerados los diez años de reclusión. Además, para aquellos delitos de 99 años que al presente pueden ser considerados a los 35 años de reclusión, se reduciría a 25 años. También, en los menores juzgados como adultos se reduciría de 15 años en la actualidad a 10 años”, según indica la medida.
En su turno sobre el proyecto, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, se expresó a favor e indicó que “esta es una medida que defendemos y apoyaremos y va en camino de la justicia restaurativa. Nos parece que el propósito es uno meritorio”.
También se aprobó la Resolución del Senado 295, de la autoría de la senadora por el Distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, para ordenar la Comisión Especial para Erradicación de la Pobreza realizar una investigación continua en torno a la ejecución de las políticas públicas estatales, federales y municipales para combatir la pobreza, el hambre, el desarrollo y la autogestión comunitaria, y del Tercer Sector.
Igualmente, la medida busca evaluar la utilización de los fondos públicos disponibles para ayudar a las familias de Puerto Rico a salir de los niveles de pobreza; fiscalizar los servicios y el estado de situación de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), con especial énfasis en las comunidades adscritas a esta agencia, la administración de la entidad, incluyendo sus finanzas, operación y el cumplimiento con el ordenamiento legal y reglamentario, según aplique.
La autora de la medida expresó que “la pobreza es una realidad compleja y diversa que nos motiva a generar respuestas que encaminen políticas de avanzada y con gran pertinencia en el quehacer público. Es decir, si no atendemos la pobreza en todos los sectores poblacionales, seguiremos impactando negativamente nuestra sociedad y la economía. Es momento de legislar para construir la plataforma de acción para erradicar la pobreza en Puerto Rico”.
Además, el Senado dio paso a la Resolución Concurrente del Senado 19 de la autoría del portavoz de la mayoría Javier Aponte Dalmau, para expresar el total rechazo de parte del Senado de Puerto Rico al aumento en la factura del servicio eléctrico actualmente conocido como “cargo de transición”. Esto, incluyendo todo cargo directo o indirecto a la autogeneración mediante fuentes renovables, dispuesto en el actual acuerdo para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), o en cualquier versión futura de este acuerdo.
Por otro lado, el Senado otorgó su consejo y consentimiento al nombramiento de Lisa Alverio Flores al cargo de Procuradora de Asuntos de Menores. Igualmente, avaló el de Alba Iris Calderón Cestero como Presidenta de la Comisión Industrial; René Acosta y Jorge Jorge Flores como Miembros de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, siglas en inglés).
Asimismo, dio paso a otros nombramientos a la Judicatura como María del Pilar González Moreno para un nuevo término como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia; Julio de la Rosa Rivé como Juez Superior del Tribunal de Primera Instancia y Carlos Javier Capó Hernández como Juez Municipal del Tribunal de Primera Instancia. INS
P. Rico-Justicia refiere a Machargo ante Ética Gubernamental y al exalcalde Questell Alvarado al PFEI
San Juan, 5 oct (INS).- El Departamento de Justicia refirió h ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, y al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), al exalcalde de Santa Isabel, Enrique Questell, ante un referido de los representantes Héctor Ferrer Santiago y Estrella Martínez.
Justicia recomendó a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exalcalde de Santa Isabel por existir causa suficiente para creer que infringió las disposiciones del artículo 292 del Código Penal de Puerto Rico, sobre influencia indebida en la adjudicación.
Esto, relacionado con una reunión sostenida en el verano de 2020 con el secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, con la intención de adelantar una transacción relacionada con una querella pendiente de adjudicación.
Según informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, “también se recomendó que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el PFEI, se evalúe enviar el expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para que examine administrativamente las actuaciones del secretario del DRNA, al amparo del artículo 4.2 (s) de la Ley 1 de 2012 (Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico).
El artículo no contempla sanciones de naturaleza criminal, sino expresamente administrativas o civiles que le corresponde analizar y administrar a la Oficina de Ética Gubernamental.
Por tal razón, no se recomendó a la OPFEI la designación de un FEI contra Machargo Maldonado.
Además, la agencia recomendó que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes ante el PFEI, se evalúe enviar el expediente al Contralor Electoral de Puerto Rico para que lleve a cabo los procesos que correspondan a tenor con la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, debido a que la investigación preliminar reveló que se facilitó el uso del negocio El Aquarium para celebrar reuniones de campaña.
El referido es resultado de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia sobre posibles actuaciones delictivas, luego de que el 6 de abril de 2021 la agencia recibiera una comunicación suscrita por los representantes en la cual se presentaron varias alegaciones en contra de Questell Alvarado, Machargo Maldonado y el ingeniero Jorge Dávila Torres.
Contra el ingeniero Dávila Torres la investigación no demostró que incurriera en conducta que requiera recomendación de alguna índole.
En síntesis, alegaron que, en una audiencia pública celebrada por la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, el secretario del DRNA expuso que, durante el verano de 2020, se reunió en una residencia privada del entonces alcalde de Santa Isabel con relación a una querella pendiente de una vista adjudicativa y en la cual figura como parte querellada.
Además, alegaron que el secretario del DRNA participó de dicha reunión y visitó, junto al entonces alcalde y otras personas, el área objeto de la querella.
Esto, con la intención de adelantar una transacción relacionada con la querella.
Los hechos en su comunicación alertaron sobre la posible comisión de delito y faltas éticas o administrativas, por lo que se inició la investigación correspondiente.
Sobre el caso, Martínez dijo que “hemos advenido en conocimiento en el día de hoy de dichos referidos a raíz de nuestra querella. Nos mantendremos atentos al curso de dichos referidos para investigación la posible comisión de delitos y faltas éticas”.
Por su parte, Ferrer Santiago indicó que “no podemos permitir que las acciones ilegales queden impune y mucho menos que los que juraron servir al pueblo utilicen sus posiciones e influencias para servirse. Espero que se investigue y que los foros correspondientes tomen las determinaciones que en derecho procedan”.
Ambos representantes expresaron preocupación sobre la negativa de Domingo Emanueli Hernandez, secretario de Justicia, de validar las conclusiones del fiscal investigador del caso, conforme a la propia comunicación de la agencia, quien encontró múltiples violaciones de ley que el propio Departamento no acogió.
“En una movida irregular y que genera profundas cuestionamientos sobre el trámite realizado, Yolanda Morales Ramos, directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia, rechazó las conclusiones del fiscal investigador, descartó sus conclusiones de derecho y eximió de responsabilidad penal a otros funcionarios que pudieron haber cometido serios delitos de naturaleza grave”, dijo Ferrer Santiago.INS
P. Rico-Fiscalía de San Juan irá en alzada contra imputado de asesinar a Nilda Álvarez Lugo
San Juan, 5 oct (INS).- La Fiscalía de San Juan irá a vista preliminar en alzada el próximo 20 de octubre contra José Román Elías, imputado por el asesinato de Nilda Álvarez Lugo el 13 de noviembre de 2020, anuncióel Departamento de Justicia.
La jueza Yazdel A. Ramos Colón, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontró este lunes causa para juicio contra el hombre, a quien el Ministerio Público le había radicado cargos de asesinato en primer grado, violación a la Ley de Armas, escalamiento y robo agravado. Por lo que, inmediatamente, el fiscal, Ángel García Rodríguez, realizó la solicitud para celebrar la vista preliminar en alzada.
“Respetamos la determinación del tribunal en este caso, pero diferimos. El imputado admitió los hechos, libre y voluntariamente, y el Ministerio Público presentó la prueba necesaria de corroboración y de conexión del imputado con el asesinato”, señaló la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Melissa Vázquez Sandoval.
Manifestó que “entendemos que cumplimos con el estándar de prueba requerido para prevalecer en la fase de vista preliminar, por lo que vamos a recurrir en alzada”.
Durante la vista preliminar celebrada este lunes, el Ministerio Público presentó 19 testigos y 51 piezas de evidencia, entre las cuales se incluyeron fotos, bitácoras y prueba pericial.
No obstante, la jueza no quedó satisfecha con la totalidad de la prueba circunstancial sometida y exigió prueba científica que conectara al imputado con la escena.
Román Elías permanece sumariado, ya que, una vez se solicita la vista en alzada, el tribunal tiene la facultad de mantener las mismas condiciones de fianza. INS
P. Rico-Poder Judicial anuncia iniciativas para orientar sobre los remedios disponibles al amparo de la Ley de Salud Mental
San Juan, 5 oct (INS).- Durante el mes de octubre, el Poder Judicial de Puerto Rico impulsará una serie de esfuerzos dirigidos a orientar a la comunidad sobre los remedios legales disponibles en los tribunales al amparo de la Ley 408 de 2000 (Ley de Salud Mental de Puerto Rico).
Con estas iniciativas, el Poder Judicial asume un rol activo para concienciar acerca de los problemas de salud mental, según los objetivos promulgados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que ha decretado el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental.
El propósito de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico es, entre otros, establecer un sistema de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación para las personas que padecen de alguna condición mental.
Como parte de las actividades que se desarrollarán, el Poder Judicial promulgará una campaña educativa sobre los remedios legales que se pueden solicitar al tribunal al amparo de la ley, los cuales incluyen la detención temporera, el ingreso involuntario y el tratamiento obligatorio, entre otros remedios dirigidos al bienestar y seguridad de las personas con afecciones de salud mental.
De igual forma, la comunidad conocerá sobre otras iniciativas exitosas adoptadas por el Poder Judicial, como es el Proyecto para la Atención de Asuntos de Salud Mental (PAAS), cuya implementación desde el 2014 ha sido trascendental en procurar una atención sensible y especializada sobre los asuntos relacionados con los trastornos mentales al amparo de la Ley.
En concordancia con lo anterior, durante el mes se dedicará una serie de episodios del video podcast Tribunales Informa a orientar sobre estos remedios y cómo solicitarlos.
Para conocer más sobre los servicios que ofrece el Poder Judicial al amparo de la Ley de Salud Mental, se puede consultar el material educativo que se estará compartiendo durante el mes de octubre en las plataformas Facebook, Twitter, Instagram y YouTube del Poder Judicial.INS
ndc