Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 24 de septiembre de 2021
P. Rico-Microsoft cerrará sus operaciones en Humacao, en un proceso que afectará a 78 empleados, mientras que DDEC señala que “no escatimará” en esfuerzos para mitigar la medida
San Juan, 24 sep (INS).- La empresa Microsoft cerrará sus operaciones en Humacao, en un proceso que afectará a 78 empleados.
Microsoft anunció que mantendrá una plantilla remota en Puerto Rico y los demás empleados serán relocalizados en las diferentes oficinas que tienen a nivel global.
La reorganización se hará de manera gradual y culminará para el 2024.
La medida tendrá un efecto en los ingresos para el fisco por más de 300 millones de dólares.
Así lo informó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda: “A pesar de los diferentes esfuerzos que se llevaron a cabo en el DDEC para mantener a la empresa en la isla, la reorganización responde a un cambio en su modelo de negocio global en el que los servicios digitales y de bases de datos no pueden localizarse en una sola ubicación física geográfica”.
Además, indicó que la decisión responde “a aspectos financieros y de riesgos a elementos climáticos, entre otros. Microsoft Operations Puerto Rico validó su compromiso con sus empleados puertorriqueños y los esfuerzos que se estarán llevando a cabo en las operaciones de Humacao”-
Según el secretario, el DDEC lleva varios meses en comunicación con el alcalde del municipio de Humacao, Reinaldo Vargas, para trabajar esfuerzos en conjunto.
“El compromiso del DDEC es no escatimar esfuerzos encaminados a corto plazo, mitigar cualquier impacto a mediano plazo, identificar posibles inquilinos a las facilidades que ocupa Microsoft Operations Puerto Rico, y a largo plazo reforzar el ambiente de negocios en Puerto Rico de cara al futuro que todos merecemos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance en conjunto con Invest Puerto Rico para atraer a la Isla compañías globales y poder seguir desarrollando las compañías locales”, expresó el funcionario.INS
P. Rico-Presidente del Senado impugna intervención del Tribunal Supremo en selección de dirigentes de la Comisión Estatal de Elecciones
San Juan, 24 sep (INS).- El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció ayer que sometió una demanda en la que cuestionó la validez constitucional de la parte del Código Electoral del país que deja en manos del Tribunal Supremo la designación y confirmación de dos jueces para el cargo de presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La acción fue presentada en la mañana de ayer ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, mientras se expuso que durante el día se solicitará la certificación de la demanda para que sea atendida directamente por el Tribunal Supremo.
“El diseño constitucional puertorriqueño establece claramente que hay funciones o responsabilidades que son exclusivas de cada una de las tres ramas que componen nuestro gobierno. La rama ejecutiva tiene como una responsabilidad exclusiva nombrar personas para ocupar cargos en la rama ejecutiva. Como parte del balance de poderes queda entonces en manos de la asamblea legislativa prestar su consejo y consentimiento a esas designaciones que haga el gobernador o gobernadora”, subrayó Dalmau.
Explicó que en el proceso de nombrar personas a cargos en el gobierno, la Constitución no le concede ninguna función particular a los tribunales, más allá de dirimir diferencias entre los poderes ejecutivo y legislativo.
“Por lo tanto, he presentado una acción para cuestionar la validez de una disposición de la ley electoral en Puerto Rico que le da facultades tanto de la rama ejecutiva como del legislativo al Tribunal y deja en manos de sólo uno de los poderes constitucionales todas las funciones que han sido divididas entre los tres para evitar una injustificada concentración de poder”.
La acción judicial presentada contra el propio Tribunal Supremo y el gobierno de Puerto Rico solicita del Tribunal que determine la inconstitucionalidad de las disposiciones del artículo del código electoral de Puerto Rico.
La demanda expone que la coexistencia de estas ramas de gobierno dependen “de un delicado sistema de pesos y contrapesos que tiene como finalidad generar un equilibrio dinámico entre poderes coordinados y de igual rango para evitar la concentración de poder en uno de ellos. Asimismo, se protege la libertad de los ciudadanos y evita que una de las ramas amplíe su autoridad a expensas de las otras”.
De la misma manera que la Rama Legislativa no puede inmiscuirse en el poder de nominación de la Rama Ejecutiva o en el poder de revisar sentencias finales de la Rama Judicial, estas últimas tampoco pueden inmiscuirse en la facultad de consejo y consentimiento de la Rama Legislativa, afirma Dalmau Santiago.
El Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que la Rama Judicial podría asumir funciones ejecutivas, legislativas y hasta administrativas sólo si dichas funciones son incidentales al ejercicio del poder judicial conferido y si las mismas son necesarias para el buen funcionamiento de los procesos judiciales.
“Este caso trata de defender la Constitución de Puerto Rico y de mantener las funciones que les son exclusivas a cada rama de gobierno. Quitarle la responsabilidad constitucional al ejecutivo de nombrar es atentar contra ese delicado balance que permite el funcionamiento ordenado de nuestro gobierno”, apuntó el senador del Partido Popular Democrático (PPD).
“Corresponde ahora al propio Tribunal Supremo establecer que esa parte de la ley atenta contra la Constitución y que sólo el gobernador tiene la facultad de nominación, mientras que el Senado mantiene su poder de prestar el consejo y consentimiento a ese nombramiento. Las diferencias entre las ramas ejecutiva y legislativa para acordar quién ocupe el cargo de presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, no amerita ceder esos dos poderes y responsabilidades a los tribunales”, concluyó Dalmau Santiago. INS
P. Rico-Emite el DRNA nuevo reglamento para los Sistemas de Relleno Sanitario
San Juan, 24 sep (INS).- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió un nuevo Reglamento para los Sistemas de Relleno Sanitario (SRS), ajustado a las regulaciones federales, anunció el secretario Rafael Machargo Maldonado.
La nueva normativa entrará en vigor el próximo 7 de octubre de 2021, luego de cumplir el término de treinta días de presentado en el Departamento de Estado de Puerto Rico.
“Este reglamento se promulga, entre otros propósitos, para establecer los requisitos de evaluación de las actividades relacionadas con los sistemas de relleno sanitario. Además, atempera los requisitos aplicables al diseño y la operación de los SRS a los establecidos en la reglamentación federal, de conformidad con el acuerdo de delegación con la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), bajo el cual el DRNA administra el programa de permisos para los SRS de Puerto Rico”, explicó.
En el documento se establecen los requisitos para el diseño, la construcción, la operación, el cierre y mantenimiento posterior al cierre de los SRS nuevos o existentes, sus unidades y expansiones laterales.
Mediante estos requisitos se debe cumplir con los criterios mínimos del Ley de conservación y recuperación de recursos, que aplica a los SRS; igualmente se debe cumplir con el Ley de agua limpia, que también aplica a todos los SRS utilizados para la disposición de cienos, y La nueva fuente de rendimiento que norma la Ley de aire limpio.
Mediante el reglamento se establecen los requisitos e incluye prohibiciones sobre la disposición de ciertos desperdicios en los SRS, en virtud de la política pública sobre el manejo de los desperdicios sólidos, establece los requisitos de permiso y otras autorizaciones con los que deben cumplir los dueños u operadores de los SRS, así como los procedimientos administrativos mediante los cuales se otorgarán los mismos.
Machargo Maldonado agregó mediante comunicado de prensa que el Reglamento aplica a toda persona natural o jurídica dueña u operador de un SRS nuevo o existente, sus unidades y expansiones laterales donde se recibió, reciba o se disponga o se pretenda recibir o disponer, desperdicios sólidos no peligrosos dentro de los límites establecidos.
Sus disposiciones aplicarán a toda instalación de SRS nueva o existente, sus unidades y expansiones laterales donde se dispongan los desperdicios sólidos no peligrosos, incluyendo desperdicios especiales, dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, excepto a cualquier desperdicio o lugar expresamente excluido en cualquier legislación especial.
Sin embargo, este Reglamento no aplicará a los SRS que han dejado de recibir desperdicios con anterioridad al 9 de octubre de 1991.
Machargo Maldonado destacó que la aplicabilidad del Reglamento no impide que el DRNA o los gobiernos estatal y federal puedan llevar acciones legales o administrativas contra los pasados dueños u operadores o de cualquier persona natural o jurídica, por violaciones a otras disposiciones legales aplicables del DRNA u otras leyes o reglamentos federales o estatales.
“Cualquier departamento, agencia o rama del poder ejecutivo, legislativo o judicial o municipio que lleve a cabo cualquier actividad regulada en este reglamento, así como todo oficial, agente o empleado de los mismos, estará sujeto y obligado a cumplir con todos los requisitos, sustantivos y procesales, de este Reglamento”, afirmó.
El DRNA puede llevar a cabo inspecciones, investigaciones y requerimientos de información y cualquier otra gestión encaminada a asegurar el cumplimiento con las disposiciones del nuevo Reglamento, la Ley sobre Política Publica Ambiental, y cualquier permiso expedido al amparo de estos.
Indicó que de ninguna manera se le podrá dificultar a un funcionario del DRNA información solicitada o acceso para inspeccionar cualquier instalación o lugar en la que se lleven a cabo las actividades a inspeccionar.
“En el reglamento se establece que no será excusa para retrasar o suspender una inspección o requerimiento de información que no haya personal autorizado disponible en la instalación”, señaló.
El DRNA tiene la autoridad para revocar cualquier licencia, permiso o autorización, identificación o certificación concedida como penalidad por impedir, entorpecer o retrasar su fiscalización.
El Reglamento derogó el Capítulo IV del Reglamento Núm. 5717 del 14 de noviembre de 1997 (Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos no Peligrosos), así como disposiciones, resoluciones, acuerdos o reglamentación aprobada anteriormente por la pasada Junta de Calidad Ambiental, que resulten inconsistentes con las nuevas disposiciones. INS
P. Rico-Designado secretario de Estado afirmó su rechazo al recorte de las pensiones y reconoció que LUMA Energy debe mejorar su desempeño
San Juan, 24 sep (INS).- El designado a secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, se declaró contrario al recorte de las pensiones, tal como impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por Washington, y admitió que la privatizadora LUMA Energy debe mejorar su desempeño, al comparecer ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que dirige su presidente José Luis Dalmau Santiago.
“Soy fiel creyente de que el gobierno tiene que fungir como un facilitador para nuestros constituyentes, ya sea al momento de ofrecerle servicios gubernamentales a la ciudadanía, como también promoviendo las mejores prácticas para el emprendimiento”, expresó Marrero Díaz, al considerar que en ese renglón el Departamento de Estado es pieza fundamental en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
Designado al cargo el pasado 12 de julio de 2021, su trayectoria profesional enmarca la Secretaría del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), miembro de la junta de directores de la Administración de Compensación por Accidentes Automovilístico (ACAA), así como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas; de la Autoridad del Distrito de Convenciones; de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agenda Fiscal (AAFAF), posición que ocupa al presente.
La presidente incidental de la Comisión, la senadora por el Distrito de Guayama, Gretchen Hau, cuestionó al nominado sobre la preocupación en la que un funcionario ocupe más de un cargo a la vez.
Marrero respondió que reconoce la preocupación pero indicó que los logros en los cargos que ha ocupado se debe al final a un gran equipo de trabajo.
“Me he encargado de tener un equipo diverso. En el pasado tenía distintas encomiendas y confío en que el resultado ha sido uno positivo”, destacó el designado.
Añadió que entiende no debería renunciar actualmente a la AFFAF por el impacto que pudiera tener esa etapa final en la reestructuración de la deuda y lo que ventila actualmente en el tribunal federal.
Además, Hau cuestionó su postura en torno al recorte en las pensiones propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal, a lo que Marrero Díaz sostuvo que ha defendido en los diversos foros su posición en contra del recorte a las pensiones.
Señaló que recortar las pensiones financieramente no es viable y que de no ser favorecidos en el tribunal, “tomaremos medidas presupuestarias para garantizar el pago de las pensiones”.
Sobre la percepción en la lentitud con el desembolso de fondos para la reconstrucción del país luego del huracán María, incluyendo los techos azules existentes, manifestó que es una realidad que “el proceso de FEMA es sumamente burocrático”.
“La manera en que funciona FEMA es bien complejo”, explicó las restricciones que se han dado en el proceso de desembolso y lo comparó con los fondos destinados al Covid-19, que fueron recibidos directamente al Departamento de Hacienda y se desarrolló una estructura donde se ha trabajado directamente, contrario a lo ocurrido con los fondos de recuperación.
Cuestionado sobre la Ley 22, Marrero Díaz señaló que todo beneficioso contributivo tiene que tener un interés público.
“Se tiene que medir el rendimiento en la economía general. Si hay duda en cuanto a esa Ley se debe estudiar su impacto, rendimiento y hacer los ajustes necesarios y no solo de ese crédito, de todos los créditos. Pienso que debemos darle más beneficio contributivo a las pequeñas y medianas empresas y mirar la exportación como una base de herramienta contributiva”, afirmó el designado a Secretario de Estado.
En términos del contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy y el servicio eléctrico en este momento, Marrero Díaz indicó que cree que en Puerto Rico nadie puede estar satisfecho mientras se tenga un servicio deficiente, lo que contradice la postura del gobernador Pedro R. Pierluisi, quien incluso justificó la necesidad de un alza en la tarifa.
“En cuanto al servicio de LUMA nadie puede estar satisfecho; debe mejorar la comunicación de lo que se está haciendo y particularmente la comunicación con los alcaldes”, reconoció al reiterar que hay mucho espacio para mejorar.
Igualmente, reiteró la situación que tiene el sistema eléctrico luego del paso del huracán María.
Preguntado por la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, cuál ha sido el impacto directo del fondo rotativo en la reconstrucción de hogares en Puerto Rico, a lo que indicó que al presente no se han recibido fondos como tal, pero ha obtenido alrededor de 15 solicitudes que se la ha pasado a la JSF para su aprobación.
“Reconozco que en estos momentos estamos tratando de convencer a la JSF para que no vean este mecanismo con un préstamo”, expuso.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, preguntó sobre la garantía en términos de la Ley de Retiro Digno y la respuesta de Marrero Díaz fue que “en cuanto a la Ley de Retiro Digno siempre dijimos que tenía unos problemas legales”.
Asimismo, la senadora le recomendó al designado secretario de Estado que mire el rol que ocupa Puerto Rico en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De otra parte, la Comisión de Nombramientos recibió un sinnúmero de cartas pronunciándose sobre la designación de Marrero Díaz todas a favor con excepción de una de la Unión General de Trabajadores (UGT) en contra de su nominación.
Mientras, los alcaldes de Yabucoa, Hormigueros, Lares, Caguas, Río Grande, Juncos, Quebradillas, así como la Asociación y la Federación de Alcaldes están a favor del nombramiento.
Otros que dijeron estar a favor de Marrero Díaz fueron el Presidente de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de Puerto Rico de la Autoridad de los Puertos; el presidente de la Cámara de Comercio; la profesora Manuelita Muñoz Rivera, el profesor Dominique A. Gilormini de García y el presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico. INS
P. Rico-Una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres han sufrido la violencia sexual
San Juan, 24 sep (INS).- Una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres sufre de una experiencia de violencia sexual en algún momento de su vida, aseguró la doctora Linda Laras, al iniciar este jueves del Simposio Empieza por Creer, del Centro Salud Justicia de Puerto Rico, adscrito a la Escuela de Medicina San Juan Bautista.
“Cuando el 80% de las personas que acceden a nuestros servicios son menores de edad, cuando la persona ofensora en la mayor parte de los casos vive en casa de la víctima, cuando a la policía reportan mil casos pero hay nueve mil más que no reportaron, cuando solo el 2% de lo que se reporta llega a una convicción, cuando por cada experiencia traumática aumenta la posibilidad de enfermar crónicamente, urge tomar acción”, señaló Laras, ginecóloga forense y directora del Centro Salud Justicia de Puerto Rico.
La falta de conocimiento por parte de las víctimas de violencia sexual sobre dónde buscar los servicios y su accesibilidad, la falta de integración del sistema de seguridad, el no comprender que la fragmentación en la conversación de un niño es parte de su proceso de desarrollo, la revictimización, el sentido de culpabilidad, la minimización sobre la violencia, hace imperativa la necesidad continua de educación a los profesionales, acotó.
Laras añadió la importancia que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, encabezara la conferencia de apertura ante una presentación clara y magistral.
Además, concurrió con los retos y las oportunidades dialogados por los panelistas durante el evento, al sostener que “el Derecho solo puede ser una herramienta en la búsqueda de salud-justicia si consideramos el contexto en que se da la discriminación al género que impera en nuestro país”.
“Para garantizar los derechos de quienes se encuentran en una posición subordinada, es indispensable incorporar una dimensión de género a las pautas de interpretación y aplicación del Derecho”, destacó Oronoz Rodríguez.
El licenciado Aníbal Rosario conversó, por su parte, sobre los mitos que se convierten en retos, entre los que destacó no creer a las víctimas y hacer preguntas que siembran dudas, “¿Estás segura de lo que pasó?”, o no creer a las víctimas.
Además, pensar que los agresores son extraños, entender que las mujeres mienten para vengarse, además que retractarse o las inconsistencias implican que las personas están mintiendo.
Algunas de las oportunidades expuestas por los conferenciantes para lograr la Salud Justicia incluyeron la educación continuada sobre todo a los profesionales de la salud.
En recientes investigaciones, el 90 de estos profesionales afirmó conocer la totalidad de los protocolos pertinentes, mas solo el 10 por ciento reporta las situaciones de violencia sexual, por lo que debe ser una educación actualizada a la realidad del siglo XXI a través de la cual se hagan operacionales los procesos y se realicen prácticas como parte de un equipo interdisciplinario.
Igualmente, destacaron como imperativa la educación continuada a los profesionales de ley y orden de manera práctica y, en ciertos casos, mandatoria.
La educación desde los profesionales en formación en sus aulas universitarias es una prioridad, así como la educación a la comunidad para que sirva como una fuente de apoyo a las víctimas de agresión sexual.
“Que las personas conozcan sus derechos y cómo acceder a buscar ayuda”, concurrieron los participantes, además de plantear la necesidad de tener fondos recurrentes para prestar servicios, al igual que la importancia de la investigación y las estadísticas.
Cerca de 300 profesionales de diversas disciplinas participaron del Simposio, mientras las directoras de Red de Albergues, CIMVAS Biosicosocial y Coordinadora Paz para la Mujer conformaron el panel de organizaciones que brindan servicios.
La licencida Magda López presentó todas las leyes como recurso de fácil acceso a los asistentes.
El encuentro prosigue mañana viernes, 24 de septiembre, con la representación de los departamentos de Justicia, Familia, Seguridad Pública y Salud, así como la Procuraduría de las Mujeres.
El fin es recapitular sobre las próximas acciones para atajar la violencia sexual como un problema de salud pública desde los retos y oportunidades expuestos como parte del Simposio. INS
P. Rico-Microsoft cerrará sus operaciones en Humacao, en un proceso que afectará a 78 empleados, mientras que DDEC señala que “no escatimará” en esfuerzos para mitigar la medida
San Juan, 24 sep (INS).- La empresa Microsoft cerrará sus operaciones en Humacao, en un proceso que afectará a 78 empleados.
Microsoft anunció que mantendrá una plantilla remota en Puerto Rico y los demás empleados serán relocalizados en las diferentes oficinas que tienen a nivel global.
La reorganización se hará de manera gradual y culminará para el 2024.
La medida tendrá un efecto en los ingresos para el fisco por más de 300 millones de dólares.
Así lo informó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda: “A pesar de los diferentes esfuerzos que se llevaron a cabo en el DDEC para mantener a la empresa en la isla, la reorganización responde a un cambio en su modelo de negocio global en el que los servicios digitales y de bases de datos no pueden localizarse en una sola ubicación física geográfica”.
Además, indicó que la decisión responde “a aspectos financieros y de riesgos a elementos climáticos, entre otros. Microsoft Operations Puerto Rico validó su compromiso con sus empleados puertorriqueños y los esfuerzos que se estarán llevando a cabo en las operaciones de Humacao”-
Según el secretario, el DDEC lleva varios meses en comunicación con el alcalde del municipio de Humacao, Reinaldo Vargas, para trabajar esfuerzos en conjunto.
“El compromiso del DDEC es no escatimar esfuerzos encaminados a corto plazo, mitigar cualquier impacto a mediano plazo, identificar posibles inquilinos a las facilidades que ocupa Microsoft Operations Puerto Rico, y a largo plazo reforzar el ambiente de negocios en Puerto Rico de cara al futuro que todos merecemos. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance en conjunto con Invest Puerto Rico para atraer a la Isla compañías globales y poder seguir desarrollando las compañías locales”, expresó el funcionario.INS
P. Rico-Presidente del Senado impugna intervención del Tribunal Supremo en selección de dirigentes de la Comisión Estatal de Elecciones
San Juan, 24 sep (INS).- El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció que sometió una demanda en la que cuestionó la validez constitucional de la parte del Código Electoral del país que deja en manos del Tribunal Supremo la designación y confirmación de dos jueces para el cargo de presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La acción fue presentada en la mañana de ayer ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, mientras se expuso que durante el día se solicitará la certificación de la demanda para que sea atendida directamente por el Tribunal Supremo.
“El diseño constitucional puertorriqueño establece claramente que hay funciones o responsabilidades que son exclusivas de cada una de las tres ramas que componen nuestro gobierno. La rama ejecutiva tiene como una responsabilidad exclusiva nombrar personas para ocupar cargos en la rama ejecutiva. Como parte del balance de poderes queda entonces en manos de la asamblea legislativa prestar su consejo y consentimiento a esas designaciones que haga el gobernador o gobernadora”, subrayó Dalmau.
Explicó que en el proceso de nombrar personas a cargos en el gobierno, la Constitución no le concede ninguna función particular a los tribunales, más allá de dirimir diferencias entre los poderes ejecutivo y legislativo.
“Por lo tanto, he presentado una acción para cuestionar la validez de una disposición de la ley electoral en Puerto Rico que le da facultades tanto de la rama ejecutiva como del legislativo al Tribunal y deja en manos de sólo uno de los poderes constitucionales todas las funciones que han sido divididas entre los tres para evitar una injustificada concentración de poder”.
La acción judicial presentada contra el propio Tribunal Supremo y el gobierno de Puerto Rico solicita del Tribunal que determine la inconstitucionalidad de las disposiciones del artículo del código electoral de Puerto Rico.
La demanda expone que la coexistencia de estas ramas de gobierno dependen “de un delicado sistema de pesos y contrapesos que tiene como finalidad generar un equilibrio dinámico entre poderes coordinados y de igual rango para evitar la concentración de poder en uno de ellos. Asimismo, se protege la libertad de los ciudadanos y evita que una de las ramas amplíe su autoridad a expensas de las otras”.
De la misma manera que la Rama Legislativa no puede inmiscuirse en el poder de nominación de la Rama Ejecutiva o en el poder de revisar sentencias finales de la Rama Judicial, estas últimas tampoco pueden inmiscuirse en la facultad de consejo y consentimiento de la Rama Legislativa, afirma Dalmau Santiago.
El Supremo de los Estados Unidos ha reconocido que la Rama Judicial podría asumir funciones ejecutivas, legislativas y hasta administrativas sólo si dichas funciones son incidentales al ejercicio del poder judicial conferido y si las mismas son necesarias para el buen funcionamiento de los procesos judiciales.
“Este caso trata de defender la Constitución de Puerto Rico y de mantener las funciones que les son exclusivas a cada rama de gobierno. Quitarle la responsabilidad constitucional al ejecutivo de nombrar es atentar contra ese delicado balance que permite el funcionamiento ordenado de nuestro gobierno”, apuntó el senador del Partido Popular Democrático (PPD).
“Corresponde ahora al propio Tribunal Supremo establecer que esa parte de la ley atenta contra la Constitución y que sólo el gobernador tiene la facultad de nominación, mientras que el Senado mantiene su poder de prestar el consejo y consentimiento a ese nombramiento. Las diferencias entre las ramas ejecutiva y legislativa para acordar quién ocupe el cargo de presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones, no amerita ceder esos dos poderes y responsabilidades a los tribunales”, concluyó Dalmau Santiago. INS
P. Rico-Emite el DRNA nuevo reglamento para los Sistemas de Relleno Sanitario
San Juan, 24 sep (INS).- El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) emitió un nuevo Reglamento para los Sistemas de Relleno Sanitario (SRS), ajustado a las regulaciones federales, anunció el secretario Rafael Machargo Maldonado.
La nueva normativa entrará en vigor el próximo 7 de octubre de 2021, luego de cumplir el término de treinta días de presentado en el Departamento de Estado de Puerto Rico.
“Este reglamento se promulga, entre otros propósitos, para establecer los requisitos de evaluación de las actividades relacionadas con los sistemas de relleno sanitario. Además, atempera los requisitos aplicables al diseño y la operación de los SRS a los establecidos en la reglamentación federal, de conformidad con el acuerdo de delegación con la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), bajo el cual el DRNA administra el programa de permisos para los SRS de Puerto Rico”, explicó.
En el documento se establecen los requisitos para el diseño, la construcción, la operación, el cierre y mantenimiento posterior al cierre de los SRS nuevos o existentes, sus unidades y expansiones laterales.
Mediante estos requisitos se debe cumplir con los criterios mínimos del Ley de conservación y recuperación de recursos, que aplica a los SRS; igualmente se debe cumplir con el Ley de agua limpia, que también aplica a todos los SRS utilizados para la disposición de cienos, y La nueva fuente de rendimiento que norma la Ley de aire limpio.
Mediante el reglamento se establecen los requisitos e incluye prohibiciones sobre la disposición de ciertos desperdicios en los SRS, en virtud de la política pública sobre el manejo de los desperdicios sólidos, establece los requisitos de permiso y otras autorizaciones con los que deben cumplir los dueños u operadores de los SRS, así como los procedimientos administrativos mediante los cuales se otorgarán los mismos.
Machargo Maldonado agregó mediante comunicado de prensa que el Reglamento aplica a toda persona natural o jurídica dueña u operador de un SRS nuevo o existente, sus unidades y expansiones laterales donde se recibió, reciba o se disponga o se pretenda recibir o disponer, desperdicios sólidos no peligrosos dentro de los límites establecidos.
Sus disposiciones aplicarán a toda instalación de SRS nueva o existente, sus unidades y expansiones laterales donde se dispongan los desperdicios sólidos no peligrosos, incluyendo desperdicios especiales, dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, excepto a cualquier desperdicio o lugar expresamente excluido en cualquier legislación especial.
Sin embargo, este Reglamento no aplicará a los SRS que han dejado de recibir desperdicios con anterioridad al 9 de octubre de 1991.
Machargo Maldonado destacó que la aplicabilidad del Reglamento no impide que el DRNA o los gobiernos estatal y federal puedan llevar acciones legales o administrativas contra los pasados dueños u operadores o de cualquier persona natural o jurídica, por violaciones a otras disposiciones legales aplicables del DRNA u otras leyes o reglamentos federales o estatales.
“Cualquier departamento, agencia o rama del poder ejecutivo, legislativo o judicial o municipio que lleve a cabo cualquier actividad regulada en este reglamento, así como todo oficial, agente o empleado de los mismos, estará sujeto y obligado a cumplir con todos los requisitos, sustantivos y procesales, de este Reglamento”, afirmó.
El DRNA puede llevar a cabo inspecciones, investigaciones y requerimientos de información y cualquier otra gestión encaminada a asegurar el cumplimiento con las disposiciones del nuevo Reglamento, la Ley sobre Política Publica Ambiental, y cualquier permiso expedido al amparo de estos.
Indicó que de ninguna manera se le podrá dificultar a un funcionario del DRNA información solicitada o acceso para inspeccionar cualquier instalación o lugar en la que se lleven a cabo las actividades a inspeccionar.
“En el reglamento se establece que no será excusa para retrasar o suspender una inspección o requerimiento de información que no haya personal autorizado disponible en la instalación”, señaló.
El DRNA tiene la autoridad para revocar cualquier licencia, permiso o autorización, identificación o certificación concedida como penalidad por impedir, entorpecer o retrasar su fiscalización.
El Reglamento derogó el Capítulo IV del Reglamento Núm. 5717 del 14 de noviembre de 1997 (Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos no Peligrosos), así como disposiciones, resoluciones, acuerdos o reglamentación aprobada anteriormente por la pasada Junta de Calidad Ambiental, que resulten inconsistentes con las nuevas disposiciones. INS
P. Rico-Designado secretario de Estado afirmó su rechazo al recorte de las pensiones y reconoció que LUMA Energy debe mejorar su desempeño
San Juan, 24 sep (INS).- El designado a secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, se declaró contrario al recorte de las pensiones, tal como impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impuesta por Washington, y admitió que la privatizadora LUMA Energy debe mejorar su desempeño, al comparecer ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que dirige su presidente José Luis Dalmau Santiago.
“Soy fiel creyente de que el gobierno tiene que fungir como un facilitador para nuestros constituyentes, ya sea al momento de ofrecerle servicios gubernamentales a la ciudadanía, como también promoviendo las mejores prácticas para el emprendimiento”, expresó Marrero Díaz, al considerar que en ese renglón el Departamento de Estado es pieza fundamental en el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
Designado al cargo el pasado 12 de julio de 2021, su trayectoria profesional enmarca la Secretaría del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), miembro de la junta de directores de la Administración de Compensación por Accidentes Automovilístico (ACAA), así como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos; director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público- Privadas; de la Autoridad del Distrito de Convenciones; de la Oficina de Recuperación y Reconstrucción (COR3) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agenda Fiscal (AAFAF), posición que ocupa al presente.
La presidente incidental de la Comisión, la senadora por el Distrito de Guayama, Gretchen Hau, cuestionó al nominado sobre la preocupación en la que un funcionario ocupe más de un cargo a la vez.
Marrero respondió que reconoce la preocupación pero indicó que los logros en los cargos que ha ocupado se debe al final a un gran equipo de trabajo.
“Me he encargado de tener un equipo diverso. En el pasado tenía distintas encomiendas y confío en que el resultado ha sido uno positivo”, destacó el designado.
Añadió que entiende no debería renunciar actualmente a la AFFAF por el impacto que pudiera tener esa etapa final en la reestructuración de la deuda y lo que ventila actualmente en el tribunal federal.
Además, Hau cuestionó su postura en torno al recorte en las pensiones propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal, a lo que Marrero Díaz sostuvo que ha defendido en los diversos foros su posición en contra del recorte a las pensiones.
Señaló que recortar las pensiones financieramente no es viable y que de no ser favorecidos en el tribunal, “tomaremos medidas presupuestarias para garantizar el pago de las pensiones”.
Sobre la percepción en la lentitud con el desembolso de fondos para la reconstrucción del país luego del huracán María, incluyendo los techos azules existentes, manifestó que es una realidad que “el proceso de FEMA es sumamente burocrático”.
“La manera en que funciona FEMA es bien complejo”, explicó las restricciones que se han dado en el proceso de desembolso y lo comparó con los fondos destinados al Covid-19, que fueron recibidos directamente al Departamento de Hacienda y se desarrolló una estructura donde se ha trabajado directamente, contrario a lo ocurrido con los fondos de recuperación.
Cuestionado sobre la Ley 22, Marrero Díaz señaló que todo beneficioso contributivo tiene que tener un interés público.
“Se tiene que medir el rendimiento en la economía general. Si hay duda en cuanto a esa Ley se debe estudiar su impacto, rendimiento y hacer los ajustes necesarios y no solo de ese crédito, de todos los créditos. Pienso que debemos darle más beneficio contributivo a las pequeñas y medianas empresas y mirar la exportación como una base de herramienta contributiva”, afirmó el designado a Secretario de Estado.
En términos del contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy y el servicio eléctrico en este momento, Marrero Díaz indicó que cree que en Puerto Rico nadie puede estar satisfecho mientras se tenga un servicio deficiente, lo que contradice la postura del gobernador Pedro R. Pierluisi, quien incluso justificó la necesidad de un alza en la tarifa.
“En cuanto al servicio de LUMA nadie puede estar satisfecho; debe mejorar la comunicación de lo que se está haciendo y particularmente la comunicación con los alcaldes”, reconoció al reiterar que hay mucho espacio para mejorar.
Igualmente, reiteró la situación que tiene el sistema eléctrico luego del paso del huracán María.
Preguntado por la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, cuál ha sido el impacto directo del fondo rotativo en la reconstrucción de hogares en Puerto Rico, a lo que indicó que al presente no se han recibido fondos como tal, pero ha obtenido alrededor de 15 solicitudes que se la ha pasado a la JSF para su aprobación.
“Reconozco que en estos momentos estamos tratando de convencer a la JSF para que no vean este mecanismo con un préstamo”, expuso.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, preguntó sobre la garantía en términos de la Ley de Retiro Digno y la respuesta de Marrero Díaz fue que “en cuanto a la Ley de Retiro Digno siempre dijimos que tenía unos problemas legales”.
Asimismo, la senadora le recomendó al designado secretario de Estado que mire el rol que ocupa Puerto Rico en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
De otra parte, la Comisión de Nombramientos recibió un sinnúmero de cartas pronunciándose sobre la designación de Marrero Díaz todas a favor con excepción de una de la Unión General de Trabajadores (UGT) en contra de su nominación.
Mientras, los alcaldes de Yabucoa, Hormigueros, Lares, Caguas, Río Grande, Juncos, Quebradillas, así como la Asociación y la Federación de Alcaldes están a favor del nombramiento.
Otros que dijeron estar a favor de Marrero Díaz fueron el Presidente de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de Puerto Rico de la Autoridad de los Puertos; el presidente de la Cámara de Comercio; la profesora Manuelita Muñoz Rivera, el profesor Dominique A. Gilormini de García y el presidente del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico. INS
P. Rico-Una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres han sufrido la violencia sexual
San Juan, 24 sep (INS).- Una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres sufre de una experiencia de violencia sexual en algún momento de su vida, aseguró la doctora Linda Laras, al iniciar este jueves del Simposio Empieza por Creer, del Centro Salud Justicia de Puerto Rico, adscrito a la Escuela de Medicina San Juan Bautista.
“Cuando el 80% de las personas que acceden a nuestros servicios son menores de edad, cuando la persona ofensora en la mayor parte de los casos vive en casa de la víctima, cuando a la policía reportan mil casos pero hay nueve mil más que no reportaron, cuando solo el 2% de lo que se reporta llega a una convicción, cuando por cada experiencia traumática aumenta la posibilidad de enfermar crónicamente, urge tomar acción”, señaló Laras, ginecóloga forense y directora del Centro Salud Justicia de Puerto Rico.
La falta de conocimiento por parte de las víctimas de violencia sexual sobre dónde buscar los servicios y su accesibilidad, la falta de integración del sistema de seguridad, el no comprender que la fragmentación en la conversación de un niño es parte de su proceso de desarrollo, la revictimización, el sentido de culpabilidad, la minimización sobre la violencia, hace imperativa la necesidad continua de educación a los profesionales, acotó.
Laras añadió la importancia que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, encabezara la conferencia de apertura ante una presentación clara y magistral.
Además, concurrió con los retos y las oportunidades dialogados por los panelistas durante el evento, al sostener que “el Derecho solo puede ser una herramienta en la búsqueda de salud-justicia si consideramos el contexto en que se da la discriminación al género que impera en nuestro país”.
“Para garantizar los derechos de quienes se encuentran en una posición subordinada, es indispensable incorporar una dimensión de género a las pautas de interpretación y aplicación del Derecho”, destacó Oronoz Rodríguez.
El licenciado Aníbal Rosario conversó, por su parte, sobre los mitos que se convierten en retos, entre los que destacó no creer a las víctimas y hacer preguntas que siembran dudas, “¿Estás segura de lo que pasó?”, o no creer a las víctimas.
Además, pensar que los agresores son extraños, entender que las mujeres mienten para vengarse, además que retractarse o las inconsistencias implican que las personas están mintiendo.
Algunas de las oportunidades expuestas por los conferenciantes para lograr la Salud Justicia incluyeron la educación continuada sobre todo a los profesionales de la salud.
En recientes investigaciones, el 90 de estos profesionales afirmó conocer la totalidad de los protocolos pertinentes, mas solo el 10 por ciento reporta las situaciones de violencia sexual, por lo que debe ser una educación actualizada a la realidad del siglo XXI a través de la cual se hagan operacionales los procesos y se realicen prácticas como parte de un equipo interdisciplinario.
Igualmente, destacaron como imperativa la educación continuada a los profesionales de ley y orden de manera práctica y, en ciertos casos, mandatoria.
La educación desde los profesionales en formación en sus aulas universitarias es una prioridad, así como la educación a la comunidad para que sirva como una fuente de apoyo a las víctimas de agresión sexual.
“Que las personas conozcan sus derechos y cómo acceder a buscar ayuda”, concurrieron los participantes, además de plantear la necesidad de tener fondos recurrentes para prestar servicios, al igual que la importancia de la investigación y las estadísticas.
Cerca de 300 profesionales de diversas disciplinas participaron del Simposio, mientras las directoras de Red de Albergues, CIMVAS Biosicosocial y Coordinadora Paz para la Mujer conformaron el panel de organizaciones que brindan servicios.
La licencida Magda López presentó todas las leyes como recurso de fácil acceso a los asistentes.
El encuentro prosigue mañana viernes, 24 de septiembre, con la representación de los departamentos de Justicia, Familia, Seguridad Pública y Salud, así como la Procuraduría de las Mujeres.
El fin es recapitular sobre las próximas acciones para atajar la violencia sexual como un problema de salud pública desde los retos y oportunidades expuestos como parte del Simposio. INS
ndc