Inter News Service Agencia de Noticias
La legisladora Sol Higgins Cuadrado condujo la audiencia. Inter News Service/Griselle Rosario
San Juan, 22 sep (INS).- La Comisión de Salud investigó hoy los planes del Gobierno de Puerto Rico sobre la implementación de leyes que regulan los administradores de beneficios médicos, aseguradoras de salud y promocionan incentivos para detener el éxodo de profesionales médicos.
La jueza Layra Taylor Swain avaló el año pasado un interdicto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para establecer que las Leyes 82-2019; Ley 138-2019 y Ley 47-2020 no cumplen con la sección 2014(c) de la Ley Promesa, que resguarda los impactos al fisco.
La decisión judicial detuvo la implementación de las leyes y consigo, los beneficios legislados para los pacientes dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, por lo que este miércoles la Comisión de Salud condujo una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 274.
“Una de las razones para retomar esta investigación es con el fin de que el ejecutivo y el legislativo se puedan poner de acuerdo y atender este problema que nos impone la Junta. Mi objetivo es buscar soluciones concretas para garantizar a los puertorriqueños los servicios de salud que realmente merecen”, señaló la representante Sol Higgins Cuadrado, presidenta de la Comisión de Salud.
Algunas de las razones sometidas por la Junta en el recurso legal redundan en que el Gobierno de Puerto Rico no proveyó certificaciones adecuadas y racionales sobre el impacto fiscal de las leyes aprobadas.
El asesor legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) de Puerto Rico, Jean Peña Payano, aseguró que tanto su agencia como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) han emitido todas las certificaciones en cumplimiento con la Ley Promesa.
“La AAFAF ha cumplido con las exigencias de la Junta cada vez que se cuestiona la propiedad de alguna legislación aprobada en la Asamblea Legislativa. Entendemos que la acogida de los argumentos por parte de la jueza Layra Taylor Swain son erróneos”, mencionó.
También añadió que las certificaciones solicitadas por la JSF tienen una laguna jurídica, ya que “la Sección 204 de Promesa no requiere anticipar cualquier escenario posible —sobre impacto fiscal— y que, en su lugar, meramente requiere un esfuerzo de buena fe para determinar los efectos fiscales de la legislación y su consistencia con el plan fiscal vigente”.
Según el secretario auxiliar de la Oficina de Reglamentación y Acreditación de Facilidades del Departamento de Salud, Edwin León Pérez, “la Ley 82 beneficiaría significativamente a todas las farmacias de Puerto Rico y, más aún, a los pacientes cuyo acceso a medicamentos —en muchas ocasiones— es denegado por los administradores de beneficios médicos de forma arbitraria y caprichosa”.
El representante Juan Oscar Morales, autor de la medida, señaló que los objetivos de la legislación buscan beneficiar al ciudadano de a pie y que el proyecto apoya a las farmacias de la comunidad.
“Vemos que son cada vez más las farmacias que cierran, mientras (hay) menos farmacias, menos acceso a medicamentos y servicios para nuestros pacientes, (porque) también los cierres causan escasez de medicamentos”, sostuvo.
DEFIENDEN INCENTIVOS PARA CLASE MÉDICA
El representante del Departamento de Salud defendió el alcance de la Ley 47-2020 (Código de Incentivos de Puerto Rico), que busca reducir el éxodo de profesionales médicos a otros países por razones económicas y operacionales.
“El Gobierno deberá computar el impacto adverso al fisco que ocasiona el que el pueblo no tenga adecuado acceso a los servicios básicos y especializados de salud debido al éxodo de la clase médica”, apuntó.
León Pérez sugirió que se debe argumentar ante la Junta de Supervisión Fiscal que los incentivos que se le conceden a los médicos permiten enfrentar una crisis de salud pública que, mientras subsista, limita la transformación socioeconómica de Puerto Rico.
El ayudante de la rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Ramón González, argumentó que una parte fundamental de la solución para implementar la ley es la reformulación sustancial de la premisa bajo la cual se pudiera conceder en un futuro los incentivos.
“En lugar de disponer la elegibilidad abarcadora de decretos para todos los proveedores elegibles hasta el momento, entendemos que la concesión de incentivos debe adherirse a criterios específicos de necesidad y escasez de determinado proveedor de servicios de salud”, señaló.
La legisladora Higgins Cuadrado también cuestionó al representante de AAFAF, Peña Payano, sobre cuál es el estatus del gobierno en la apelación del mandato judicial, a lo que respondió que el trámite legal se encuentra en los procesos burocráticos del tribunal.
“Es importante que se continúe dando la batalla en los tribunales por el bien de la salud de nuestra gente y de la clase médica. Debemos unir esfuerzos para velar por la salud de todos. Sobre todo, tenemos que hacer algo distinto con relación a los acercamientos a la Junta. Lo que estamos haciendo ahora no nos está funcionando”, mencionó la legisladora. INS
ndc
