
Imagen del barrio Los Tres Brazos, vendido por exfuncionarios estatales a precios irrisorios. / Inter News Service
Santo Domingo, 18 sep (INS).- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostuvo que exfuncionarios estatales se confabularon para vender ilegalmente un millón de metros cuadrados de un terreno ocupado por más de 70 mil familias en la comunidad conocida como Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este.
De acuerdo con los detalles de la transacción ofrecidos por el fiscal adjunto José Miguel Marmolejos, esas irregularidades las cometió Leoncio Almánzar, exdirector de la desarticulada Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), en complicidad con otras 15 personas.
Los investigadores han establecido que los imputados desfalcaron y estafaron al Estado dominicano con más de 500 millones de pesos (8,8 millones de dólares).
Refiere el expediente que los acusados tenían expectativas de obtener ganancias por miles de millones de pesos, resultado de revender la infraestructura pública y privada desarrollada en el sector, valiéndose de maniobras fraudulentas (estafa) en perjuicio del Estado y del pago de beneficios indebidos en forma de sobornos.
Este caso fraudulento surgió a la luz pública en 2016, cuando se denunció la venta del inmueble a la empresa Inversiones Fernández Parache (Infepa), por medio de la compañía Titutlatec.
“Se trataba de más de un millón de metros cuadrados donde existían 17,300 viviendas y casi 63 mil habitantes, además de servicios estatales básicos, poniendo en situación de desalojo a decenas de familias con más de 30 años habitando el lugar”, publicaron los medios nacionales.
Los residentes afectados procedieron en esa ocasión a demandar sanciones contra los responsables mediante instancias legales depositadas ante el Ministerio Público, organismo que de inmediato dio curso a la querella procediendo a interrogar a los acusados del dolo.
El Ministerio Público inició la lectura formal de la acusación el 4 de marzo de 2021. Ayer, los fiscales continuaron leyendo los hechos en la audiencia preliminar que se desarrolla en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró.
“En lo que leímos en el día de hoy pudimos ver, por ejemplo, cómo el imputado Leoncio Almánzar vendió ilegalmente un millón de metros cuadrados que conforman el sector de Los Tres Brazos a cambio de aceptar como pago un solar, encima, hipotecado, en una zona rural”, dijo el fiscal.
Indicó que “a medida que vamos leyendo la acusación, nosotros vamos viendo cómo se van distribuyendo cada uno de los delitos cometidos por los imputados. Y nosotros entendemos que con las pruebas que ha aportado el Ministerio Público no quedará otra alternativa que no sea condenar a los imputados (en la etapa de juicio de fondo)”.
El fiscal adjunto, José Miguel Marmolejos, declaró que la investigación involucra más de 500 páginas, de las cuales en el juicio de fondo se han leído 200.
En el expediente, además de Almánzar, figuran como imputados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, registradora de títulos del Distrito Nacional.
De igual manera, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L..
También los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también incrimina a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
Al grupo se le imputan los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión. INS
mv/aa
Inter News Service Agencia de Noticias