Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 14 de septiembre de 2021
P. Rico-Descarta Pizá Batiz que problemas en los muelles surgieran por acuerdo de empresas
San Juan, 14 sep (INS).- El director de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, descartó que la consolidación entre empresas portuarias fuera causante de los problemas en los muelles, al tiempo que aseguró que el acuerdo colaborativo no tiene el efecto de mejorar la competitividad.
“El acuerdo entre Luis Ayala Colón (LAC) y Puerto Rico Terminals (PRT) fue debidamente aprobado por el Federal Maritime Commission (FMC); es importante resaltar que, de terminar el referido contrato, las compañías mantendrían sus respectivas carteras de clientes, por lo que, el acuerdo colaborativo no tiene el efecto de mejorar la competitividad en los puertos”, sostuvo el funcionario.
La argumentación surgió en la vista pública celebrada por la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, sobre la Resolución de la Cámara 234, que investiga la implantación del Acuerdo Cooperativo entre las empresas Luis Ayala Colón y Puerto Rico Terminals y sus efectos operacionales en los muelles de San Juan.
“Esta investigación sobre los puertos es importante porque, tras los eventos más recientes, pudimos constatar que cualquier problema en la zona portuaria puede afectar directamente la vida de todos los puertorriqueños”, mencionó Torres Cruz.
El director de los Puertos detalló que actualmente la empresa Ayala Colón ocupa 102 cuerdas de los muelles de San Juan y Puerto Rico Terminals tiene control de 32.5 cuerdas, mientras el gobierno de Puerto Rico tiene únicamente 19 cuerdas, a través de la administración de la Autoridad de los Puertos.
“Aquí el problema es la huelga, no el acuerdo. Es preocupante que se desarrolle una cultura de paralizar los puertos y la entrada de mercancía a través de la zona portuaria. Mi exhortación es que comencemos a tomar en cuenta que nada justifica que se detenga ningún barco”, señaló Pizá Batiz.
El pasado mes de julio un conflicto obrero patronal entre la empresa LCA, operador del Muelle de San Juan, y la Unión de Trabajadores de los Muelles detuvo el movimiento de mercancía internacional que llega a la isla, causando un problema de abastos de productos farmacéuticos y alimentos perecederos.
Según la representante Mariana Nogales Molinelli, las empresas, luego de completarse el acuerdo, quedarían al control del 87 por ciento de la actividad comercial en los muelles de San Juan.
“La situación en los puertos es alarmante; aquí se le está entregando el control a estas empresas que tienen un récord criminal. Se le está dando desde la Autoridad de los Puertos la confianza a estas compañías de hacer acuerdos que supuestamente traerán un beneficio al país”, argumentó la portavoz en la Cámara del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
A su vez, Nogales Molinelli expresó que las nuevas compañías hacen la función de lavarle la cara a nombres como Horizon y Sea Star, ya que en 2013, “los principales ejecutivos de estas grandes compañías fueron encontrados culpables de colusión”.
El exdirector de la AP, Anthony Maceira Zayas, explicó que el acuerdo colaborativo, que forman una nueva empresa (Puerto Nuevo Terminals), trata de aprovechar de manera más eficiente los activos existentes, así como las inversiones privadas planificadas en infraestructura y tecnología para brindar un mejor servicio a los transportistas, conductores de camiones y otros usuarios del puerto y brindar beneficios significativos a los consumidores y negocios de Puerto Rico.
El representante José Aponte Hernández, autor de la resolución, detalló que la FMC no encontró en la evaluación del acuerdo evidencia de reducción de competencia, pero sí ordenó un monitoreo robusto al acuerdo del PNT, con una rigurosa divulgación de información del negocio y del mercado.
Maceira Zayas anotó que el 3 de abril de 2020, el PNT presentó una enmienda a su acuerdo original con la FMC, aclarando la intención de las partes de que los dos terminales que trabajan juntos no constituyen una fusión o adquisición.
“El rol de PNT será operar como una entidad administradora conjunta de terminales compartidos y un agente para LAC y PRT”, apuntó Maceira Zayas.
El presidente de la empresa Puerto Rico Terminals, Chris May, defendió el acuerdo cooperativo y aseguró que su organización contó con los avales federales requeridos.
En la vista pública, los representantes tuvieron la oportunidad de interpelar al subdirector ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Nelson Pérez Méndez, los licenciados Guarionex Díaz Martínez y Wildaliz Figueroa en representación del Departamento de Justicia y al director de Crowley Puerto Rico, José Francisco Nazario Cruz.
La audiencia fue celebrada en conjunto con la Comisión de Transportación y Obras Públicas, presidida por el representante José Aníbal Díaz Collazo. INS
P. Rico-Excede Justicia su competencia al no presentar caso de Rosselló Nevares ante un juez, afirma expresidente de abogados colegiados
San Juan, 14 sep (INS).- El Departamento de Justicia excedió su competencia al no presentar ante un magistrado el caso contra el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares por violación a la ley electoral, concluyó el licenciado Alejando Torres Rivera, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).
“En el caso del gobernador Rosselló Nevares entraban los elementos básicos para la configuración de un delito de falsificación de residencia y de violación a lo que es la ley electoral”, manifestó el letrado a la agencia Inter News Service (INS) abordado respecto a una posible acción fraudulenta en contravención al Código Electoral de 2020.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, justificó el pasado 4 de septiembre, junto a los fiscales Gretchen Camacho Rossy y Rufino Jiménez Cardona, la no presentación de cargos contra Rosselló Nevares y su esposa Beatriz Areizaga García por participar en la elección especial del 16 de mayo de 2021 de seis cabilderos por la estadidad.
Los fiscales Camacho Rossy y Jiménez Cardona concluyeron que Rosselló Nevares y Areizaga García no son electores domiciliados en Puerto Rico, tal como define el Código Electoral de 2020, aprobado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), pero determinaron no acusarlo.
Ante este panorama, el licenciado Torres Rivera destacó que, por lo tanto, “eso debió ser presentado ante un magistrado en lugar del Departamento de Justicia adjudicar que no era procesable esa conducta”.
“Cuando se lleva a cabo una investigación por un funcionario del Departamento de Justicia y se concluye, a través de la investigación, que los elementos básicos del delito están, pues se supone que quien determine si se sigue el curso adelante hacia un juicio, acusación, una denuncia, es un magistrado que está en sala de investigaciones”, dijo el profesor de Derecho.
Torres Rivera destacó que “hay un procedimiento de las reglas de procedimiento criminal, específicamente la Regla 6, que requiere que se presente la prueba que se entienda que es suficiente en esa etapa del procesamiento para determinar si hay la posibilidad o no de que el delito se haya cometido”.
“La función del fiscal no es adjudicar la comisión o la no comisión del delito, sino presentar esa prueba y que el juez determine si hay o no la causa probable para continuar o no con el procedimiento”, resumió el veterano abogado.
Torres Rivera estableció que “si se trata de un delito menos grave se procede con una denuncia que se suscribe allí mismo o si se trata de un delito grave con una acusación”.
El exmandatario emitió, al igual que su esposa, un voto ausente, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos en ley, por lo que se trata de una acción fraudulenta sujeta a procesamiento criminal.
Rosselló Nevares tuvo que abandonar la gobernación de Puerto Rico en el verano de 2019 ante un multitudinario levantamiento del pueblo, ofendido por los insultos y prejuicios externados junto a su círculo de funcionarios más íntimos, y por la corrupción en su administración, incluido el Departamento de Educación. INS
P. Rico-Aprueba el Senado asignación de $20 millones en fondos legislativos para 591 entidades de labor social
San Juan, 14 sep (INS).- El Senado de Puerto Rico aprobó en su sesión de ayer el informe del Comité de Conferencia de la Resolución Conjunta del Senado 138, que asigna 20 millones de dólares del Fondo General 2021-2022 a distribuirse entre 591 instituciones semipúblicas, públicas, privadas y de servicios para mejorar la calidad de vida ciudadana.
La medida señala que 591 organizaciones se beneficiarán de estos fondos entre los que se encuentran A Ti Mujer Imparable, Inc., con la cantidad de $16,834; A.M.I.G.O.S, Inc, con $5,465; ABC Infantil, $7,867; Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación $75,000.00 y la Academia Puertorriqueña de la Historia. $5,000.
Además, el informe señala que los fondos asignados deberán ser desembolsados por el Departamento de Hacienda no más tarde del 30 de septiembre de 2021.
“Los beneficiarios de los fondos asignados en la sección 1 de esta Resolución Conjunta deberán evidenciar que los gastos constituyen parte de los servicios cubiertos en su propuesta aprobada para el referido periodo de tiempo, así como cumplir con cualquier documentación adicional que se le requiera por virtud de la Ley 113-1996 y la Ley 20-2015”, indica el informe de la medida del Comité de Conferencia.
Los fondos asignados podrán ser pareados con asignaciones estatales, federales, municipales y privadas.
El Senado también avaló el Proyecto del Senado 375, de la autoría de su presidente José Luis Dalmau Santiago, que propone enmendar la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico para establecer mediante ley, incentivos para los maestros del sistema educación pública de Puerto Rico que se trasladen a residir de forma temporera o que viajen diariamente a impartir clases en las escuelas de las islas municipios de Vieques y Culebra.
Según el informe positivo de la medida, “la finalidad es otorgarle atención prioritaria a los profesionales del magistrado que viajan o se hospedan en las islas municipio de Vieques y Culebra para impartir la enseñanza”.
“Por último, a través de la presente medida legislativa se quiere dejar establecido Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico el incentivo para estos maestros que hacen diversos cambios en su estilo de vida para trasladarse temporeramente o viajar a diario a las islas municipio”, precisa.
Al principio de cada año escolar se ofrecerá a estos maestros, en particular, un bono de 100 dólares para la compra de equipo de comunicación que permita acceso a la Internet y al salón de clases.
El senador Javier Aponte Dalmau agradeció al presidente del Senado por la pieza legislativa, ya que “todos sabemos la situación (que viven los hermanos de las islas municipio); todos saben que estos maestros que han sido asignados a las islas municipio (pagan un alto costo por) la renta. Una medida como esta, que tiene un impacto (de justicia social debe utilizase como modelo para otros asuntos)”.
Además, se aprobó el Proyecto del Senado 75, por petición presentado por el senador independiente José Vargas Vidot, para crear la “Ley del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias Médicas Traumáticas en Puerto Rico”.
La medida tiene el propósito de establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto al manejo de trauma y emergencias médicas traumáticas, crear la Junta Reglamentadora del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de Trauma y Emergencias Médicas Traumáticas; disponer las facultades y deberes de la Junta y destinar fondos para la operación del Sistema.
“Es una medida que venimos trabajando hace años y la realidad en Puerto Rico es que no se atiende el trauma de una manera uniforme y provoca discapacidades y muertes y pudieran prevenirse con un plan para el manejo uniforme”, expresó Vargas Vidot en un turno sobre el proyecto.
Agregó que “esto es importante, casi todos los países han logrado tener una respuesta uniformada desde que la persona se encuentra con un trauma donde ocurre la situación hasta llegar al hospital. Es un sistema uniforme con tecnología, información, comunicación efectiva y la respuesta para atender una situación de trauma”.
El Senado también dio paso al Proyecto del Senado 244, presentado por la senadora independentista María de Lourdes Santiago, para enmendar la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el fin de establecer en las escuelas públicas intermedias y superiores un curso de formación cívica, política y parlamentaria enfocado en derechos humanos, la erradicación del racismo y la xenofobia y los valores promulgados por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
“Este es un proyecto sumamente importante e interesante porque al fin y al cabo queremos para las escuelas públicas las mismas oportunidades que tienen los jóvenes de los colegios. En la inmensa mayoría de los colegios se da un curso relacionado con los proceso de las Naciones Unidas, otros con los de la Organización de Estados Americanos. Los estudiantes aprenden de procesos parlamentario, como trabajar en equipo. Es tener un estudiante activo con su compañeros haciendo todo tipo de investigación relacionado con un tema mayormente de justicia social”, afirmó el senador Henry Neumann, del Partido Nuevo Progresista (PNP).
A la vez, se aprobó el Proyecto de la Cámara 959 para enmendar la “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” y la “Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico”.
La medida va dirigida a “fortalecer las prerrogativas constitucionales de la Asamblea Legislativa de aprobar el Presupuesto General e insertar a esta Rama en el proceso de aprobación del Plan Fiscal; disponer para el vencimiento de cualesquiera autorizaciones legislativas previas para la emisión de deuda y, a estos fines, delimitar el alcance de las Leyes 34-2014, 45-2013, 47-2013, 242-2011 y 74-2007; cumplir con los deberes legislativos de velar por la sana administración del sistema democrático de gobierno y asegurar el bienestar de la ciudadanía puertorriqueña”. INS
P. Rico-Gobernador Pierluisi participa de conferencia de alianzas público-privadas en Dallas
San Juan, 14 sep (INS).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, viajó en la tarde de hoy a la ciudad estadounidense de Dallas, en Texas, donde participará como uno de los oradores principales de la Novena Conferencia y Expo de Alianzas Público-Privadas (P3C, siglas en inglés).
La Conferencia y Expo P3C es uno de los principales encuentros de profesionales de gobierno y desarrollo en Estados Unidos, dirigido a funcionarios y líderes clave involucrados en alianzas público-privadas.
El encuentro atraerá a sobre 1,200 profesionales de la industria legal y de la construcción, ingeniería, arquitectura y consultoría, además de funcionarios de gobierno a nivel municipal, estatal y federal.
El secretario interino de Estado, Omar Marrero, fungirá como gobernador hasta el regreso del primer ejecutivo a Puerto Rico, el miércoles 15 de septiembre. INS
P. Rico-ICF certifica que fue el Covid-19 la causa de muerte de la menor de cinco cinco años fallecida a principios de año, lo que la convierte en la víctima fatal más joven del coronavirus en el país
San Juan, 14 sep (INS).- La Oficina de Registro Demográfico adscrita al Departamento de Salud recibió por parte del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) la certificación de causa de muerte de la menor de cinco años fallecida a principios de año, convirtiéndose en la muerte más joven ocasionada por el virus del SARS-COV-2.
El patólogo forense certificó que la causa de muerte de la menor fue por Covid-19 asociada a neumonía.
Previamente, el 13 de enero el ICF había emitido una defunción con causa de muerte “pendiente de estudios” y el 19 de enero de 2021 el agente funerario lo tramitó al Registro Demográfico.
La menor falleció el 3 de enero de 2021 luego de que fuera atendida en un CDT.
La muerte de la menor fue registrada en ese entonces en el sistema de Registro de Defunciones con una causa de muerte no especificada y pendiente de estudios.
Los datos de muerte en Puerto Rico son compartidos con en National Center for Health Statistics perteneciente a los Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés).
Esta agencia es la encargada de la codificación de la causa de muerte.
En lo que va de pandemia han fallecido seis menores.
En 2020, murieron tres menores; de 13, 16 y 19 años.
Mientras, en 2021 perdieron la vida tres niños de 5, 13 y 19 años (esta última no era residente de la Isla al momento de su muerte).
De acuerdo con el Registro Demográfico, al momento 472 personas que fallecieron en el 2021 han sido registradas con causa de muerte “pendiente de investigación”, que incluye todo tipo de condición, no necesariamente relacionado a Covid-19.
Una vez dichos procesos finalicen, el ICF deberá reportar al Registro Demográfico la causa de muerte, para la enmienda correspondiente en el certificado de defunción.INS
P. Rico-DACO abre un proceso contra Ticketera por negarse a devolver cargos que no se han detallado con claridad e incumplir con requisitos reglamentarios en cuanto a la divulgación de política de devolución
San Juan, 14 sep (INS).- El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) notificó una orden de mostrar causa a Ticketera, en relación al proceso de devolución de dinero a los consumidores tras la suspensión de dos de los juegos como locales de los Cangrejeros de Santurce.
Según informado, la orden cuestiona la falta de divulgación, de forma clara y adecuada, de la política de devolución de la compañía.
Además, busca que aclaren por qué no han estado devolviendo ciertos cargos pagados por quienes adquirieron las taquillas de los eventos suspendidos.
“Sabemos que las compañías procesadoras de boletos cobran por la gestión de venta, la cual se realiza aun si el evento se cancela. De manera alguna cuestionamos que cobren por su trabajo”, aclaró el secretario, Edan Rivera Rodríguez.
Rivera explicó que los aspectos en controversia en este caso incluyen “incumplir con ciertos requisitos reglamentarios en cuanto a la divulgación de la política de devolución; y sobre todo, la negación a devolver cargos que no se han detallado con claridad, o cuya retención pudiera ser improcedente”.
Sobre los cargos por servicio, el funcionario detalló que “en la venta de los boletos para estos juegos se incluyó como parte de estos cargos un ‘facility fee’. Desconocemos por qué, si el evento se suspendió, no se devuelve este cargo, y ese es uno de los aspectos que se está ordenando justificar”.
Rivera añadió que, hace un mes, se reunió con representantes de Ticketera para solicitarles mayor claridad respecto a los cargos por servicio; pero que “al momento, el asunto aún no ha sido atendido según alertado”.
“El DACO no regula los costos en que se venden las taquillas para cualquier evento, ni tampoco impone los cargos que un promotor o un procesador de boletos puede cobrar. No obstante, tenemos el deber de velar porque dicha información se divulgue en forma clara y adecuada, para que no cree confusión en el consumidor”, recalcó el funcionario.
La notificación realizada hoy por el DACO concede hasta el lunes 20 de septiembre para que se exprese causa por la cual la agencia no deba emitir las multas que procedan o emitir una orden de cese y desista en cuanto a la retención de cargos por servicio.INS
P. Rico-Pierluisi da 30 días a comité de expertos sobre cambio climático para recomendaciones con el objetivo de mitigar la erosión costera
San Juan, 14 sep (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi solicitó ayer al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de que a más tardar en 30 días someta “recomendaciones puntuales” para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en las costas “que propendan a la conservación y a un desarrollo socioeconómico sostenible”.
“Es mi compromiso atender con prioridad y sentido de urgencia el tema de la erosión costera para elaborar y ejecutar medidas específicas que reduzcan su vulnerabilidad”, estableció el gobernador en la misiva que envió al grupo presidido por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo.
Añadió que “las recomendaciones deben incluir cualquier proyecto de ley o de enmienda a leyes existentes que pueda reducir los efectos sobre nuestro litoral de las distintas manifestaciones del cambio climático, como las marejadas, huracanes, inundaciones y aumento en el nivel del mar, y que cuente con su aval”.
La Ley 33 de 2019 creó la Política Pública para la Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, la cual reconoce que las costas de Puerto Rico constituyen una de las zonas más frágiles al cambio climático.
“Es sabido que los daños que causaría el aumento del nivel del mar afectarán la vida y la propiedad, con severas consecuencias para nuestro pueblo. Esta realidad se hace patente cada día y requiere aunar esfuerzos y recursos para cumplir con la política pública esbozada en la Ley 33”, sostuvo el gobernador.
Forman parte del Comité creado por la Ley 33 de 2019 la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz; Ada Monzón, meteoróloga; y el exdirector de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés), Carl Axel Soderberg.
También lo integran, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda; la directora del laboratorio de Geomorfología Costera de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Maritza Barreto Ortiz; y el profesor asociado del Departamento de Ciencias Ambientales de la UPR, Pablo Méndez Lázaro. De igual forma, el catedrático del Departamento de Ciencias Naturales de la UPR de Carolina, Rafael Méndez Tejeda; y Roy Torbert, quien es un profesional especializado en la energía global renovable.
La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales sostuvo una reunión en días recientes con el representante José Pérez, quien ha estado insertado en la discusión sobre la erosión costera para aunar esfuerzos en la Asamblea Legislativa.
En otros esfuerzos a favor del ambiente, y ante la rápida propagación de la enfermedad de pérdida de tejido de corales duros, el gobernador decretó mediante la Orden Ejecutiva 2021-66 una emergencia ecológica y autorizó al Comité de Supervisión de Desembolsos, creado el año pasado, a que asigne un millón al DRNA de la partida de diez millones de fondos federales provenientes del Plan de Rescate Americano (ARPA, siglas en inglés) que se separaron para iniciativas de conservación y recursos naturales.
Asimismo, asignó un millón adicional a esfuerzos de reforestación para que el DRNA, en conjunto con entidades sin fines de lucro ambientales, se involucren en la siembra y mantenimiento de árboles y también anunció que el DRNA y el Recinto de Aguadilla de la Universidad de Puerto Rico, y su organización Vida Marina, subscribieron un acuerdo colaborativo para la restauración ecológica de áreas de dunas y conservación de los ecosistemas de la costa.INS
P. Rico-MVC celebró asamblea nacional en la que aprobó de forma unánime resolución en rechazo al plan de ajuste de la deuda presentado por la JSF
San Juan, 14 sep (INS).- A poco más de dos años y medio de su fundación, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) celebró su sexta asamblea nacional de forma virtual y en la que el máximo organismo político de la colectividad aprobó de forma unánime una resolución en rechazo al plan de ajuste de la deuda presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en apoyo a Ley para un Retiro Digno.
También se aprobó un propuesta alternativa para defender las pensiones, los servicios esenciales y el desarrollo socioeconómico sostenible y solidario en Puerto Rico.
El coordinador general del MVC, Manuel Natal Albelo, presidió la asamblea y presentó un resumen de los trabajos realizados durante los pasados meses.
Entre ellos se destaca el proceso de organización municipal que comenzó con un recorrido por los ocho distritos senatoriales en un evento llamado “La Ruta de la Victoria” y que continuará a nivel municipal durante los próximos meses.
Como parte de la agenda de la asamblea, se ratificó de forma unánime la designación de Lillian Aponte Dones como comisionada rlectoral, y Jorge Farinacci Fernós, como comisionado electoral alterno.
También ratificaron una decena de delegadas y delegados al Consejo Ciudadano Nacional (CCN) de Victoria.
Entre las mociones presentadas y aprobadas por participantes de la asamblea se destacan el rechazo a la propuesta de privatización de la generación de energía, el apoyo al reclamo de la destitución o renuncia del secretario del Departamento de Recursos Naturales y el apoyo al Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico ante los ataques judiciales de quienes se oponen a la equidad.
“Desde el respeto a la diversidad y la búsqueda de consenso, en Victoria seguimos construyendo un movimiento de cambio para Puerto Rico. Comunidad a comunidad, casa a casa, estamos conversando con las personas más afectadas por esta crisis y organizando desde la base, para resistir, insistir y eventualmente, vencer”, declaró el exrepresentante. INS
ndc