R. Dominicana-Solicitarán a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial que conozca la acusación contra los legisladores vinculados a la Operación Falcón

Santo Domingo, 12 sep (INS).- La titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, informó que mañana lunes solicitarán a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para que conozca la acusación contra los legisladores que están involucrados en la Operación Falcón, diputados Nelson Marmolejos Gil y Héctor Féliz Féliz.

La investigación culminó con la desarticulación de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos que habría movilizado más de 10 mil millones de pesos dominicanos (176 millones de dólares).

Indicó que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan esas personas para que eso no impida que sean judicializados.

Los diputados son militantes de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y el gobernante Revolucionario Moderno (PRM) en representación de las provincias Pedernales y Santiago, respectivamente.

Según el Ministerio Público, Marmolejos Gil recibió del hoy imputado Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como uno de los jefes de la organización, fondos financieros para su campaña política en las elecciones presidenciales y congresionales de 2020.

A Féliz Féliz se le acusa de tener vínculos con la estructura criminal, luego de ser sorprendido transportando en su vehículo al detenido Juan Maldonado Castro, titular de la gubernamental Dirección Comunidad Digna, el día en que se realizaron los 100 allanamientos simultáneos en Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional  y San Pedro de Macorís.

El político fue dejado en libertad por su condición de legislador y la inmunidad parlamentaria que le protege.

Ambos burlaron el cerco montado por las autoridades, pero luego de un seguimiento en la carretera Mella, próximo al cruce de Guerra, municipio Santo Domingo Este, fueron interceptados por los equipos investigadores.

Féliz Féliz alegó que solo asistía a su amigo Maldonado Castro, a quien en esa circunstancia le ofrecía una “bola” en el vehículo, en el que las autoridades encontraron armas, dólares, prendas preciosas de algo costo y otras pertenencias.

Sobre la solidez del expediente, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso dijo que el ministerio público tiene miles de páginas con la que armaron el proceso y en las que asegura contienen pruebas suficientes que demuestran la implicación de los imputados en la ilícita actividad.

“Es una investigación compleja, que lleva bastante tiempo, porque tiene miles de páginas que comprueban los hechos”, dijo a la salida de la sala de audiencia donde este domingo se conocería la medida de coerción contra los 21 involucrados en el hecho, que fue aplazada para el 17 de septiembre a los fines de dar tiempo a que los abogados defensores conozcan el pliego de las acusaciones.

La funcionaria precisó que “en fecha 14 de julio de 2020, a las 13:37 horas (1:00 de la tarde, hora local), se produjo una comunicación entre el diputado Nelson Marmolejos Gil y Lennin Bueno Torres, agradeciéndole a este último por la ayuda en las elecciones”.

El artículo 86 de la Constitución dominicana dice que ningún congresista podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo la eventualidad de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

“Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura”, apunta el documento.

Sin embargo, el artículo 87 refiere que “la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho”.

Y concluye: “Cuando la cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de dos meses desde la remisión del requerimiento”. INS

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