R. Dominicana-Ministerio Público detalla algunas de las estrategias principales de la desarticulada red de narcotráfico “Operación Falcón” (crónica)

Santo Domingo, 12 sep (INS).- La Procuraduría General de la República estableció 29 estrategias principales de la red de crimen organizado “Operación Falcón”, que fue desmantelada  durante más de 100 allanamiento en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país, con la participación de 60 fiscales.

La jornada contó además con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y de organismos internacionales, como la Administración de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés) de Estados Unidos.

Uno de esos rasgos de la estructura criminal es que portaban y traficaban armas de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares, como es el caso de fusiles.

Un informe del Ministerio Público citado por medios locales revela que, por años, más de 20 personas han manejado una compleja red criminal internacional que utilizaba el territorio dominicano como base para el tráfico de drogas y de armas a países de América y Europa, así como también del lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas políticas.

Aunque varios de ellos ya habían sido apresados por esas acciones, obtenían la libertad pese a las graves imputaciones que pesaban en su contra y retomaban su modus operandi, posicionando al cabecilla de este entramado como uno de los más importantes en la región.

Los que integran la presunta estructura de criminalidad organizada liderada por Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, son: María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro (fucionario estatal), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso.

Además de José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.

Indica el documento que la posición geográfica del país fue un aspecto que esta organización supo aprovechar como base operativa, importando múltiples cargamentos de cocaína que le generaron cientos de bienes y millones de activos hoy invertidos en República Dominicana, Estados Unidos y otros países.

Como uno “sin precedentes”, así describen las autoridades el esquema operativo montado por Mosquea Polanco, quien según las investigaciones se ha convertido en un poderoso y temido narcotraficante internacional.

La sede del grupo está ubicada en la provincia Santiago de los Caballeros, región norte dominicana, desde donde de manera sistemática se manejaban operaciones ilícitas “bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculadas a megas operaciones de narcotráfico”.

Destaca que la razón de que varios de los imputados procesados anteriormente por narcotráfico regresaran a sus antiguas operaciones ilegales puede estar detrás de una de las estrategias para el lavado de dinero: el financiamiento de candidatos políticos electos. Escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, entre otras entidades, fueron las que presuntamente patrocinaron con el objetivo de tener incidencia y poder.

La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, que se decidirá este domingo a los imputados de esa operación delictiva, señala que para mantener sus actividades bajo un esquema de protección, este extenso entramado sobornó a autoridades y mantenían atemorizados bajo amenazas a cientos de ciudadanos, en los lugares en los que desplegaban sus operaciones criminales como el municipio de Miches o Santiago.

Las acciones han sido vigiladas por organismos internacionales desde noviembre de 2017, los cuales aseguran que se están dedicado al lavado de dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica (Colombia y Venezuela) hacia República Dominicana con destino final Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, utilizando lanchas rápidas o deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores.

Parte del expediente del Ministerio Público en la Operación Falcón revela que los investigados Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales, para coordinar las actividades de narcotráfico con los demás miembros de esta organización criminal, lo hacían mediante la plataforma Blackberry BBM-PIN, que usaron durante varios años por considerarla de “alta seguridad para la información  y de difícil interpretación”.

Dice que, a raíz de un fuerte golpe en Puerto Rico contra el trasiego de droga, cuando en una ocasión Mosquea fue apresado en 2016, es que inician las labores en Santiago, ciudad en la que continuaron “lavando más dinero a través de grandes inversiones ilícitas en el sector financiero y no financiero”.

Los investigadores nacionales e internacionales que participan en el caso lograron identificar movimientos de miles de millones de pesos, en algunos casos injustificados y en otros mezclados con dinero lícito, para introducirlos sin sospechas en la economía formal dominicana.

Entre esas formas de lavado de activos se puede señalar una de la cual se acusa a los responsables de llevar la contabilidad de las estaciones de combustible de Mosquea Polanco, consistente en introducir un mayor reporte de ventas para así mezclar el dinero lícito con el dinero ilícito.

“Otra de las tipologías que empleaban era la colocación en el sector inmobiliario a través de la adquisición de fincas, terrenos, villas, casas, apartamentos, edificios y locales comerciales, para uso y disfrute personal y ocultamiento de dinero ilícitos, armas y sustancias controladas, utilizando a su entorno familiar, estableciendo una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos, y personas jurídicas constituidas a esos fines”, indica el documento.

De igual forma, empleaban la estratificación en el sector inmobiliario mediante la adquisición de terrenos donde luego se construyen edificios y residenciales para los fines de venta y renta, utilizando constructoras e ingenieros que supuestamente trabajan para la organización criminal y, en el caso de los alquileres, a través de una sociedad que realizaba sus negocios mediante la plataforma Airbnb.

Otra manera en la que se lavaba los activos era la utilización del sector financiero mediante la compra y venta de divisas o la adquisición de préstamos, pagados a corto plazo para justificar la compra de bienes inmuebles y vehículos de alta gama, así como certificados financieros, transferencias entre las compañías para justificar transacciones comerciales. INS

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