R. Dominicana-Colegio de Abogados demanda la asignación del 4.10% del Presupuesto Nacional para el Poder Judicial

Santo Domingo, 7 sep (INS).-El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) inició una serie de acciones legales en demanda de la asignación del 4.10% del Presupuesto Nacional para el sector justicia en 2022, según lo contempla la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria.

La primera acción consistió en el depósito, el 24 de agosto pasado, de un recurso de intimación en la sede de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

La segunda fue el sometimiento, este martes, de un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo.

El proceso de amparo fue depositado por decenas de profesionales del derecho miembros del gremio que los agrupa, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández.

Surun denunció que la justicia nacional “está  atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, lo que dificulta su operatividad”.

Afirmó que más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales no han podido ser puestos en funcionamiento y una gran parte de los actuales laboran en condiciones deplorables.

Dijo que lo mismo acontece con el Ministerio Público, cuyos titulares reciben salarios muy precarios y carecen de condiciones para perseguir el crimen.

Explicó que la ausencia de ingresos financieros también ha estancado la contratación de 1,200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, “situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”.

En la actividad, los abogados dijeron que el artículo 3 de la Ley 194-04  establece que el Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República) serán, por lo menos, un 4.10%.

“Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos se deben distribuir de la manera siguiente: un 65% del 4.10% corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y 35%”, indicaron. INS

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