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San Juan, 7 sep (INS).- La organización Diálogo por Puerto Rico, que reúne a más de 300 ciudadanos, repudió hoy lo que considera es un caso injusto y de matiz político-partidista contra el exrector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carlos Severino, y el expresidente de la institución, Uroyoán Walker.
El portavoz de Diálogo por Puerto Rico, José “Pepe” Varela, sostuvo que el juicio contra ambos académicos es “como resultado de lo que evidentemente es una fabricación política”.
“Le antecede toda clase de violaciones crasas a los procedimientos, reglamentos institucionales y a un juicio justo. La fabricación del estado ha sido avasalladora, ha tomado más de cinco años, tres gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y varios secretarios de Justicia, con costos millonarios para el pueblo y gastos exorbitantes para dos profesores universitarios para su defensa legal”, expresó.
Otra de las dirigentes de Diálogo por Puerto Rico, Margarita Ostolaza Bey, señaló que desde las administraciones PNP de Carlos Romero Barceló hasta la de Pedro R. Pierluisi, se puede trazar la ruta en escalada de persecución política contra los universitarios y la Universidad de Puerto Rico.
“Las fabricaciones diseñadas desde Fortaleza, el Departamento de Justicia, el FEI y jueces al servicio del PNP, han logrado, con persistente saña, avanzar decenas de casos dirigidos a quebrar, desestabilizar, desprestigiar y tomar por asalto a la UPR”, dijo la académica.
Para Ostolaza Bey, “estas acusaciones caprichosas y maliciosas son actos motivados políticamente, cuyo único propósito es afectara personas probas, de buena reputación y mancillar a distinguidos académicos para desalentar su incursión en la gestión pública”.
De acuerdo con la organización civil, Diálogo por Puerto Rico, dedicada a discutir y plantear públicamente los asuntos que inciden contra el bienestar del país, el caso contra Severino y Walker se trata de una tortura y el asesinato de reputaciones que comenzó en el año electoral 2016 con las expresiones incisivas y falsas de Carlos Díaz Olivo en su participación como analista en WKAQ Radio.
Varela y Ostolaza Bey, señalaron que Díaz Olivo estuvo discutiendo por meses, fuera de contexto y cargado de calumnias, el asunto de la otorgación de becas a tres universitarios del Recinto de Rio Piedras y, finalmente, el 7 de julio de 2016, la Junta de Gobierno de la UPR destituyó de sus cargos sin el debido proceso al presidente Walker y al rector Severino.
Enfatizaron que la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, estrenó su cargo en el 2017 nombrando a un FEI para investigar la otorgación de estas tres becas.
Refirieron que “la licenciada Zulma Fuster Robles, esposa del conocido miembro y activista del PNP, Leo Díaz, fue nombrada fiscal principal del caso”.
“Lo que resulta insólito es que en ese momento había expirado el término de Justicia para hacer este referido. Sin embargo, en diciembre de 2017 la jueza Geysa M. Marrero Martínez, que de paso fue quien ordenó el arresto de siete estudiantes por protestar en la oficina de la Presidencia de la UPR, determinó causa para arresto por seis cargos a cada uno de los imputados”, dijo Ostolaza Bey.
Varela agregó que “en septiembre de 2018, la jueza Ada López Santiago, que fue la misma que exculpó a Pedro Rosselló en el famoso caso de la Pensión Cadillac, determinó causa en cinco de los casos a pesar de que no se presentó evidencia de comisión de delito”. INS
ndc