Inter News Service Agencia de Noticias
La polémica termoeléctrica Punta Catalina fue construida a un costo de 2,454 millones de dólares.
Santo Domingo, 4 sep (INS).- El presidente dominicano Luis Abinader dispuso la constitución de una medida de administración, inversión, operación y fuente de pago, denominado Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC), que persigue crear una estructura de gestión independiente, transparente y eficiente de esa entidad.
Mediante el decreto 538-21, el mandatario ordenó la ejecución de las actuaciones y obras necesarias para su conservación y mantenimiento, tarea que le fue encomendada al empresario Celso Marranzini, designado por el decreto 539-21 como presidente del Comité técnico de la cuestionada infraestructura.
El decreto también contiene en sus artículos 2 y 3 la designación de José Luís Actis como vicepresidente del Comité técnico del Fideicomiso y de Noel Báez Paredes como secretario.
El fideicomiso es una norma jurídica por la cual un testador deja su herencia o parte de ella encomendada a una persona para que, en un caso y tiempo determinados, la transmita a otra o la invierta del modo que se le indica.
Dentro de sus principales fines del Fideicomiso Público se encuentran “preservar y optimizar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), de manera que se asegure la separación de su patrimonio, la continuidad de sus operaciones, incluyendo, pero no limitado a aquellas relativas a la generación de energía eléctrica y despacho de la misma al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)”.
También, asegurar el manejo adecuado y transparente de la citada empresa y los activos que la conforman, según lo ordena el decreto presidencial; participar en la prestación del servicio público de electricidad y asegurar la utilización eficiente y transparente, conforme a la ley, de los ingresos y flujos provenientes de la venta de energía generada por la institución.
En ese contexto, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, convocó una nueva licitación para realizar una auditoría financiera de la infraestructura, al explicar que esta sería la tercera vez llaman a concurso y que en las dos ocasiones han sido declaradas desiertas o descartadas por no llenar los requisitos requeridos para tal experticio.
El funcionario recordó que en diciembre del año pasado se hizo un llamado similar, presentándose una sola firma, por lo que tuvieron que declararla desierta. Después lanzaron una segunda licitación internacional, con publicaciones en medios extranjeros, y solamente mostraron interés dos empresas, pero no fueron aceptables para el Comité de Licitación.
“Entonces, ahora la hemos lanzado con nuevos bríos. Hemos hecho gestiones, incluso estamos recurriendo a una posible ayuda, aunque sea parcial, de la propia Cámara de Cuentas”, informó el ingeniero Almonte.
El ministro Almonte espera que esta puja de la mega obra sea hecho por firmas o grupos que merezcan la credibilidad pública, ya que este es uno de los proyectos más grandes y polémicos del país. Confió en que empresas nacionales e internacionales independientes se animen a participar en la licitación.
“Todos los aspectos que tienen que ver con el proceso de construcción de Punta Catalina, cumpliendo con mi palabra, con mi compromiso, serán investigados y puestos a la luz pública, sin persecución de nadie, ni prejuicios, sino basado en estudios”, garantizó.
Reiteró que no le han entregado el certificado de aceptación final de ninguna de las dos plantas al consorcio constructor, hasta tanto cumplan con algunos requerimientos presentados en la mesa de diálogo que sostienen desde hace varios meses.
La central termoeléctrica, ubicada en Baní, provincia Peravia (región sur), fue inaugurada el 29 de julio de 2020 durante la gestión del presidente Danilo Medina, con la que se pretende resolver el déficit energético del país caribeño. La planta, cuyos dos generadores suman una capacidad conjunta de 752 megavatios brutos, fue construida por el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella a un costo de 2,454 millones de dólares en medio de cuestionamientos públicos de parte de diversos sectores dominicanos. INS
mv/
