Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 3 de septiembre de 2021
P. Rico-Mayoría de menores evaluados por el DCR para identificar el perfil del niño transgresor vivían por debajo de la línea de pobreza federal previo a ingresar a custodia del NIJ
San Juan, 3 sep (INS).- La mayoría de los menores de edad evaluados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para identificar el perfil del menor transgresor vivían por debajo de la línea de pobreza federal previo a ingresar a la custodia del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ).
Así lo informó Corrección en una audiencia pública de las Comisiones de Impacto Comunitario y Asuntos de la Juventud, sobre el proyecto del Senado 29, que busca crear la “Ley de Política Pública de Puerto Rico para la Erradicación de la Pobreza Infantil”.
El DCR indicó que en 2016 desarrolló el perfil del menor transgresor, en el que se evaluó la información de 254 menores, que en ese entonces representaban el 100% de la población juvenil bajo la custodia del Programa de Instituciones Juveniles.
Según los datos recopilados, un total de ocho menores provenían de un hogar donde no había ingresos.
Otros 184 procedían de un hogar donde el ingreso llegaba hasta los 20,000 dólares anuales y, en efecto, vivían bajo los niveles de pobreza definidos por el gobierno de Estados Unidos.
El perfil indica, además, que para el 2016 un 57.48% de los menores en el sistema del Programa de Instituciones provenían de familias cuya fuente de ingresos eran los subsidios o ayudas públicas.
“La pobreza y el delito van de la mano. Nosotros en Instituciones Juveniles lo que estamos tratando de hacer es, cuando nos llega ese menor, darle educación”, expresó Francisco Méndez Rivera, subdirector de la Oficina de Asuntos Legales del DCR.
El perfil del menor transgresor reveló que, en 2016, el 21.6% o 55 de los 254 menores alcanzó el duodécimo grado.
Mientras, el 19.2% o 49 el noveno grado y el 13.7% o 35 menores completaron hasta el octavo grado.
“Todo menor que llega a nosotros, la mayoría, tiene una escolaridad muy baja. Lo que nosotros hacemos es que tratamos de que cuando salga de esa institución de menores, salga con un cuarto año de escuela superior. Esa es nuestra función primordial”, afirmó el funcionario durante la audiencia pública de ayer.INS
P. Rico-Justicia concluye investigación sobre el voto ausente de Rosselló Nevares y su esposa Areizaga: no es posible determinar y probar que el matrimonio sometió información falsa en solicitud
San Juan, 3 sep (INS).- Los fiscales designados para investigar el referido presentado en el Departamento de Justicia contra Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Areizaga García concluyeron que no es posible determinar y probar que el matrimonio sometió información falsa en su solicitud de voto ausente en la elección especial para escoger a los delegados por la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos.
Concluida la investigación, los fiscales Gretchen Camacho Rossy y Rufino Jiménez Cardona determinaron que Rosselló Nevares y Areizaga García no son domiciliados electorales en Puerto Rico, según definidos en el Código Electoral de 2020.
La dirección divulgada ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en las solicitudes de voto ausente en College Park en San Juan nunca ha sido el domicilio del matrimonio conforme al Código Electoral de 2020 y al ordenamiento jurídico.
“En la casa de College Park el doctor Rosselló nunca ha llevado a cabo actividades habituales. Ciertamente, una persona promedio pudiera decir que en algún futuro incierto los esposos Rosselló Areizaga pudieran y quisieran regresar a Puerto Rico. El problema es que la existencia de una posibilidad de que, en un futuro incierto, una persona tenga el deseo de regresar a Puerto Rico no es suficiente para poder ser catalogado como domiciliado electoral”, indica el informe de 190 páginas emitido por Camacho Rossy y Jiménez Cardona.
No obstante, aun cuando no existe dudas de que la divulgación de ese domicilio en las solicitudes de voto ausente no es cierta ni correcta, Justicia se ve impedido de someter cargos por violación al Código Electoral, pues la prueba recopilada no cumple con el estándar de evidencia requerido para los casos criminales.
Existe una inconsistencia en los testimonios sobre asuntos esenciales como el manejo, la procedencia, la custodia y la autenticidad de las solicitudes de voto ausente por parte del personal de la CEE.
La evaluación se ciñó al Código Electoral porque, ante la existencia de una ley especial, el Código Penal no es el estatuto aplicable a estos hechos.
Según los hallazgos, existen dos solicitudes de voto ausente para cada uno de estos electores: la que certificó la CEE y la que se recibió en un correo electrónico.
Ninguna posee juramento ni firma legible.
Además, los testigos de la CEE alegan que vieron otra solicitud, pero no fue producida, pese a que se peticionó mediante orden judicial.
“Aún cuando el Ministerio Público lograra la admisión en evidencia de la solicitud que posee la CEE y de la solicitud enviada por correo electrónico, resultado que no se vislumbra al amparo del ordenamiento jurídico vigente, el manejo deficiente, la falta de rigor en el cumplimiento y custodia, y los testimonios que aseguran no se trata del mismo documento que tuvieron ante sí, pone en duda su procedencia, le resta credibilidad y le impide al Ministerio Público probar más allá de toda duda razonable su caso”, explicó Camacho Rossy.
Los fiscales entrevistaron a un total de 33 personas, presentaron ante el Tribunal y se expidieron órdenes de registro y allanamiento para obtener prueba documental y digital de la CEE y el Departamento de Hacienda.
Además, requirieron mediante subpoena multiplicidad de documentos de la CEE, del Registro de la Propiedad, el Departamento de Hacienda, DTOP, el CRIM, los Tribunales de Justicia, del Departamento de Transportación del estado de Virginia y de la División de Vehículos del dicho estado, del Departamento de Elecciones del estado de Virginia. También se emitieron requerimientos para la obtención de evidencia digital tanto en como fuera de la CEE.
La investigación, que inició el 1 de junio de 2021 mediante la presentación de varios referidos por parte de los comisionados electorales de los partidos Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Popular Democrático, giraba en torno a la posible violación a los artículos 12.1 y 12.2 del Código Electoral, que tipifican como delito la violación del ordenamiento y reglamentación electoral.
“Ante el resultado de la investigación, sería impropio por parte del Departamento de Justicia presentar un caso carente de evidencia que demuestre la comisión de delito por parte del matrimonio Rosselló y Areizaga, tal y cual lo exige nuestro sistema de Derecho, en especial nuestras Reglas de Evidencia. El trabajo del Departamento de Justicia es realizar investigaciones justas y probar los casos de naturaleza criminal más allá de duda razonable, que es el quantum de prueba requerido en el tribunal”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, quien acogió el informe de los funcionarios, quienes cuentan con más de 20 años de experiencia en la investigación y litigación de casos de alto perfil.INS
P. Rico-Fallece veterano periodista Efrén Arroyo, de “NotiCentro”
San Juan, 3 sep (INS).- El veterano comunicador Efrén Arroyo, de 68 años, falleció este jueves, llenando de luto el periodismo puertorriqueño.
“Estamos impactados y tratando de asimilar la noticia que no esperábamos. Él estaba bien de salud. Ya el tiempo nos dirá las causas, pero no hay duda que este es un momento muy difícil para nosotros. Efrén era Wapa”, informó Rafael Lenín López, vicepresidente de noticias del canal.
Los periodistas Luz Nereida Vélez y Jorge Gelpí Pagán informaron al pueblo del deceso durante una transmisión especial de “NotiCentro”.
En abril pasado, Efrén Arroyo había recibido un reconocimiento por su compromiso en mantener viva la historia de Wapa TV, así como de Puerto Rico a través de sus reportajes.
El presidente del canal, Jorge Hidalgo, lo nombró como el historiador oficial de Wapa TV durante la Edición Estelar de “NotiCentro”.
Arroyo contaba con una trayectoria en los medios de comunicación de más de 40 años, de los cuales 32 habían sido en Wapa TV.
Durante los pasados años, se había dedicado a documentar, archivar y preservar los eventos noticiosos más importantes para el país.
“Para nosotros, es una institución, poeta de la noticia”, dijo Valentín durante su reportaje “Orgullo Boricua” en su honor.
Hidalgo puntualizó, por su parte, “para mí es un placer haberte conocido y trabajar contigo. Mientras desarrollamos nuestra campaña (‘Wapa es Puerto Rico’) fuiste una parte integral, una parte importante que nos enseñó la historia de Wapa. Para nosotros es importante reconocerte y darte la responsabilidad de que esa historia pueda estar disponible para que todo el mundo la conozca… Compañía que no sabe su pasado no puede ir hacia el futuro y por eso te damos hoy este reconocimiento, para que sigas trabajando, sigas instruyendo y dándole a las personas la información para que conozcan la historia de la televisión en Puerto Rico”.
Rafael Lenín López mencionó durante el homenaje que la distinción representaba una nueva encomienda en proyectos especiales.
A lo que Arroyo contestó, “lo haré con el mayor gusto, dedicación y sentido del deber. Es un deber que tenemos todos los puertorriqueños de devolver de alguna manera, plasmando en realidad lo que ha sido el pasado y lo que estamos haciendo hoy que será parte del pasado, también para que los vienen tengan algo de dónde agarrarse emocional e intelectualmente. Estas sorpresas generalmente las organizo yo y hoy fui el sorprendido”. INS
P. Rico-Refuta Machargo imputaciones de ilegalidad en su gestión al frente de Recursos Naturales
San Juan, 3 sep (INS).- El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, rechazó de forma contundente las conclusiones del primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 150, que contiene imputaciones de ilegalidad.
“No han ponderado detenidamente las innumerables presentaciones de este servidor ante la Comisión, las cuales sin duda han aclarado diversas situaciones presentadas fuera de contexto y por presiones populistas, y sin atención, además, a la base legal y jurisdiccional a la que estamos sujetos en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales”, reclamó.
Además, destacó las limitaciones presupuestarias y de personal que aquejan al DRNA, y que muy bien conoce el legislador Edgardo Feliciano, presidente del organismo de la Cámara, por ser empleado de carrera en su división de finanzas.
Machargo argumentó que del Informe parcial de la Comisión “no se desprende ninguna actuación irregular de mi parte en el manejo de la controversia sobre la reconstrucción de una piscina” en el edificio Sol y Playa, en Rincón.
“Uno de los dos supuestos hallazgos sólo refiere a un asunto procesal, no sustantivo, de mi comparecencia ante la Comisión, que ni siquiera fue perfeccionado, pues no elevaron el asunto para pedir remedio, según establece el propio estatuto del Código Penal que cita la Comisión”, apuntó el funcionario.
Indicó que el otro alegado hallazgo no es más que el ejercicio del derecho y el deber que tiene el DRNA, así como toda la Rama Ejecutiva, “de llevar a cabo y proteger de interferencias e influencias ajenas sus propias investigaciones administrativas, reguladas por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.
“Esta es la primera vez, que yo recuerde, que una comisión legislativa, en medio de un proceso investigativo administrativo de la Rama Ejecutiva, cita a la oficial examinador, a uno de los abogados de las partes y a un testigo”, dijo.
Imputó a la Comisión de la Cámara de no haber tenido “la deferencia de esperar a que culminara nuestra investigación y decidió por razones que no están del todo claras llevar a cabo una investigación simultánea”.
“Al menos, nuestra investigación protege el debido proceso de ley a todas las partes y no adelanta conclusiones sin tener la evidencia necesaria que justifique y sostenga unos hallazgos, sobre todo cuando son referidos a ulterior investigación, como hiciera la Comisión”, agregó.
Machargo sostuvo que “ningún funcionario del DRNA puede revelar información o estrategias legales que pueden discutirse y utilizarse durante un proceso de investigación administrativa, (porque) eso sería faltarle a la ética profesional y a la confidencialidad que protegen estos asuntos”.
“La verdadera interferencia se suscita cuando los procesos de investigación no se sujetan a las normas y reglas que los obligan, y cuando se crean por razones externas unos ‘chilling effects’ (efectos escalofriantes) en sus participantes”, subrayó Machargo en declaraciones escritas.
Consideró que “tan preocupante como eso es que algunos legisladores criminalicen las diferencias de política pública, procesales o decisionales que puedan tener con los miembros de la Rama Ejecutiva”.
“Es un mal precedente que, de continuar, le hará daño irreparable a la separación de poderes de nuestro sistema democrático de gobierno y al final del día lo hará ingobernable”, ratificó.
El secretario del DRNA expresó que “lamentaría concluir, como ya algunos legisladores han adelantado, que finalmente en Puerto Rico las agendas político-partidistas y populistas, y en este caso, destructivas de mi reputación, han desvalorizado los programas de servicios gubernamentales y a todos aquellos de nosotros que nos ocupamos de rendir nuestro mejor desempeño en el servicio público”.
“No soy el primer servidor público de la Rama Ejecutiva referido a investigación por una Comisión de la Cámara de Representantes, y estoy plenamente confiado en que saldré igualmente airoso de las imputaciones que se me hacen, que son un producto más de la imaginación corrosiva de la política-partidista que de los datos ciertos y comprobables vertidos en las vistas”, observó Machargo. INS
P. Rico-Sindicado de Bomberos reclaman Junta de Supervisión Fiscal avale proyecto de justicia salarial
San Juan, 3 sep (INS).- El Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico (SBUPR) se unieron a un grupo de senadores para solicitar que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) endose el Proyecto del Senado 569, con el cual se enmienda algunas secciones de la Ley 181-2019, conocida como Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
El presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, explicó que “en las enmiendas propuestas en el PS569 contempla fondos recurrentes para el pago de este aumento salarial que provienen de los cargos por servicio de un 3% a las compañías aseguradoras contra incendio y ramas anexas”.
Estas enmiendas proponen que el aumento otorgado a los miembros del Cuerpo de Bomberos se ajuste a $250 mensuales.
“Confiamos que en esta ocasión la Junta de Supervisión Fiscal, por ser dinero nuevo, avale este proyecto para hacerle justicia a estos servidores públicos que forman parte de la primera linea de defensa”, agregó el dirigente sindical.
Este proyecto de ley por petición del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico fue presentado por los senadores Ramón Ruiz Nieves, Gregorio Matías, Keren Riquelme, William Villafañe, Henry Neumann, José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén y Elizabeth Rosa Vélez.
“Agradecemos a todos estos senadores su compromiso con nuestros bomberos”, expresó Tirado. INS
P. Rico-Propone Nogales Molinelli medida para reducir la acumulación de gomas usadas
San Juan, 3 sep (INS).- La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, presentó un proyecto de ley que con el propósito de atender el problema de la acumulación de gomas desechadas en su origen, estableciendo un nuevo estándar mínimo de calidad, seguridad y utilidad que deben tener los neumáticos usados que se vendan en el país.
El P. de la C. 964 propone enmendar la Ley 41-2009, “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, para elevar los estándares de venta de neumáticos usados a un mínimo de seis treintaidosavos (6/32) de pulgada de profundidad, delegar al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) velar por el cumplimiento del almacenador o vendedor de neumáticos, y fijar una penalidad de 500 dólares por neumático, hasta un tope de 5,000 dólares, que deberán ser pagados a DACO en caso de violaciones.
“Puerto Rico tiene los estándares más bajos para la venta de neumáticos usados y su disposición luego de haber cumplido su vida útil. Actualmente, bajo las leyes que regulan la industria, es permitida la ventas de neumáticos de hasta dos treintaidosavos (2/32) de pulgada de profundidad, lo que significa que, bajo las regulaciones de la mayoría de los estados de los Estados Unidos de América, se consideran gastados e inseguros y su venta en este nivel no es permitida”, explicó la legisladora.
Para la representante de Victoria Ciudadana, “estas gomas que no entran en el mercado estadounidense son las que terminan en nuestras carreteras, poniendo en riesgo las vidas de las personas”.
Nogales Molinelli añadió que “dada su corta vida útil, estos neumáticos se convierten rápidamente en desechos que el gobierno es responsable de recoger y procesar. Así hemos visto cómo se han acumulado montañas de gomas en comercios y centros de acopio, a tal nivel que el gobernador declaró una emergencia ambiental y recabó el apoyo de la Guardia Nacional para su recogido, sin que quede claro qué se va a hacer con todo ese material”.
“Además de evaluar iniciativas dirigidas al reuso y reciclaje de neumáticos, se hace urgente tomar medidas para reducir la cantidad de gomas desechadas y con ella los riesgos a la salud pública y la inmensa carga que representan sobre los deberes gubernamentales. Esa es la dirección a la que apunta este proyecto”, detallé. INS
P. Rico-Reforzarán ley que prohíbe a ciertos jefes de agencia participar de actividades políticas
San Juan, 3 sep (INS).- La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inició la discusión este jueves de un proyecto dirigido a convertir en delito grave, sujeto a pena de reclusión, las restricciones incluidas en la Ley 178-2001 para prohibir a los secretarios de Educación, Justicia y Hacienda, y al Superintendente de la Policía participar en actividades político-partidistas.
Entre las agencias incorporadas en la Ley 178, el Departamento de Educación rechazó abiertamente la propuesta legislativa por entender que las enmiendas son “excesivas”, dada la normativa vigente para con otros funcionarios con similares prohibiciones”.
En una ponencia firmada por el secretario interino Eliezer Ramos Parés, Educación indicó que tomaría en consideración la opinión del Departamento de Justicia, del Inspector General y de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).
“La figura del secretario de Educación, desde la perspectiva del señor Ramos, ¿debería participar de actividades político partidistas?”, cuestionó a la ayudante especial del titular, Wandy Colón, el representante Orlando José Aponte Rosario, quien preside la comisión cameral.
Colón afirmó en que “no; en su postura, (Ramos Parés) no participa y reconoce la limitación que tiene para estos fines”.
“Si él reconoce que es loable que un secretario que ejerce política pública y que administra un presupuesto de miles de millones de dólares no participe en este tipo de evento, ¿por qué no avala que se configure un delito si viola esas prohibiciones?”, insistió el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).
“Entendemos que la ley tal y como está es una justa, pero dada a las debidas consultas adicionales que se puedan hacer, nosotros avalaríamos cualquier decisión que se base en las consultas que proponemos”, reiteró la funcionaria. “Dado a mi posición cercana al secretario, yo deseo expresar que él se excluye de cualquier tema político y actividad política”.
En su defensa del jefe de Educación, Colón inclusive abogó específicamente por la administración del gobernador Pedro R. Pierluisi al asegurar que el mandatario cumple con las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental a la hora de emitir permisos especiales para que funcionarios participen de eventos política partidistas.
Sin embargo, la representante Mariana Nogales Molinelli argumentó que la medida no está dirigida al cumplimiento de un gobernante en particular, pues aplicaría a cualquiera.
“Es una medida neutral. No está dirigida al gobernador Pedro Pierluisi, que usted dice que es muy prudente. Es una medida que sería de aplicación para cualquier gobernador. La actuación o la prudencia no es un issue en este asunto”, declaró la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La comisión cameral otorgó un plazo de 10 días al DE para que entregue un listado de todas las acciones disciplinarias, si alguna, que han sido tomadas en contra de algún secretario o secretaria, tanto por la misma agencia como por algún gobernador o gobernadora. De la misma forma deberá entregar un listado de todas las acciones disciplinarias tomadas en contra de empleados de Educación, que son remitidas a la División de Asuntos Legales de la agencia.
Nogales Molinelli criticó la percepción pública de que el Departamento de Educación —que recibe la mayor asignación del presupuesto del gobierno— es una agencia altamente politizada.
“No es una preocupación liviana, porque cuando el criterio exclusivo de contratación de una persona o de establecimiento de política pública de un Departamento, una división, está basado exclusivamente en la afiliación político partidista, esto evita que personas con mayores capacidades, mayores facultades, vengan a ocupar esos cargos y le den una mejor dirección a un Departamento tan importante como el Departamento de Educación”, denunció la representante.
El P.C. 669 dispone que cualquier secretario a quien le aplica la Ley 178 que viole las prohibiciones en el Artículo 2 del estatuto incurrirá en delito grave y, de ser convicto, será sancionado con una multa de $10,000 y se expondrá a una pena de reclusión por un término fijo 10 años. Esta pena incluye las medidas disciplinarias de carácter administrativo, como la amonestación, suspensión o destitución del cargo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) coincidió con la recomendación de consultar la opinión de Justicia. Sobre la enmienda propuesta al Artículo 2, la agencia sombrilla – que agrupa al Negociado de la Policía y otras seis dependencias – expresó preocupación de que pudiera menoscabar el ámbito de la proporcionalidad a ser impuesta contra personas que disparen al aire, entre otras modalidades relacionadas al uso ilegal de un arma de fuego.
El Departamento de Hacienda (DH) indicó que comparte el “espíritu de la legislación” y presentó una posición igual al resto de las agencias. No obstante, recomendó que sea amonestado de la misma forma que el secretario de Hacienda cualquier funcionario que promueva la participación del jefe de la agencia en una actividad que pudiera tener alguna connotación política, sin previamente divulgarlo.
“Entendemos necesario imponer medidas más contundentes para ponerle fin a toda conducta que atente contra la confiabilidad de nuestro quehacer público. Sin embargo, recalcamos que las medidas punitivas que se impongan o que se pretenden reforzar deben atemperarse a los escenarios que se quieren desalentar y, a su vez, deben aplicar a todas las partes que de una forma u otra contribuyan a las violaciones”, estableció la ponencia firmada por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.
Aponte Rosario informó durante la vista que Justicia adelantó a la comisión cameral que se abstendrá de emitir una recomendación sobre la medida tras puntualizar que la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional exclusiva de tipificar delitos. Mientras, la OEG endosó la medida al tiempo que recomendó que las prohibiciones de la Ley 178 sean aplicables a todos los jefes del gabinete del gobierno.
“Cuando el germen de la corrupción ataca, lacera la confianza de un pueblo; lacera el ánimo de crecer del pueblo; lacera el ánimo de querer progresar”, expresó el representante. “Participar de una actividad política, divertirse, coger un banderín, no es eso. Es más bien hacer una influencia indebida”, apuntó. INS
P. Rico-Tras expirar término para nombramiento de presidente de la CEE por parte de comisionados electorales, gobernador deberá ahora nombrar candidatos
San Juan, 3 sep (INS).- Expiró sin éxito el término para que los comisionados electorales escogieran por consenso a un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Debido a esta situación, el artículo 3.7 del Código Electoral vigente requiere, en esta etapa, que el gobernador Pedro R. Pierluisi nombre al o a los candidatos para cubrir la vacante.
Esta persona o personas tienen que ser jueces del tribunal de primera instancia y la Asamblea Legislativa tiene que evaluarlas y otorgar su consentimiento por un voto de dos terceras partes de cada cuerpo no más tarde de 15 días luego de recibir los nombramientos.
De no lograrse esta aprobación, el nombramiento pasaría a manos del pleno del Tribunal Supremo.
Ante este escenario, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Varela, exhortó hoy a que se ejerza el mayor cuidado posible en el nombramiento de un nuevo presidente de la CEE y a que todos los partidos hagan un esfuerzo para lograr un candidato de consenso.
“El término que concede la ley es sumamente corto para obtener un voto de mayoría absoluta en ambos cuerpos, especialmente en una Legislatura pluralista como la que tenemos. Por eso, es sumamente importante que el gobernador ejerza sus mejores oficios para nombrar candidatos aceptables a todas las partes y que todos en la Asamblea Legislativa actuemos de forma razonable para llegar a un consenso que logre los votos necesarios”, indicó el también presidente de la Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara.
Adelantó que “vamos a trabajar cuidadosamente para que la Asamblea Legislativa confirme un candidato aceptable, que pueda manejar los procesos de la CEE y evitar los desastres que ocurrieron en los procesos electorales del 2020. Si logramos este consenso, podremos evitar la anomalía establecida en el Código Electoral, que dejaría en manos del Tribunal Supremo nombrar a un jefe de una dependencia ejecutiva, lo que para nosotros no es aceptable”. INS
ndc