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El consorcio LUMA Energy no asume responsabilidad por la crisis eléctrica. Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 1 sep (INS).- No hay capacidad de resiliencia si no se aprende de las vicisitudes inherentes a los acontecimientos de la historia, entre ellos los desastres naturales y plagas por endemias o pandemias.
Sin resiliencia no queda más que el estoicismo, si no se puede enfrentar con éxito las desventuras acaecidas.
El pueblo puertorriqueño tiene que aprender a ser resiliente y no estoico. Es más que otra cosa lo que ha sido a través de su historia. Resiliente quiere decir reinventarse ante las vicisitudes para enfrentarlas proactivamente cuando se repitan; no soportarlas con paciencia.
Hay vicisitudes fuera de nuestro control y otras que son el resultado de nuestras acciones. De estas últimas está la situación que padecemos al presente con el sistema de electrificación del país.
Había deficiencias graves con los sistemas de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), coludido con sectores del Partido Popular Democrático (PPD), privatizó su administración.
La situación con los sistemas de transmisión y distribución de la electricidad ha empeorado, en vez de mejorar con la privatización entregada, junto a un multimillonario presupuesto, al consorcio canadiense-estadounidense LUMA Energy.
Y ahora, a pesar de la situación ser peor, LUMA Energy está peticionando un aumento en el coste de las tarifas del servicio de energía eléctrica por la que paga el pueblo, la industria y el comercio.
En otras palabras, que el pueblo pague por la crisis del sistema eléctrico que no causó, mientras sus responsables y los nuevos administradores se llevan el rédito.
En estos momentos el problema acuciante es con la generación de electricidad y la sugerencia que se hace es privatizar, también, el sistema generatriz, todavía en control de la AEE.
Es muy probable que con esa privatización se repita el problema habido tras poner en manos privadas la transmisión y distribución de la corporación pública.
Con esta propuesta, no se denota resiliencia, puesto que no estamos sacándoles lecciones provechosas a la historia para enfrentar la situación con miras a mejorarla.
La electrificación del país debe considerarse un servicio esencial. En su visión mercantil de comercializarlo todo, el neoliberalismo rampante no distingue los servicios esenciales al pueblo del resto de la actividad comercial.
Para los neoliberales, no hay industria o comercio que deba estar en manos del Estado. Si lo está —como resultado de la reminiscencia de un sistema de Estado benefactor, entonces debe también privatizarse.
En el caso del agua potable y del sistema de alcantarillados para aguas residuales, la prestación de su servicio al pueblo es muy perdidosa económicamente y no hay empresa privada que desee hacerse cargo de ello, a menos que el gobierno esté dispuesto a otorgar un contrato de administración extremadamente leonino, como ya se hizo en dos oportunidades en el pasado, que le garantice a la empresa privada que no tendrá pérdidas.
Con la electrificación del país es otro cantar. Por eso vemos lo que está sucediendo con el sistema de electricidad de Puerto Rico bajo un gobierno, como el del gobernador Pedro R. Pierluisi, proclive al neoliberalismo para beneficio de los suyos.
Ambos servicios fueron considerados en su momento vitales, por lo que debían estar en manos del Estado para el desarrollo infraestructural básico que garantizara un buen estándar económico en el país en beneficio del pueblo y que creara las condiciones propicias dirigidas a la inversión de capital nativo y extranjero. INS
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