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Resumen de noticias para el sábado 28 de agosto de 2021
P. Rico-Gobernador convierte en ley medida que busca proteger a víctimas y testigos de delito para que no sean cuestionados sobre estatus migratorio
San Juan, 28 ago (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió en ley una enmienda a la Carta de Derechos a Víctimas y Testigos de Delito, con el fin de que los funcionarios de orden público no puedan indagar sobre la nacionalidad o el estatus migratorio de una persona que ha sido víctima de algún delito o que acude como testigo a realizar una denuncia a las autoridades.
También, el gobernador firmó otras ocho medidas adicionales, una de ellas para prevenir las muertes por sobredosis de opioides.
El proyecto del Senado 11, convertido en ley por el gobernador, establece que toda persona que sea víctima o testigo de delito tendrá derecho a no ser cuestionado sobre su nacionalidad o estatus migratorio al momento de informar la comisión de un delito, así como durante o posterior a cualquier etapa del proceso criminal.
La medida establece que todo funcionario de orden público tiene que garantizar que se provea el servicio o derecho que le corresponda a la víctima o testigo.
Cada una de las agencias sujetas al cumplimiento de esta ley deberá realizar talleres de capacitación a todo su personal y tener material educativo en medios electrónicos y en las instalaciones físicas de cada agencia.
“Son incuestionables las aportaciones de los miembros de comunidades sin estatus migratorio definido que viven en nuestra Isla. Es responsabilidad de este gobierno proteger sus derechos y procurar que no se sientan intimidados o cohibidos a la hora denunciar que han sido víctimas de algún delito o que puedan ser testigos de una violación a la ley, ayudando así a las autoridades a esclarecer un acto delictivo”, dijo el mandatario.
Añadió que “con esta medida que firmé hoy, garantizamos que no se cuestione por estatus migratorio o nacionalidad a una posible víctima o testigo. Voy a continuar dando paso a medidas que representan nuestra política pública y que fortalezcan la cultura de respeto y el derecho de todos”.
De igual manera, el primer ejecutivo le dio paso a los proyectos del Senado 71 y 74, el primero para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico”.
Con la medida se persigue establecer ciertas protecciones para personas sufriendo una sobredosis que pidan asistencia médica de emergencia, así como crear un programa para la prevención de sobredosis de opioides, entre otros fines.
Mientras que el proyecto del Senado 74 propone crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico adscrito a la Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA) para recopilar la información generada por el componente gubernamental relativa a la situación de las drogas legales e ilegales en la Isla y crear el Comité Científico Asesor.
De otro lado, Pierluisi estampó su firma en el proyecto del Senado 19 para establecer un procedimiento que considere la indigencia de la persona convicta al determinar la imposición de la pena especial.
Con esta ley, una persona sin recursos económicos para pagar la pena especial establecida por sus delitos no estaría impedida de obtener los beneficios de libertad bajo palabra y libertad a prueba.
Tampoco será privado de participar en los programas de desvío establecidos por el Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Con esta ley se busca igualar las posibilidades de rehabilitación de todos los convictos, independientemente de su situación económica.
En cuanto a delitos por violencia de género, el gobernador firmó el proyecto del Senado 130 para definir el feminicidio y el transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado.
La iniciativa es consistente con la política pública de esta administración que creó el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE).
Asimismo, Pierluisi le dio paso al proyecto del Senado 135 para que en casos en los que se adjudique responsabilidad solidaria y vicaria del gobierno de Puerto Rico, incluyendo las tres ramas de gobierno, corporaciones públicas y municipios, estos puedan exigir la restitución o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas por los actos de hostigamiento sexual cometidos por un agresor.
Asimismo, el gobernador también firmó los proyectos del Senado 301 y 475.
El 301 es para que los municipios tengan prioridad sobre cualquier persona o entidad privada al momento de que se considere contratar un agente administrador en algún proyecto de vivienda pública.
En tanto, el 475 otorga una extensión hasta el 30 de junio de 2022 para que los municipios afectados por los terremotos puedan realizar donaciones o cesión en usufructo o titularidad a sus constituyentes de las propiedades inmuebles recibidas por parte de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.
El primer ejecutivo también convirtió en ley la resolución conjunta del Senado 60 para denominar el Nuevo Centro de Gobierno Municipal de Caguas como “William Miranda Marín”.
El gobernador impartió un veto expreso a siete medidas recibidas en su despacho.
Para una de estas, el proyecto del Senado 7, el primer ejecutivo explicó en su veto que la enmienda que se propone al artículo 45 contiene un lenguaje indicativo de un derecho de intervención y que permite una intervención del padre o madre no custodio, sin que el tribunal tenga discreción para determinar si ello procede, entre otras inquietudes.
En el caso del Proyecto del Senado 27 se indicó que se optó por un balance entre la Regla Daubert y la confiabilidad que se busca impartir, al testimonio del perito y el acceso a la justicia de los ciudadanos.
La Regla 702 vigente contiene el elemento de confianza y atiende con suficiente fuerza la admisibilidad del testimonio pericial, sin detrimento de los acusados de delito que no cuenten con recursos económicos para su defensa.
Además, la enmienda propuesta terminaría con el consenso existente desde la aprobación de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009.
Mientras que para el proyecto del Senado 188 la razón del veto es porque el seguro de incapacidad de los empleados del Sistema de Retiro se otorga bajo una póliza de seguro colectivo o de grupo, emitida por el asegurador a la Administración de los Sistemas de Retiro, y que provee cobertura para todos los empleados dentro del grupo.
En este tipo de póliza, la composición del grupo incide directamente en el costo de la prima, y a menos miembros en el grupo, mayor es el costo de la prima.
El proyecto del Senado 233 también fue vetado por el gobernador Pierluisi pues explicó que el Programa R3 del Departamento de la Vivienda ya es abarcador, permitiendo que el 100% de sus beneficiarios sean personas de bajos y moderados ingresos.
Tener dos programas paralelos con requisitos y criterios distintos pudieran estar en contravención a los parámetros establecidos por el gobierno federal.
En el caso de la resolución conjunta del Senado 54, recibió un veto expreso debido a que aunque cualquier incentivo resulta pequeño en contrapeso con la gran aportación que realizan a la sociedad los profesionales de la salud, la medida no puede ser firmada. Conforme a como está redactada, las responsabilidades que se le asignan al Departamento de Hacienda en cuanto a la identificación de fondos, el uso de cualquier fondo especial para cumplir con sus propósitos y la reprogramación presupuestaria no son funciones dentro de la competencia de dicha agencia.
Además, cualquier reprogramación y modificación al presupuesto tiene que ser aprobada previamente por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Es importante señalar que Aafaf ya está evaluando si algún grupo o trabajador con derecho al incentivo no lo ha recibido, se pueda incluir en los nuevos incentivos que el gobernador está concediendo con fondos federales para la pandemia.
Asimismo, la resolución Cconjunta del Senado 68 recibió un veto del gobernador pues la pieza legislativa derrotaría el espíritu de las enmiendas incorporadas al Código de Rentas Internas de Puerto Rico mediante la Ley 257-2018, debido a que derogaría tácitamente la disposición de la Contribución Alternativa Mínima que incluyera dichas enmiendas.
El gobernador también emitió un veto al sustitutivo del proyecto de la Cámara 429 y el 488, pues a pesar de su loable intención, este proyecto altera de forma irrazonable los derechos de los acreedores hipotecarios a hacer efectivos sus créditos y pudiera ser interpretada como una medida confiscatoria por menoscabar obligaciones contractuales.INS
P. Rico-Protege el gobernador Pierluisi a acreedores hipotecarios ante crisis de vivienda al vetar el proyecto 429, sostiene Ayuda Legal Puerto Rico
San Juan, 28 ago (INS).- Mientras miles de familias se preguntan sobre las consecuencias del fin de la moratoria de desahucios, y en Puerto Rico se aproxima la temporada pico de huracanes, el gobernador Pedro R. Pierluisi acaba de vetar el proyecto 429, dirigido a prohibir los desahucios y ejecuciones por hasta 90 días tras la declaración de un estado de emergencia.
Esto, a la vez que se anuncian nuevas restricciones para atender una pandemia cuya principal recomendación fue #QuédateEnCasa.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió en la noche del jueves una decisión deteniendo la aplicación de la moratoria federal de desahucios.
La moratoria, que protege la vivienda de cerca de 7 millones de personas inquilinas, se puso en vigor a través de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) bajo el entendimiento de que mantener un techo seguro es una asunto de seguridad pública ante la pandemia.
La decisión del Tribunal Supremo federal no establece que la moratoria es inconstitucional. Lo que señala es que los CDC no tienen autoridad para establecer un alto a los desahucios y que defender ese interés apremiante requiere acción legislativa.
Es decir, señala, toca al Congreso tomar acción para proteger los techos ante el Covid-19, por o que el presidente estadounidense Joe Biden salió al paso a pedirle a estados y jurisdicciones que actúen desde sus respectivas legislaturas para aprobar medidas que protejan el derecho al techo ante la emergencia.
“Nos parece inverosímil e insensible que mientras en Estados Unidos y Puerto Rico la primera plana es la crisis de desahucio, el gobernador Pierluisi elija vetar un proyecto sin siquiera reconocer en sus expresiones la crisis de vivienda, la gente que no sabe cómo pagar renta o hipoteca, a las personas sobrevivientes de desastres que siguen desamparadas”, recalcó la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Michelle Godreau Aubert.
La abogada acusó al mandatario de escoger la protección de la banca, ponerla sobre las familias puertorriqueñas desesperadas.
La licenciada Verónica Gonzalez Rodríguez señaló, por su parte, que entre 2017 y el primer trimestre de 2021, mientras numerosos desastres nos azotaban, se ejecutaron sobre 13,248 viviendas. En los últimos diez meses, se han presentado 668 nuevos desahucios.
“Los desalojos no esperan a que la emergencia pase”, acotó.
Las letradas agradecieron, a su vez, a las legisladoras y legisladores de los partidos PPD, PIP, PNP y MVC por avalar y hacerse coautores de la medida.
El proyecto peticionado por Ayuda Legal Puerto Rico, contó con el aval multipartita e incluyó enmiendas presentadas por la principal institución financiera del país.
“No nos toca a nosotras pedir la reconsideración del Gobernador. Nuestro espacio es seguir luchando por los derechos de las personas sobreviviente de desastres. En este proceso ganamos la aprobación de la legislatura de un proyecto histórico. Logramos que se solicitara y desembolsara asistencia de alquiler”, recalcó la directora ejecutiva.
La licenciada Godreau Aubert amplificó aseguró que “amplificamos el reclamo por alquileres dignos y demostramos que las instituciones financieras jamás se autorregulan en beneficio de las personas en riesgo de perder su casa”.
“Desde Ayuda Legal Puerto Rico abriremos nuestras líneas para ofrecer apoyo legal gratuito a personas de ingresos limitados que enfrenten desahucios por impago. Lo haremos mientras seguimos fiscalizando a la banca y al gobierno porque la recuperación justa y la vivienda digna son derechos”, sostuvo. INS
P. Rico-Determinan causa para arresto contra una joven que presentó tarjeta de vacunación falsa para entrar a concierto de música urbana
San Juan, 28 ago (INS).- La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia presentó cargos contra Paola Pamela Oyola Rivera, de 21 años, por presentar una tarjeta de vacunación falsa en los puntos de cotejo establecidos por el Departamento de Salud en un concierto de música urbana.
La jueza Ileana Blanco, de la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para arresto contra la joven y le impuso una fianza de $10,000 con supervisión electrónica, tras la presentación de la prueba por parte de las fiscales Kristia J. Díaz Pérez y Deborah Rodríguez Ortiz, quienes realizaron una investigación con el apoyo de la Oficina Investigaciones Departamento de Salud.
El pasado 22 de agosto de 2021, la joven acudió al concierto de Eladio Carrión en el Coca Cola Music Hall del Distrito de Convenciones de San Juan, donde presentó una tarjeta de vacunación “COVID-19 Vaccination Record Card”.
Sin embargo, personal del Departamento de Salud validó que la información en la tarjeta de vacunas de la joven es falsa, ya que ésta no se ha inoculado contra el Covid-19.
El director de la División de Delitos Económicos, el fiscal Rodney Ríos, explicó que la joven se expone a tres años de cárcel.
“Dicha conducta constituye una violación al Artículo 215 del Código Penal, que establece que toda persona que, con el propósito de defraudar, altere, posea o circule un documento que debe ser expedido por un funcionario del Gobierno de Puerto Rico o por cualquier institución privada autorizada, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres años”, indicó Ríos.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó que, además de ilegal, esta actuación es sumamente irresponsable y podría poner en riesgo muchas vidas.
“A causa de la pandemia del Covid-19 algunos han perdido a sus seres queridos, y en este este momento existe una variante mucho más peligrosa. El Gobierno de Puerto Rico y sus ciudadanos nos encontramos realizando un gran esfuerzo por erradicar el virus, pero hay personas que no entienden el impacto de sus actos”, estableció el secretario de Justicia.
La vista preliminar quedó señalada para el 10 de septiembre de 2021. INS
P. Rico-Sagrado moviliza ayuda para damnificados por el terremoto en Haití
San Juan, 28 ago (INS).- El Centro Sofía de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), en una alianza con las Religiosas del Sagrado Corazón, solicitó donaciones que irán dirigidas a una clínica móvil en Haití que atenderá a damnificados por el terremoto ocurrido recientemente en el vecino país.
El pasado 14 de agosto se registró un terremoto de magnitud 7.2 en el suroeste de Haití. Autoridades locales reportan, a la fecha, sobre 2,000 muertes y 12,000 heridos.
“Desde el paso del huracán María, bajo la iniciativa Sagrado Contigo, nuestra universidad se ha organizado para ayudar en casos de emergencia o desastres a las comunidades afectadas. Lo hicimos en los terremotos del 2020, durante la pandemia y ahora nuestros hermanos haitianos nos necesitan”, indicó el gerente senior del Centro Sofía, Edwin Figueroa Narváez.
El centro invita a la ciudadanía a realizar sus donaciones a la cuenta del Banco Popular #021-040672 hasta el 17 de septiembre de 2021.
“Cada aporte económico, grande o pequeño, es importante. Estamos convencidos que en poco tiempo podemos recolectar las donaciones necesarias para poner a funcionar esa clínica”, agregó Figueroa Narváez.
Para obtener más detalles sobre esta iniciativa, puede llamar al 787-728-1515 exts. 1382 y 1272 o enviar un correo electrónico a: centrosofía@sagrado.edu .INS
P. Rico-Evalúan medida que crearía el Departamento de Planificación Sustentable y Permisos Integrados
San Juan, 28 ago (INS).- La Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Permisología de la Cámara de Representantes llevó a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de la Cámara 654, con el fin de crear el Departamento de Planificación Sustentable y Permisos Integrados.
“La vida nos da la oportunidad para hacer cambios a través de una buena legislación y este es el momento. Los cambios climáticos nos exigen actuar y realizar movimientos en busca de una solución. Por eso, este proyecto busca crear un nuevo departamento que nos conduzca a realizar de manera ordenada y planificada un instrumento para el bienestar del país’’, expresó el representante Jessie Cortés Ramos, presidente de la Comisión.
A una audiencia pública ayer compareció el planificador y economista Luis García Pelatti, quien avaló el estatuto: “Es la respuesta correcta a los problemas creados por una reorganización gubernamental que no supo responder a los problemas de la planificación, ordenación territorial y cambio climático’’.
García Pelatti indicó que el problema principal que enfrentan los pequeños comerciantes con los permisos, así como la ciudadanía, es la desconexión entre lo que se planifica y las oficinas que brindan los permisos”.
El proyecto, de la autoría de Cortés Ramos, propone la creación de un nuevo departamento que agruparía los asuntos relacionados a la planificación de Puerto Rico, regiones y sus municipios, integrando en su estructura a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).
Además, integraría a la Administración de Terrenos, que fue creada con el objetivo de ser el brazo operacional que pusiera en práctica las políticas establecidas por la Junta de Planificación (JP).
García Pelatti, quien presidió la JP de 2013 a 2016, destacó que “este proyecto da la oportunidad, de una forma coherente y rápida, para resolver definitivamente el problema creado por la desconexión entre la planificación y los permisos’’.
El economista detalló la importancia de realizar una buena planificación y dio el ejemplo de lo sucedido con las instalaciones recreativas del condominio Sol y Playa, en la playa Los Almendros de Rincón.
Destacó que en un informe preparado por la FEMA se asegura que dentro de 60 años el mar se adentrará hasta los edificios aledaños.
“Estos son problemas para los que la Cámara y el Senado de Puerto Rico tendrán que buscar una solución inmediata para resolverlo, ya que el tiempo avanza y cada vez seguiremos viendo problemas consistentes como ese, donde claramente no queremos volver a pasar por esto’’, sostuvo García Pelatti, quien invitó a que se haga una adecuada planificación y de manera consistente en todos los proyectos que se vayan a realizar en la Isla.INS
P. Rico-Asociación y Federación de Alcaldes buscan crear alianza con la Cámara de Comercio
San Juan, 28 ago (INS).- El presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero, y su homólogo, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, discutieron realizar una alianza estratégica conjunta con la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), para desarrollar esfuerzos en el tema de desarrollo económico a nivel municipal en beneficio de todos los puertorriqueños.
Hernández comentó que “nos unimos a la Cámara de Comercio de Puerto Rico para que sean nuestro referente desde la perspectiva empresarial y que nos brinden su consultoría en la evaluación de proyectos que puedan presentarse y realizarse para beneficio de los ciudadanos. Tanto el Alcalde de Guaynabo como este servidor hemos buscado en nuestros programas de gobierno los temas que nos unen para trabajarlos en conjunto. El desarrollo económico es un tema fundamental para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico”.
Por su parte, Pérez Otero resaltó que “es sumamente importante ampliar esfuerzos y servicios a través de alianzas y más aún en el tema más difícil que es buscar alternativas para la parte económica. Estamos convencidos que vamos a lograr encaminar una ruta para que los Alcaldes se beneficien de los estudios económicos, nuestros microempresarios desarrollen sus negocios y el clima comercial en los pueblos mejore para tener mayores recursos”.
Sobre la iniciativa, Luis Gierbolini, presidente de la CCPR, dijo que “indiscutiblemente la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) ha marcado un paso histórico como gremio al acordar y promover este espacio común con los ejecutivos municipales de los 78 municipios a través de la Federación y la Asociación de Alcaldes. Tenemos una agenda de colaboración muy variada para ayudar a los microempresarios y comerciantes de todas las regiones. Así también, nuestra pericia técnica la vamos a colocar al servicio de la ciudadanía a través de los ejecutivos municipales”.
El encuentro se dio en el marco de la primera reunión del Comité Especial de Asuntos Municipales de la CCPR, el cual es presidido por el camarista Mickey Espada, quien organizó el cónclave con la participación virtual de Gabriel Salguero, presidente de la “National Latino Evangelical Coalition” (NALEC), que se unió a la alianza para apoyar temas de salud, alimentos y manufactura desde la diáspora.INS
ndc