P. Rico-Continúan investigando caso de joven madre sorda Janet Viera Grau que se suicidó

San Juan, 26 ago (INS).- La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores continuó hoy las vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 196, que persigue analizar los protocolos y funciones de las agencias con responsabilidades bajo la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores” (Ley 246-2011) al intervenir con personas con diversidad funcional, en particular sordas.

Esta medida, de la representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), persigue además investigar para evaluar si en el caso de la joven madre sorda Janet Viera Grau las agencias correspondientes cumplieron con los reglamentos y protocolos establecidos conforme a la Ley 246-2011.

En el segundo día de vistas públicas, el Departamento de Educación abundó que la situación presentada en la exposición de motivos de la medida es una de las múltiples a las que se enfrentan los puertorriqueños sordos.

“A mí me consternó la muerte de Viera Grau. Yo, como profesora, hice unos equipos asistidos y realicé un comunicador portátil con el propósito de que ese equipo pueda comunicarle la necesidad inmediata a la persona sorda”, comentó Juliana Rosado Vázquez, en representación de Educación, al reiterar su apoyo a la pieza legislativa.

Añadió que esa agencia tiene un programa de servicios al sordo, llamado Servicio de Asociación de Educación Especial (SAEE), el cual tiene la responsabilidad de desarrollar servicios adecuados, públicos y gratuitos; velar por la prestación de servicios y su calidad, y realizar estudios de necesidades para identificar áreas por mejorar o reforzar.

Destacó que para cumplir con la “Ley de la Oficina Enlace de Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico”, convertida en ley a principios de agosto, el Departamento de Educación cuenta con un contrato por servicios profesionales con una compañía que provee intérpretes para el desarrollo profesional y cualquier otra gestión que requiera realizar un padre sordo dentro del organismo.

Además, este año se realizó un estudio interno para identificar a los funcionarios que tienen conocimiento en el lenguaje de señas, del cual se desprende que 138 maestros están preparados en este lenguaje; del mismo modo, unas 1,249 personas revelaron estar interesados en aprender esta forma para comunicar.

Rosado Vázquez resaltó que, con el propósito de implementar la “Ley para incluir cursos de lenguaje de señas en el currículo de las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico”, la entidad gubernamental con la colaboración de la WIPR-Canal 6, la Secretaría Asociada de Educación Especial y la Secretaría de Asuntos Académicos y Planificación están desarrollando 60 cápsulas informativas sobre señas de uso común disponibles para la comunidad general.

El representante del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Pedro Santiago, indicó que se encuentran en un proceso de cambios para el mejoramiento en la recopilación de información.

El NPPR lleva estadísticas de las intervenciones realizadas por violaciones a la Ley 246-2011, sin embargo los datos se toman de forma general y no se marca cuando hay personas con diversidad funcional y, en particular, personas sordas involucradas en la intervención.

“Para el NPPR es de suma importancia atender las necesidades de las personas con diversidad funcional y, en particular, con personas sordas. Es por eso, que nos encontramos en un proceso de evaluación de procedimientos y en la búsqueda de nuevos adiestramientos para que los miembros del NPPR le brinden un servicio de excelencia a estas personas”, expuso.

En su turno, la representante Burgos Muñiz le preguntó a Santiago cuál es el proceso para solicitar un intérprete para una persona sorda en el momento de una intervención.

“En estos momentos no tengo esa información”, expresó el deponente.

El Departamento de Justicia dejó saber a la Comisión que se han beneficiado de los seminarios provistos por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), entidad que, en un acuerdo colaborativo con la Universidad de Puerto Rico, proveyeron seminarios de lenguaje de señas básicos, intermedio y avanzado.

“Es importante resaltar que a raíz de dichos seminarios se adiestró a una funcionaria de la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento, quien asiste a nuestra agencia, en la provisión de servicios a personas con discapacidad funcional, específicamente personas sordas”. aseguró la agencia en una ponencia firmada por la secretaria interina de Justicia, Wanda Casiano Sosa.

Dejó saber a la Comisión que la primera intervención en el caso de la joven madre sorda, por parte de los Procuradores de Asuntos de la Familia del Departamento de Justicia ocurrió posterior a los lamentables hechos ocurridos, por lo que no tienen récords o información relacionada con los procedimientos previos del Departamento de la Familia.

Entretanto, el Departamento de Salud (DS) informó que la secretaría auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) no recibió queja, querella ni tiene pendiente alguna investigación contra alguna facilidad de salud por los hechos alegados en el caso de la joven sorda, Viera Grau, que dan pie a la aprobación de la medida en discusión, por lo que no tienen información particular que proveer a la Comisión. 

Respecto al proceso de remoción, la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Kevia Calderón Jorge, expuso que la revisión de la responsabilidad que propone la medida, “es importante que se establezca que el trabajador social no podría evitar cumplir sus funciones ni dilatar el proceso de remoción, de no poder estar presente el policía, que planteamos que no debe estar directamente en la escena de la remoción”.

“Uno de los compromisos legislativos es trabajar por el bienestar de nuestros niños. Todo lo que podamos revisar o establecer para su mejor beneficio, así lo hará esta Comisión”, concluyó Burgos Muñiz. INS

ndc