P. Rico-Impulsan discusión sobre enmiendas a la Constitución para que jueces y juezas sean nombrados por ley especial

El representante José Conny Varela, preside de la Comisión que evalúa legislación para enmendar la Constitución. Inter News Service/Johanna Sánchez

San Juan, 12 ago (INS).- Como parte del proceso de vistas públicas iniciado este jueves con el propósito de enmendar la Constitución de Puerto Rico, se impulsa la discusión de una propuesta dirigida a que los nombramientos de los jueces y juezas no recaiga sobre el Gobernador o la Legislatura.

La Comisión para el Estudio y el Derecho Constitucional de la Cámara de Representantes comenzó a atender la Resolución Concurrente de la Cámara 8 (RKC8), de la autoría de José “Conny” Varela Fernández, que dispone que los nombramientos de los jueces y jueces serán regidos por una ley especial.

La medida, sin embargo, recibió el rechazo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) en medio de la celebración de la primera audiencia pública para evaluar el proyecto.

Según la posición del CAAPR, la aspiración de despolitizar el proceso de nominación y confirmación de jueces y juezas no será atendido con la enmienda que promueve la pieza legislativa, pues consideran que cualquier propuesta para cambiar este proceso de selección debería estar inscrita en la Constitución, en lugar de una ley especial.

De igual forma, señalaron que la redacción del proyecto no incluye los elementos que serán tomados en consideración para que en la ley especial se garantice “la pulcritud y legitimidad cuestionada”.

“En términos generales, yo pienso que la intención es buena, pero eso no basta. Se debe evitar cometer errores del pasado”, expresó el licenciado Mark Anthony Bimbela, quien compareció a la vista pública en representación de la presidenta del CAAPR, Daisy Calcaño López.

Agregó que “lo que tenemos que asegurar es que en la ejecución realmente se viabilice lo que se aspira, y ese es el mayor defecto que tiene el proyecto hasta ahora”.

El CAAPR destacó otros elementos que consideran que podrían lograr una mejor administración y selección de jueces y juezas, entre ellos la posibilidad de establecer mediante legislación la carrera judicial como mecanismo para despolitizar la Rama Judicial.

Igualmente, la competencia para la elegibilidad al puesto de juez o jueza; la fijación de criterios de evaluación, además de la participación de las escuelas de Derecho y organizaciones como el propio Colegio de Abogados y Abogadas en el proceso de recomendación de los nombramientos a la Judicatura.

Señalaron, de otra parte, que el lenguaje de la medida reproduce lo dicho en la Constitución actual, por lo que incide en “el mismo error o problema” de definir que el mecanismo de selección de jueces y juezas será definido por una ley especial.

La RKC8 establece que la enmienda propuesta será sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un referéndum especial que será dirigido por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Yo estoy claro en lo que quiero hacer… lo que quiero es despolitizar totalmente, si es posible, la Judicatura”, manifestó Varela Fernández, presidente de la comisión cameral.

Reconoció, sin embargo, que “va a ser difícil quitarle ese poder al Gobernador, pero usted lo ha dicho y ha sido mi posición de que esos mismos candidatos, después de pasar ese proceso (de evaluación), se le presente una alternativa al ejecutivo”.

El también vicepresidente de la Cámara se refirió en ese sentido a las diversas opciones que se podrían considerar para el mecanismo de nombramientos de jueces y juezas.

Varela Fernández otorgó un plazo de 60 días al CAAPR para que convoque un grupo multisectorial para evaluar la propuesta y emitir mayores recomendaciones para la redacción de la medida.

Posteriormente, la CAAPR ofrecerá una posición oficial sobre la pieza legislativa.

“Si se enmienda adecuadamente la medida —porque como está la posición del Colegio es oponerse a la misma—, buscando los objetivos que el señor presidente ha señalado, sería extraordinario y sería un servicio de primer orden al país”, manifestó Bimbela.

El Departamento de Justicia, en tanto, concurrió con la postura del CAAPR, principalmente, al recomendar que la enmienda sea realizada en la Constitución y no mediante una ley especial.

Justicia aseguró que el mecanismo actual de nombramiento de jueces y juezas es funcional, aunque también reconoció que podría ser mejorado.

“Tal y como está el sistema, ¿usted lo apoya?”, cuestionó Varela Fernández a la licenciada Elba Cruz Rodríguez, portavoz del Departamento de Justicia, quien dijo a nombre del secretario Domingo Emanuelli que “ha estado funcionando, pero se puede enmendar”.

Los representantes Jesús Santa Rodríguez y Denis Márquez Lebrón objetaron las expresiones de la delegada de Justicia al coincidir en que, contrario a su planteamiento, el mecanismo actual de nombramiento de jueces y juezas no es eficaz.

“Yo creo que, como base, a corto plazo, el sistema que sea tiene que brindar la mayor participación en cuestión de la evaluación de la persona a ser juez”, dijo Santa Rodríguez. “Obviamente, como está funcionando, no está logrando el objetivo que queremos y que tengamos una Judicatura lo más sana posible”.

Márquez Lebrón refutó que su postura no es mejorar el modelo de nombramientos actual, sino que aspira a “transformarlo, revolucionarlo y cambiarlo”.

“Decir que el modelo de nombramiento judicial en Puerto Rico ha funcionado bien es desde la perspectiva del que está en el gobierno, porque ha sido un modelo discriminatorio, injusto y terrible para el país. El discrimen (sic) político en los modelos judiciales no es de la década de los 80, década de los 90, es parte de la historia de Puerto Rico siempre”, denunció el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño.

La evaluación de la RKC8 forma parte de un proceso de investigación legislativa que bajo la Resolución de la Cámara 26 (RC26) busca recomendar y desarrollar una serie de enmiendas a la Constitución.

“Todas las resoluciones que están en nuestra consideración van a ser evaluadas, van a ser estudiadas con mucho rigor. Enmendar la Carta Magna no es fácil. Otros me han dicho que no se debe tocar, pero yo creo que hay que actualizarla a los momentos que vivimos”, puntualizó Varela Fernández, del Partido Popular Democrático (PPD). INS

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