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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 29 jul (INS).- Los derechos civiles y humanos individuales parecen estar en pausa ante el Estado todopoderoso, por lo menos respecto a lo sanitario frente a la pandemia del Covid-19.
La vacunación compulsoria para los empleados públicos que laboran en agencias del sistema central de gobierno impone el criterio de bienestar sanitario de los ciudadanos, tanto si son empleados públicos como receptores de servicios gubernativos.
Echado a un lado el criterio de que existe la libertad de cada ciudadano a decidir en una democracia las alternativas en la búsqueda del bienestar individual de cada quien, se confiere al Estado —como ente todopoderoso— anteponer un propósito colectivo basado en una cuestionable percepción oficial de seguridad sanitaria al criterio individual de cada quien, aún con todas las excepciones religiosas y condiciones patológicas preexistentes en algunos los servidores públicos.
Empero, el concepto oficial sobre seguridad sanitaria con la vacuna contra el Covid-19 no necesariamente garantiza que no se produzca un brote del virus en alguna dependencia gubernamental, especialmente en el área oeste donde el índice de infecciones alcanza el 12.5 por ciento.
Si bien se hace obligatoria la vacunación para los servidores públicos, no así para los ciudadanos que acuden a las agencias a solicitar un servicio gubernativo.
Hasta ahora, no se ha dado a conocer públicamente el protocolo profiláctico y de restricciones sanitarias en cada una de las agencias ni la manera de hacerlo cumplir, si existiera.
Con las nuevas variantes del Covid-19, especialmente con la Delta, la vacuna no garantiza que la persona inoculada no se pueda contagiar con el virus.
La vacuna es vulnerable a la agresividad viral del SARS-CoV-2 y siempre habrá de estar presente la posibilidad de un brote de Covid-19 en algunas de las dependencias de una agencia del gobierno, a cuyos empleados se impone la vacunación para sus labores presenciales.
Lo que constitucionalistas del patio conciben como peligroso es el precedente legal que presupone esta determinación gubernamental. INS
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