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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 11 jul (INS).- Se ensañaron con quien fuera hasta la madrugada del miércoles el presidente de Haití. Doce impactos de fusil y de pistola 9 milímetros, orificios de bala en la frente y en cada pezón, tres disparos en la cadera, otro en el abdomen, extraoficialmente dicen que otro en los testículos, además del brazo y pie derechos fracturados.
También se está rumoreando que le sacaron los ojos.
La necropsia del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, y varias cámaras de seguridad están dejando en evidencia lo que ocurrió entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de julio en Pétion-Ville, el exclusivo barrio de Puerto Príncipe en donde está ubicada la residencia del mandatario.
Según reporta hoy el periódico colombiano El Tiempo, agencias de cuatro países están investigando quiénes están detrás del asesinato de Moïse, quien llevaba cinco años al frente de ese convulsionado país y que planeaba un referéndum para una nueva Constitución.
Se pactó que personal de inteligencia de la Policía y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) apoyarán en terreno la indagación en la que ya avanza el FBI, dice El Tiempo.
En las calles de la capital, hordas de ciudadanos y autoridades desplegaron una cacería de los miembros del comando armado que estuvo en el lugar del crimen. Mientras tanto, el primer ministro, Claude Joseph, declaró el estado de sitio.
El comandante de la Policía, León Charles, reveló unas 24 horas después del asesinato que 26 colombianos conformaban el comando armado, tres de los cuales fueron aniquilados en la Rue Pinchinat, en Pétion-Ville.
Para ese momento, informa el rotativo bogotano que Charles ya tenía en sus manos un informe con datos de los exmilitares que el presidente Iván Duque había ordenado elaborar con sigilo para las autoridades haitianas.
“Sin que la investigación siquiera tome impulso, la noticia de que exmilitares colombianos estaban involucrados en el magnicidio dio la vuelta al mundo. Internacionalmente se habla de Colombia como una cantera de mercenarios, residuos del conflicto interno”, reseña el periódico.
Por ahora hay constancia de que hay siete civiles y 13 exmilitares -dos oficiales, tres suboficiales y ocho soldados (todos retirados)- implicados en los hechos. Pero son más.
A través de un familiar, El Tiempo tuvo contacto con uno de los militares colombianos, quien narró cómo terminó acorralado en Haití, después de ser un uniformado condecorado.
A él, dice, lo contactó el sargento viceprimero retirado Duberney Capador, de 40 años, quien murió después del operativo. Capador estuvo asignado a la Brigada 30 de Cúcuta, hasta enero de 2020, y se le ubica como uno de los reclutadores, aunque allegados lo niegan.
También se indaga si Marco Antonio Palacios, quien viajó con el grupo, tiene ascendencia haitiana. Y el FBI rastrea si la empresa de seguridad privada de Dimitri Hérard, el jefe de Seguridad del Palacio Nacional, contactó a los colombianos.
Además, se quiere establecer qué hizo Hérard en su viaje relámpago a Ecuador el 22 de mayo de este año -país donde fue entrenado, en 2012- y que incluyó una escala en Bogotá.
Dimitri Hérard ya venía siendo investigado por presunto tráfico de armas. Y está citado a declarar la próxima semana, junto con Jean Laguel Civil, coordinador de Seguridad del presidente Moïse.
Las autoridades quieren que expliquen cómo permitieron que el presidente fuera torturado con saña y luego asesinado en su propia residencia; por qué nadie del anillo de seguridad resultó herido y cómo ingresó el comando armado sin ser detectado y sin que hubiera siquiera un intercambio de disparos.
“Como en mayo o junio, se creó un grupo de WhatsApp en el que empezaron a ofrecer el trabajo. La idea era prestar seguridad en sectores golpeados por bandas de secuestradores”, se cita en El Tiempo a uno de los exmilitares colombianos apresados en Haití.
Según el exmilitar colombiano, en Haití ocultan información. Dice que el ingreso de colombianos a ese país fue rápido y sin preguntas. Y les dijeron que estaban siendo contratados por el gobierno.
“La idea era prestar seguridad en sectores golpeados por bandas de secuestradores, en especial una que opera en Laule 12. Además, proteger al presidente si se requería. Ofrecían entre 2,300 y 2,800 dólares al mes, dependiendo del entrenamiento”, explicó.
Y agregó que, para enganchar gente, hubo reuniones en hoteles de la zona de Corferias, en Bogotá.
“Van los que tengan pasaporte al día, curso de comando, de lancero o de Fuerzas Especiales”, se lee en uno de los mensajes enviados a los exmilitares colombianos. Y en otro se lee: “Lleven dos camisetas negras y dos pantalones caqui mientras llega la dotación (…). Van a recibir armas largas y cortas (…). Nos vamos”.
“Varios tenían esos cursos, entre ellos Capador, Manuel Grosso y Francisco Eladio Uribe Ochoa, que estuvieron juntos en el Batallón de Chiquinquirá, Boyacá”, dice un investigador.
Grosso (primo lejano del consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín) fue chofer de confianza del jefe del Estado Mayor de la Brigada de Fuerzas Especiales, en Tolemaida. Y Uribe, miembro del Gaula Militar, en donde terminó involucrado en “falsos positivos”, operación militar que consiste en vestir con uniformes de la guerrilla a campesinos para identificarlos falsamente como muertos por el Ejército en combate durante enfrentamientos con la insurgencia.
Ahora, los colombianos capturados están pidiendo que las autoridades revisen las cámaras de seguridad. Allí, dicen, quedó registrado que el presidente fue asesinado a eso de la 1:30 AM, y el comando de colombianos llegó cerca de las 2:40 AM.
Dos de los detenidos declararon que acudieron al lugar porque les reportaron una balacera. Y, además, que ellos socorrieron a la primera dama, Martine Moïse, gravemente herida.
Pero los estadounidenses de origen haitiano capturados (James Solages y Joseph Vincent) han dado una versión diferente. Dicen que fueron a la casa del presidente para hacer efectiva una orden de detención de un juez y no para matarlo.
En todo caso, a varios investigadores les llama la atención que el reclutamiento en Colombia -que se habría apoyado en cuatro firmas de seguridad privada locales- se dio poco después de la decisión de Moïse de permanecer en el poder un año más, reseña El Tiempo.
Se ha informado en Haití que cuatro altos oficiales a cargo de la protección a Moïse han sido citados por un fiscal de Puerto Príncipe a declarar en la investigación del magnicidio que se lleva a cabo por las autoridades haitianas. INS
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