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San Juan, 9 jul (INS).- En medio de la destitución de Jorge Haddock de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la vicepresidenta asociada de Acreditación y Avalúo, Jennifer Alicea Castillo, aseguró que las acreditaciones de los programas del sistema están en cumplimiento con las agencias evaluadoras, ya que, según se desprende de los informes solicitados a los once recintos y unidades, de los 179 programas acreditados solo cuatro se encuentran ejecutando planes de acción para atender los hallazgos de las entidades evaluadoras.
“Surge claramente de los informes recibidos que los programas académicos de la UPR están cumpliendo con la entrega de los datos requeridos por las agencias acreditadoras profesionales para evidenciar que siguen los estándares. De los 179 programas acreditados, en todo el sistema universitario, solo hay cuatro programas que están ejecutando planes de acción para atender hallazgos de las agencias acreditadoras”, indicó la académica.
La doctora Alicea Castillo precisó que de estos hallazgos, únicamente el programa de Neurocirugía trabaja en su reacreditación, pues el Recinto de Ciencias Médicas desarrolló un plan de acción para obtener la acreditación con mayor agilidad.
“Al presente trabajan, además, con el grado asociado de Radiología Tecnológica, el cual se encuentra acreditado, pero en probatoria y debe someter un informe de progreso el 14 de enero de 2022. El programa de Terapia Física de la UPR en Ponce, así (como) el grado asociado en Terapia Física de la UPR en Humacao se encuentran bajo estatus probatorio, pero acreditados, debido a no haber alcanzado el por ciento de pase de reválida establecido por las agencias acreditadoras”, argumentó la académica.
Explicó que como parte del proceso regular, en los casos en que se han encontrado áreas para mejorar, las unidades y recintos se han encargado de redactar y trabajar con planes de acción para subsanar las mismas.
“Este es un trámite ordinario en todo proceso de acreditación, ya que el mismo promueve el mejoramiento continuo de los programas y el cumplimiento con los criterios de las agencias, el cual puede tener cambios”, adujo.
Alicea Castillo añadió, en carta a la comunidad universitaria, que “de la información recibida, no surge que exista algún problema por falta de fondos o necesidad de personal docente”, contrario a los planteamientos de los gremios de docentes universitarios.
“Estamos brindado apoyo a estos cuatro programas que están ejecutando planes de acción para atender hallazgos de las agencias acreditadoras para garantizar su cumplimiento. Nuestro compromiso es reforzar el cumplimiento con los requisitos de las acreditaciones, especialmente aquellas que son requeridas para ejercer profesionalmente”, añadió.
La funcionaria detalló que el proceso de acreditación se realiza en los recintos y unidades, no obstante, en 2019 se autorizó la Certificación 45, 2019-2020, a los fines de asegurar que las unidades informen a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación.
“Aunque la acreditación de los programas académicos es responsabilidad directa de los recintos y unidades, informarlo a tiempo permitirá que se le pueda brindar a tiempo cualquier apoyo requerido; especialmente cuando sea necesario implementar alguna medida que excede la facultad del director o decano”, enfatizó.
La UPR es la institución educativa en la isla con más acreditaciones, dijo la funcionaria universitaria al indicar que en el caso de la Escuela de Derecho es la única en Puerto Rico acreditada por la American Bar Association y la Association of American Law Schools.
Debido a la importancia que representa la acreditación de los programas académicos para la formación y el prestigio de la UPR, el pasado 24 de junio de 2021 el presidente Haddock encomendó a los rectores y rectoras del sistema universitario que presentaran un informe sobre el estatus de situación de la acreditación de los programas de académicos en cada uno de los recintos y unidades.
De acuerdo con la política institucional de transparencia, el presidente Haddock solicitó la publicación de los informes en los portales oficiales de cada recinto y unidad, de manera que la comunidad universitaria y la ciudadanía estén informados al respecto.
Realmente, la presidencia de la UPR se había negado a entregar la documentación que le había requerido algunos medios de comunicación y actuó en esa dirección luego de que un diario nacional (El Nuevo Día) recurriera a los tribunales. INS
ndc