R. Dominicana-Tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, Haití conserva la calma en medio del estado de sitio y la incertidumbre de quién ocupará la presidencia

Santo Domingo, 8 jul (INS).- Después del asesinato a tiros del presidente haitiano Jovenel Moïse por parte de un comando armado en un asalto a su residencia, Haití conserva la calma mientras el Consejo de Ministros presidido por el primer ministro interino Claude Joseph anunció el estado de sitio en todo el territorio nacional.

En el hecho resultó gravemente herida la esposa del mandatario, Martine Marie Etienne Joseph, quien ayer fue trasladada a un hospital en Miami, Estados Unidos.

Mientras, el primer ministro interino emitió una orden para explicar las implicaciones de la medida decretada como consecuencia del trágico acontecimiento, según recogen medios del vecino país.

La decisión establece la declaratoria del estado de sitio en todo el territorio de la República por un período de 15 días.

“Con la finalidad de recabar toda la información para aprehender a los asesinos del jefe de Estado, Excelentísimo Señor Jovenel Moïse, y remitirlos a los tribunales competentes, la fuerza policial permanece movilizada en todo el territorio de la República”, dijo.

Los demás puntos contenidos en manifiesto son los siguientes: prohibir todas las reuniones que estime susceptibles de excitar o mantener el desorden en el territorio de la República; controlar el acceso a los carriles de circulación; fortalecer los dispositivos de seguridad, introducir medidas especiales de seguridad y tomar todas las medidas generalmente necesarias para detener a los autores del crimen.

El gobierno haitiano cerró inmediatamente el aeropuerto de Puerto Príncipe y declaró un duelo nacional y el estado de sitio, ambos por un plazo de 15 días.

Por igual, movilizó a todas las tropas de la Policía y el Ejército y prohibió cualquier reunión que pueda alentar el desorden en el país, según figura en el primer decreto firmado por el primer ministro interino.

Joseph pasó en menos de 48 horas de estar a punto de ser relevado del cargo a concentrar en sus manos todo el poder en Haití, pues el pasado lunes, en un intento de acercarse a sectores de la oposición, Moïse nombró nuevo primer ministro al doctor Ariel Henry, quien no ha llegado a ser investido en el cargo.

En su primera declaración, el jefe de Gobierno pidió a toda la oposición que condene el magnicidio y sumarse a la labor de “dar continuidad al Estado”.

Después del magnicidio, la situación del vecino país de más de 11 millones de habitantes lucía en calma, mientras los ciudadanos se mantienen refugiados en sus hogares, de acuerdo con los reportes de las agencias internacionales de noticias radicadas en la capital.

Algunos haitianos intentaron cruzar la tarde de este miércoles desde el pueblo de Juana Méndez hacia la República Dominicana por la puerta que da acceso a la provincia Dajabón, ubicada en la región noroeste del país, lugar donde cada semana miles de estos extranjeros acuden al mercado binacional.

Los militares que vigilan ese punto dejaron entrar a una mujer y su hija haitianas que tienen la nacionalidad dominicana. Una de ellas dijo a los periodistas de la zona que sentía mucho miedo y rogaba que la dejaran pasar, porque necesitaba encontrar una farmacia para comprar medicamentos contra la hipertensión.

¿Quién sucederá a Moïse?

Tras el asesinato del mandatario, una de las grandes interrogantes es quién ocupará la presidencia. Al respecto, Jean Wilner Morin, presidente de la asociación nacional de jueces haitianos, declaró a los medios que el presidente de la Corte Suprema, René Sylvestre, sería el siguiente en la fila, pero falleció la semana pasada por Covid-19.

Morin dijo que el primer ministro interino Claude Joseph podría llenar el vacío, pero tendría que ser aprobado por el parlamento de Haití. Sin embargo. El Parlamento bicameral se disolvió después de que el país no pudo celebrar elecciones legislativas y locales.

Una crisis escalofriante

La gran mayoría de la oposición respondió al llamado a la calma hecho por el sector oficial con una condena al asesinato, incluyendo sectores de la izquierda que han alimentado las persistentes protestas que hicieron tambalearse al gobierno haitiano en varias ocasiones en los últimos tres años.

Entre ellos se encontraba también el Sector Democrático y Popular, plataforma de izquierda que llegó a nombrar a un presidente interino el pasado 7 de febrero, día en el que consideran que terminó el mandato del jefe de Estado y a partir del cual, a su entender, pasó a usurpar el poder.

La agravada coyuntura haitiana se desató a mediados de 2018 por denuncias de corrupción contra Moïse, un productor de banano que alcanzó la Presidencia respaldado por la popularidad de su predecesor, el expresidente Michel Martelly, quien declaró que el crimen constituía un duro golpe para la democracia del país caribeño.

Desde entonces, esa situación se ha agravado con escenas preocupantes, como la denuncia que hizo el estadista, el pasado 7 de febrero, afirmando que la oposición, junto a un grupo de jueces de la Corte de Casación (Corte Suprema) y altos mandos de la Policía, tramaban un atentado para asesinarle.

La eventualidad política en la nación más empobrecida de la región se desencadenó por denuncias de corrupción de Moise, en torno a los fondos del programa de ayudas venezolano Petrocaribe, y se agravó en los últimos años por problemas económicos y un clima político cada vez más tenso.

Las protestas violentas han paralizado las actividades en Puerto Príncipe durante varios meses a lo largo de estos tres años de inestabilidad, y motivaron el aplazamiento de las elecciones legislativas de 2019.

Los planes del fenecido gobernante de aprobar una nueva Constitución, a través de un referéndum aplazado dos veces y ahora convocado para el mismo día de las elecciones, el 26 de septiembre, siguió agrietando el escenario en los últimos meses.

La violencia de las pandillas, desbocada desde comienzos de junio, ha sido el último capítulo antes de desembocar en el asesinato del mandatario.

Moïse asumió el cargo en febrero de 2017 y se comprometió a fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y llevar más inversiones y empleos a la nación más pobre del continente. Pero su administración estuvo plagada de protestas masivas desde el principio, y los críticos lo acusaron de volverse cada vez más autoritario.

Fue muy criticado por aprobar decretos, incluido uno que limitaba los poderes de un tribunal que audita los contratos del gobierno, y otro que creó una agencia de inteligencia que solo responde al presidente.

La inestabilidad política y económica se agudizó en los últimos meses, con protestas generalizadas que paralizaron el país. Además, las pandillas en la capital Puerto Príncipe se han vuelto más poderosas.

De acuerdo con los registros periodísticos, más de 14,700 personas fueron expulsadas de sus hogares en junio cuando las pandillas saquearon, secuestraron e incendiaron casas. También, 15 personas murieron durante un tiroteo el 29 de junio en la capital. INS

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