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San Juan, 5 jul (INS).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) de la lista de agencias estatales de alto riesgo, imposición que tuvo lugar en agosto de 2015 debido a señalamientos sin resolver desde 2012 por el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
La exclusión del estatus de alto riesgo permite ahora que la OPM pueda solicitar fondos de forma directa, en lugar de mediante reembolso, luego “tras haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos del gobierno federal”, según precisó la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo.
“Ahora la OPM tendrá la oportunidad de acceder directamente a fondos federales prioritarios para luchar contra la violencia hacia las mujeres en la Isla”, explicó.
La procuradora de las Mujeres precisó que “el acceso directo a los fondos de STOP y SASP permitirá reducir la burocracia y agilizar la provisión de servicios para tantas víctimas que así lo requieren”.
“Estamos muy agradecidos del apoyo del gobierno federal y de los servidores públicos a nivel estatal que han estado involucrados en este proceso de remoción de la designación de alto riesgo. Sus esfuerzos serán de gran ayuda para las entidades y organizaciones que tanta asistencia ofrecen a las víctimas de agresión y violencia”, argumentó Boria Vizcarrondo.
El Programa de Servicios para Víctimas, Capacitación para el Sistema de Justicia Penal, Responsabilidad del delincuente, Policía y Fiscalía (STOP, siglas en inglés) se otorga para que los estados en sus esfuerzos por desarrollar y fortalecer estrategias efectivas de aplicación de la ley y enjuiciamiento para combatir los delitos violentos contra las mujeres.
Además, desarrollar y fortaleces los servicios a las víctimas en casos que involucran delitos violentos contra las mujeres.
Mientras, el Programa de Servicios a Víctimas de Agresión Sexual (SASP, siglas en inglés) provee fondos para apoyar a organizaciones que provean servicios esenciales, intervención directa y asistencia para víctimas, así como a sus familiares y otras víctimas afectados por la agresión sexual.
Según el Departamento de Justicia federal, el Departamento de Justicia de Puerto Rico cumplió con las recomendaciones del informe de auditoría GR-40-15-006 y garantizar que funcionarios clave del estado completaran la sesión de adiestramiento de gerencia financiera para subvenciones, entre otros requisitos. INS
ndc