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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 4 jul (INS).- Tras cumplirse cinco años de la imposición de la Ley Promesa y la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico sigue sin una transformación que saque al país del atolladero económico y ofrezca garantías futuras a los acreedores de que podrá allegarse en el futuro recursos fiscales para el pago de la deuda pública sin necesidad de estrecheces en el presupuesto del gobierno.
Ha habido un espejismo de bonanza económica con la avalancha de fondos federales relacionados con la catástrofe que provocó el huracán María, la actividad sísmica inusual con el episodio de un fuerte terremoto y la pandemia de coronavirus.
De no haber sido por esa coincidencia coyuntural de la historia y la avalancha de asignaciones de fondos federales especiales, los primeros cinco años de vigencia de la ley federal Promesa y las políticas de ajuste en el gasto fiscal impuestas por la Junta de Control Fiscal, la situación económica hoy sería verdaderamente crítica.
Empero, según vaya pasando el tiempo y los fondos federales especiales que están disponibles para la situación de emergencia se vayan agotando, aflorarán las penurias económicas y el decaimiento de la economía puertorriqueña se hará visible.
El respirador mecánico y artificial de los fondos federales de emergencia es lo único que ha mantenido viva una economía agonizante y la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa ha hecho muy poco por salvarle la vida.
Su misión ha sido deficiente, incluso para revitalizar la salud fiscal del país, puesto que la renegociación de los pagos de la deuda, todavía insuficientes para una economía enferma y venida a menos que no permite generar ingresos presupuestarios al gobierno, lo único que ha hecho es prolongar la agonía de la crisis en el fisco.
No se descarta una repetición de la crisis fiscal por la incapacidad futura del gobierno de poder pagar la deuda pública ya contraída o que se contraiga, a causa de una economía desmirriada, de donde no se pueden obtener recursos monetarios suficientes para el presupuesto gubernamental.
Lo que economistas han advertido es que la Junta de Control Fiscal ha priorizando el pago a los acreedores mediante restricciones y ajustes al fisco con efectos empobrecedores para el pueblo puertorriqueño, sin atender urgentemente el problema de deficiencia en la economía que se ha debido procurar reparar a la par con el problema fiscal.
Algunos de ellos van más allá y consideran que el proceso debió invertirse para solucionar el problema económico primero, para luego atender -con una economía en proceso de revitalización- el déficit fiscal y la restructuración del pago de la deuda pública del país. INS
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