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Imagen de archivo de haitianos indocumentados que fueron introducidos al territorio dominicano por traficantes de personas. / Inter News Service
Santo Domingo, 2 jul (INS).- El gobierno de Estados Unidos valoró positivamente los esfuerzos que ha venido realizando República Dominicana en materia de lucha contra la trata y tráfico de personas, por lo que decidió excluirla de la “lista de advertencia” en la que había sido puesta el año pasado.
Detalles de la decisión se dieron a conocer a través del vigésimo primer Informe Anual sobre Trata de Personas (TIP, siglas en inglés) publicado por el Departamento de Estado, en el que aseguró que en el país se han visto avances en general en la lucha contra esa práctica.
Precisó que los esfuerzos son cada vez mayores para investigar la complicidad oficial en delitos de trata, además que se valoró la prohibición del matrimonio infantil y la ayuda migratoria ofrecida a venezolanos vulnerables.
“En enero de 2021, el presidente dominicano Luis Abinader promulgó la ley 1-21 que prohíbe el matrimonio infantil, herramienta importante para evitar que las niñas se conviertan en víctimas de la trata humana”, indica el reporte reseñado por los medios nacionales.
Según el informe, que fue presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, en un evento virtual transmitido en vivo, se notó cómo el gobierno quisqueyano aumentó los esfuerzos de enjuiciamiento en este tipo de delito.
Cita que la Procuraduría General de la República inició 63 investigaciones (59 por trata sexual, cuatro por trata laboral) en el 2020, en comparación con 26 desarrolladas en 2019, 11 en 2018, 17 en 2017 y 25 en 2016.
Asimismo, dice que la unidad policial contra la trata explicó haber iniciado 44 investigaciones en el 2020, en comparación con 35 procesadas en el año 2019, 45 investigaciones en 2018 y 83 en 2017.
El estudio menciona que la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la unidad policial contra la trata son los principales cuerpos de seguridad que perseguían esos casos, con unidades uniformadas en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal, Puerto Plata y Boca Chica.
Y refiere que los recursos “están altamente concentrados en la capital, lo que resulta en una falta de capacidad institucional para investigar y procesar adecuadamente los casos de trata de personas en áreas del país fuera del área metropolitana de Santo Domingo”.
El documento de 11 páginas también reconoce que la pandemia del coronavirus afectó las acciones oficiales en el territorio nacional en el combate contra ese delito.
Señala que no obstante una disminución en el número de hechos procesados por las fuerzas del orden, tanto el gobierno como las ONGs informaron que los tribunales crearon protocolos para audiencias virtuales y presenciales para conocerlos.
Destaca las iniciativas del gobierno para capacitar a 153 funcionarios de defensa, turismo, policía, inmigración y representantes de la sociedad civil sobre la detección del delito de trata de personas y los métodos fraudulentos que emplean los traficantes en cooperación con una organización internacional.
En materia de protección, agrega, el Poder Ejecutivo mantuvo los esfuerzos de protección a las víctimas, identificando a 95 afectadas (82 por trata sexual y 13 por trata laboral), frente a 195 víctimas en 2019, 96 en 2018, 102 en 2017 y 157 en 2016. De las 95 personas identificadas, 56 eran dominicanas y 39 extranjeras; 54 eran adultos y 41, niños.
En el apartado de prevención, el documento citó los esfuerzos de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim), coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), para continuar funcionando con normalidad durante el período del informe luego de trasladar sus reuniones en línea en respuesta a la pandemia de Covid-19.
El 4 de junio, miembros del equipo de interdicción de la Dirección de Migración, el G2 y uniformados del Ejército Dominicano incautaron cinco autobuses de transporte público, tres carros, una yipeta, un camión y cinco motocicletas, en los que eran transportados 102 haitianos indocumentados en esta provincia fronteriza del sur por grupos de criollos que se dedican a la trata de personas. INS
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