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Santo Domingo, 2 jul (INS).- El gobierno local tiene previsto recuperar al menos RD$13,500 millones (1,236 millones de dólares) de los bienes obtenidos de manera fraudulenta en perjuicio del Estado por un grupo de personas detenidas por la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Unidad de Persecución, acusadas de corrupción administrativa.
Ese presupuesto lo gestionará a través del Ministerio Público cuando se inicien los juicios penales en contra de los ciudadanos imputados de participar en las acciones delictuales, que las autoridades bautizaron como operaciones Anti-Pulpo, Coral, 13 y Medusa.
En esos hechos se han realizado decenas de allanamientos en jornadas que se iniciaron desde diciembre pasado, donde han apresado a una veintena de funcionarios, proveedores estatales y testaferros o los denominados “prestanombres”.
Por la Operación Anti-Pulpo, que incluyó a unas 38 requisas en todo el país y han sido arrestadas 10 personas, el Ministerio Público acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4,000 millones (equivalentes a 70,015,752 dólares).
En esas intervenciones fueron arrestados Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán Rodríguez.
También, Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper y el proveedor Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, quien ha guardado silencio respecto al caso.
Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz, completan el grupo.
El 8 de diciembre del pasado año, el entonces el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dispuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Alexis Medina, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez.
La medida de coerción fue variada a Carmen Magalys Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, quienes tienen colocado un localizador electrónico y vigilancia, además impedimento de salida del país. A Rafael Germosén se le colocó el brazalete e impedimento de salida y a Domingo Antonio Santiago Muñoz, sólo le impusieron presentación periódica.
A este proceso le siguió la Operación Coral, realizada en mayo pasado y donde están implicados altos oficiales militares y policiales, encabezado por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre.
Los otros acusados son el coronel Rafael Núñez De Aza, la pastora evangélica Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, su hijo, el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, y el mayor Alejandro José Montero Cruz, quienes según el Ministerio Público integraban un entramado militar-religioso que se encargó de manejar y distraer más de tres mil millones de pesos (US$52,511,814).
El pasado 10 de mayo, la jueza Kenya Romero impuso la medida de coerción de 18 meses de prisión contra el grupo, decisión que deberá cumplirse en la prisión Najayo Hombres y Mujeres, ubicada en la provincia San Cristóbal, región sur del país.
En tanto, el mayor Raúl Girón Jiménez guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con los fiscales investigadores. El grupo ha tratado, sin ningún éxito, de obtener la variación de la medida.
Semanas después de anunciarse la Operación Coral, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y la Unidad de Persecución ejecutaron la Operación 13, cuyo principal acusado es el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent.
Se le indica como cabecilla de una mafia que estafó al Estado con más de 500 millones de pesos (US$8,751,969), así como a cientos de banqueros a nivel nacional e internacional, con un sorteo fraudulento realizado el pasado 1 de mayo.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Luis Dicent, William Rosario Ortiz y Eladio Batista, así como arresto domiciliario y la colocación de brazalete electrónico para la presentadora del sorteo, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, a solicitud del Ministerio Público debido a las informaciones que han aportado durante los interrogatorios.
En tanto que al camarógrafo Edison Perdomo le impusieron una fianza de 500 mil pesos (unos 8,751 dólares) y presentación periódica para el no vidente Miguel Mejía y Rafael Mesa.
La última de la lista, hasta el momento, es la Operación Medusa, donde las autoridades estiman que se han malversado más de seis mil millones de pesos dominicanos (105 millones de dólares) siendo esta la cifra más alta dentro de los cuatro procesos que se han abierto.
El principal acusado es el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien fue detenido luego de que se presentó a la sede de la Pepca para indagar las razones de haberle allanado varias propiedades.
En este caso, el Ministerio Público solicitará medida de coerción de un año de prisión preventiva contra Rodríguez y varios de sus colaboradores cercanos, al considerar el hecho como muy complejo.
También fueron apresados Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General; Altagracia Guillén Calzado, que fungía como subdirectora administrativa; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información de la institución; y Miguel José Moya, asesor de Jean Alain Rodríguez. INS
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